la herencia de García a Castaingdebat

Militares cabildantes y de la 40 se encuentran en plena batalla. En el caso de los primeros, ocupando lugares estratégicos en el Hospital Militar para apelar a las ganancias financieras de la Fundación Enciso, y, los segundos, para recibir algunos galones y algún dinero por el negocio de la construcción de las dos lanchas OPV y, sin dudas, volver a tener a otro ministro blanco, siguiendo en su lugar de subordinado el subsecretario Rivera Elgue, de Cabildo Abierto.

Los Tenientes de Artigas siguen perdiendo terreno y, ante la superioridad política de cabildantes contra la 40, apuntan sus baterías contra la Nueva Logia 1815, uno de cuyos primeros resultados fue el arresto del general Claudio Feola por unos 20 mil dólares de Cantinas Militares utilizados para la contratación de un estudio jurídico particular, causa en la que también podría estar involucrado el actual senador Guido Manini Ríos, y de la investigación no queda tan claro que Feola sea el principal responsable.

Mande la vuelta

En setiembre del 2020 (artículo “Huele fétido en las Cantinas Militares”) ya dábamos cuenta de la situación que se atravesaba en el Servicio de Cantinas Militares. Actos de corrupción, abuso de poder y de funciones, acosos laborales e irregularidades administrativas y financieras, son algunos de los elementos que la Justicia investigaba a partir de una denuncia radicada en la Fiscalía de Delitos Económicos.

El S.CC.MM. es una entidad dependiente del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que cumple con el objetivo de proporcionar al personal de las FF.AA. condiciones económicas más ventajosas en artículos de primera necesidad de almacén, tienda, ferretería y sastrería; así como también se encarga de la provisión de órdenes de pasajes y fletes en empresas de transporte público interdepartamental, equipos y uniformes de uso reglamentario, farmacia y servicios de confitería. Tiene 30 puntos de venta en todo el territorio nacional, 23 cantinas en los 19 departamentos, y seis supermercados en Montevideo y uno en el Parque Nacional Santa Teresa.

El S.CC.MM. no ha soportado indemne una sola auditoría a lo largo de su vida. Los informes de éstas siempre han terminado señalando y sugiriendo la necesidad de mayores controles y transparencia del manejo financiero y contable.

Por eso una de las primeras medidas del Ministerio bajo la conducción de García fue crear una comisión, presidida por el subsecretario Rivera Elgue, para elaborar un marco reglamentario y jurídico que pusiera un poco de orden en la gestión del servicio, al tiempo que iniciaba una investigación interna.

La denuncia a la que líneas arriba referimos fue presentada en Delitos Económicos y atañe a hechos que ocurrieron desde el año 2019 hasta julio del 2020. Según la denuncia, las compras se realizan sin ningún protocolo formal, definiéndose a criterio exclusivo del mayor M. C. Algunas de estas compras se efectuaban sin ningún procedimiento competitivo en los comercios del barrio Reus, mal llamado Barrio de los Judíos, de Montevideo, comprando mercadería para revender en cantinas.

Al día de hoy, el mayor M. C. sigue siendo investigado y cumplió una sanción con unos días de arresto, pero sus denunciantes no corrieron igual suerte. Los civiles contratados no volvieron a ser contratados y los oficiales denunciantes fueron trasladados como parte de la sanción en distintas dependencias.

La investigación realizada sobre el manejo de los dineros generados por Cantinas Militares se llevó otra sorpresa.

La gauchada

Con parte del dinero obtenido por Cantinas Militares durante la gestión del general Claudio Feola como comandante en jefe del Ejército, y en acuerdo con el actual senador Manini, se contrataron los servicios de un estudio jurídico que llevó adelante, entre otros, la defensa del coronel (r) Eduardo Ferro.

Esta situación la difundimos en el artículo “Con dinero de Cantinas Militares se financió defensa de terroristas de Estado”, del 21 de mayo del 2023, y recién a principios de este año el exministro García tomó alguna salomónica resolución que tuvo que ver con el arresto del general Claudio Feola, a pocos días de que ya en calidad de retirado dejara de pertenecer a la Fuerza.

La denuncia generada sobre Cantinas Militares y una serie de observaciones que había realizado en su momento la Auditoría Interna de la Nación, obligaron al ministro García a solicitar una investigación administrativa, formándose el expediente MDN n.° 2021-3-1-0000065.

La investigación iniciada el 23 de setiembre de 2020, llevada delante de forma interna por las instructoras a las contadoras Karina Carballo y Mariangel Bentancor y a la doctora Carolina Grosso, no pudo comprobar las denuncias de acoso laboral sobre los funcionarios, pero sí confirmaron, al igual que los auditores, desprolijidades en la documentación de compras y discrecionalidad en las mismas, que llevaron al Ministerio a la remoción de algunas de las autoridades del Servicio de Cantinas Militares, la creación de una comisión que estudiara una gestión transparente de las mismas y, finalmente, trasladar de la órbita del Ejército al Ministerio de Defensa el servicio de Cantinas.

El expediente de más de 300 fojas debía dilucidar cerca de 12 hallazgos que representaban situaciones no claras en los procedimientos de manejos financieros. De esos 12, el que ameritaba, a sugerencia de las instructoras, una ampliación de la investigación que el ministro García, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa, nunca llevó adelante, está definido como el hallazgo número 10 y titulado “Determinación de los responsables y el destino de los fondos” (en relación a transferencias de dinero de CCMM al Comando General del Ejército).

