La Justicia española reabre el caso de espionaje Pegasus tras recibir datos de Francia

Publicado:
23 abr 2024 12:00 GMT

Los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de tres de sus ministros fueron infectados por el software espía de origen israelí.

El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ha reabierto la causa por el espionaje con el programa israelí Pegasus al que fueron sometidos altos cargos del Gobierno, incluido el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, según adelanta La Razón.

La reapertura llega después de que Francia haya enviado nueva información, en respuesta a la orden europea remitida por la justicia española. En concreto, ha hecho llegar las diligencias seguidas en el país galo en 2021 sobre las infecciones con el mismo software de dispositivos de periodistas, abogados, entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como ministros y diputados franceses.

El magistrado español considera que los elementos de la investigación francesa, comparados con los obtenidos por el Centro Criptológico Nacional de España, pueden ayudar a avanzar en la investigación, por lo que reanuda un procedimiento que fue archivado provisionalmente en julio del año pasado, debido principalmente a la falta de cooperación de Israel.

Además del dispositivo de Sánchez, se tiene constancia de que fueron infectados los teléfonos móviles de la ministra de Defensa, Margarita Robles; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del ministro de Agricultura, Luis Planas, todos ellos entre mayo y junio de 2021.

Según el nuevo auto del magistrado, las investigaciones en Francia concluyeron que cada servicio que utilizaba el software israelí creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números, por lo que «es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación«.

Ahora, Calama ha acordado varias diligencias, la principal es la solicitud de un informe pericial al Centro Criptológico Nacional para comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española, con el objetivo de conseguir determinar la autoría de los ataques informáticos.