Un elemento que llamó poderosamente la atención de las instructoras de las declaraciones de Feola fue un pago especial para la contratación de asesoramiento jurídico de un estudio particular. “Existe un gasto específico que implicaba una deuda a un estudio jurídico Bordes (el mismo que hizo la auditoría del Antel Arena, rechazada por Fiscalía), por un monto de USD 20.000, y que al enterarse de dicha deuda envió al jefe de ayudantes a hacer un arreglo para el pago de la misma (10 cuotas de USD 2.000). Analizada por esta asesora la citada declaración y la documentación, no existe mayor información al respecto que meros recibos de pagos efectuados (no así factura por el total), surgiendo la duda a esta asesora de si dicho gasto se encuentra relacionado con el servicio, en tanto el CGE posee profesionales abogados para hacer frente a asesoramientos y juicios del Estado”, que luce en fojas n.° 9514 en adelante.

Las instructoras consultaron a los responsables del estudio jurídico, que manifestaron que nunca fueron contratados por el CGE ni le brindaron servicio alguno, pero sí fueron contratados por un militar que solicitó sus servicios para su defensa que no podía realizar los pagos porque se encontraba en el exterior, abonando la suma por concepto de honorarios por parte de un intermediario. Las instructoras hallan la falta administrativa en el pago de un estudio particular, pero que tiene otras graves implicancias.

Cuando consultamos con nuestras fuentes militares quién podía ser el “misterioso” defendido por el estudio jurídico al que se le pagaron 20.000 dólares con plata de CCMM, varios recordaron la anécdota de una serie de discusiones cuando la extradición del coronel Eduardo Ferro parecía un hecho.

El pedido de extradición de Ferro se solicitó en setiembre de 2017, estando prófugo luego de que fuera citado a declarar en el 2016. Este hizo saber a sus camaradas que no estaba dispuesto a dejarse extraditar si no se le aseguraban condiciones en el juicio a enfrentar, que por otro lado estaba dispuesto a demandar al Estado por el no cobro de su jubilación. Esto motivó una serie de encuentros entre militares de diversas fracciones, entre otros con el entonces Gral. Manini, cuyo resultado fue contratar los servicios del estudio jurídico con fondos obtenidos de CCMM, entregándose, finalmente, Ferro, en España en enero de 2021.

Deuda de Sanidad

En mayo del 2023 difundimos, en el artículo “El general (r) Juan Rebollo preside una fundación de sanidad militar desde la prisión”, las denuncias de militares que catalogan a la Fundación Dr. Fernández Enciso como una “agencia de colocaciones” de personal militar retirado, y a su vez un manejo inescrupuloso de sus finanzas.

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas gestionó la creación de una fundación y, en ese sentido, desde el 10 de mayo de 1999, la misma se encuentra habilitada llevando el nombre de “Doctor Francisco Fernández Enciso”. Y aunque dice colaborar en forma gratuita con los fines asistenciales según el convenio firmado en el 2013, nuestras fuentes aseguran que no es así.

El Tribunal de Cuentas realizó varias observaciones al convenio entre Sanidad Militar y la Fundación Fernández Enciso por eludir los procedimientos competitivos.

“La fundación se embolsa una importante suma por el concepto de recibir el 70 % de lo recaudado por la venta de tickets de medicamentos y órdenes que obtiene la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, lo cual fue observado por el Tribunal de Cuentas en la Resolución adoptada en sesión de fecha 19 de marzo de 2014 (E.E. n.° 2014-17-1-0001787, Ent. n.° 1330/14)”, expresaba, indignado, en mayo del pasado, y seguía: “Porque además reciben buena plata, recursos permanentes que les brinda el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General del Ejército, el Comando General de la Armada, el Comando General de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA., los Servicios de Retiros y Pensiones de las FF.AA. y dos importantes empresas fúnebres de la capital; se maneja mucha guita”.

Monedas resonando

Pero la situación sigue siendo crítica. Según nuestras fuentes, un acuerdo entre el Hospital Militar y un prestador de salud permite el acceso a estudios en su resonador.

95 % de los usuarios pertenecen al Casmu y el restante porcentaje a usuarios de Sanidad Militar. Según fuentes consultadas, por el resonador se facturó cerca de dos millones de dólares, los que que nunca habrían llegado a Sanidad Militar y se quedaron por el camino en la Fundación Enciso.

La Fundación por mes obtenía 88 millones de pesos que se destinaban el 70 u 80 % para contratación de profesionales, pero ahora se utiliza 40 % para profesionales y 45 % para contratar retirados militares.

Una situación irregular también se constató con la contratación de dos empresas de limpieza (Teregal S.A. y Transamerican) que luego se fusionaron en una, pertenecientes a hermanos del mayor E.R., jefe de la Unidad de Control de Asignaciones y Compensaciones (UCAC) del Hospital Militar, una licitación que fue declarada desierta pero que igual se avanzó con esta empresa con pago incluso de horas extras, que también integra la esposa de uno de los empresarios, directora del Hospital de Rivera.

Desde el año 2017, estas licitaciones adolecen de múltiples irregularidades y basta recordar un pedido de informes al respecto por parte del entonces diputado Gerardo Núñez, a quien le hicieron llegar una información tergiversada desde el MDN, que a su vez había sido elevada desde Sanidad Militar y, «casualmente», dichos informes eran producidos por el mismo equipo técnico integrado por el jefe de Higiene y las mismas nurses.

Aunque García ya se retiró, dejando de herencia además los dos aviones Hércules y el negocio con las dos lanchas OPV, habrá que ver si el nuevo ministro, en el tiempo de gestión que le queda, supera la gestión de su antecesor, si no llegando a poner la casa en orden, investigar lo mínimo indispensable que, por estas horas, rompe los ojos.