Las autoridades chinas anunciaron en 2013 la Nueva Ruta de la Seda, una iniciativa que inicialmente tenía la forma de un proyecto para promover la renovación y la expansión de la infraestructura en los países colindantes con el gigante asiático a fin de facilitar los procesos comerciales de China. Sin embargo, a lo largo de los últimos años ha venido expandiéndose tanto geográfica, como sectorialmente, abarcando aspectos financieros, de seguridad e incluso culturales. 

La crisis en las relaciones entre China y EE.UU. que se produjo durante el mandato de Donald Trump llevó a que los oponentes de esta iniciativa levantaran la voz y comenzaran a llamar la atención al hecho de que Pekín utilice este Puente Terrestre Euroasiático como un instrumento de presión económica y política sobre varios países del mundo.

Aun más, en marzo de 2021 el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, propuso que los países democráticos crearan su propia alternativa a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que implica la apertura de nuevas rutas comerciales y corredores de transporte. ¿Por qué la idea china de facilitar la fluidez del intercambio de mercancías se convirtió en una ‘piedra de tropiezo’ en las relaciones entre el país asiático y Occidente?

Lineamientos estratégicos de la iniciativa

El fundamento de esta iniciativa consiste en promover un nuevo modelo de cooperación y desarrollo internacional mediante el fortalecimiento de los mecanismos y estructuras regionales bilaterales y multilaterales con la participación de China, basado en el espíritu de la antigua Ruta de la Seda en tiempos medievales. 

Además, la Franja y la Ruta adquirió el objetivo de estimular la prosperidad económica de los países involucrados, fortalecer los intercambios culturales y los lazos de diferentes civilizaciones, además de promover la paz y el desarrollo sostenible. 

El pasado 24 de junio el ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi reveló que actualmente 150 países participan en la Nueva Ruta de la Seda. Además, el intercambio comercial entre China y sus socios en el proyecto superó los 9,2 billones de dólares. A su vez, las inversiones directas de empresas chinas en estos países alcanzaron los 130.000 millones de dólares.

Durante la 5.ª Exposición Internacional de la Ruta de la Seda, celebrada en China en mayo pasado, se firmaron varios acuerdos de cooperación que prevén inversiones por valor de 24.500 millones de dólares. Los acuerdos engloban 72 proyectos clave en las áreas de educación, modernización de la agricultura y altas tecnologías, entre otras.

¿Por qué China creó la Nueva Ruta de la Seda?

Desde el punto de vista de Glenn Diesen, profesor de la Universidad Nacional de Investigación-Escuela Superior de Economía de Moscú, el lanzamiento del megaproyecto por parte de China estuvo motivado por la necesidad de disminuir la dependencia económica de EE.UU., su principal socio comercial. Este modelo económico, que el país asiático estuvo aplicando en las últimas décadas del siglo XX, se aproximó a su agotamiento.

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La creación de ese mecanismo se explica por el hecho de que las autoridades chinas se esfuerzan por impulsar los vínculos económicos globales con varios países de Occidente, que, desde el punto de vista del ‘think-tank’ estadounidense Consejo de Relaciones Exteriores, históricamente habían sido descuidados.

Al mismo tiempo, estaba previsto que el proyecto contribuyese al desarrollo económico de la provincia occidental de Xinjiang (una prioridad primordial para el Gobierno chino), al igual que debe asegurar el suministro continuo de energía a largo plazo desde Asia Central y Medio Oriente, especialmente a través de rutas que el ejército estadounidense no puede interrumpir.

La Nueva Ruta de la Seda, en su esencia, constituye una superestructura política sobre el poder económico de las empresas privadas y estatales chinas, que comenzó a formarse ya en la década de los 90 del siglo XX, explicó Vasili Kashin, investigador principal del Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Moscú.

«Posiciona la actividad de las empresas chinas en un determinado marco político y le permite a la República Popular China utilizar esta actividad empresarial para ganar influencia en la política regional y en la gobernanza global«, comentó. 

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Alexánder Lomanov, experto del club de discusiones Valdái e investigador del Instituto Primakov de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, está de acuerdo con esta opinión: «Aunque Pekín prioriza el componente económico y niega la existencia de motivos geopolíticos, en general el mundo tiene claro que este proyecto está dirigido no solo a promover proyectos económicos, sino también a incrementar la influencia política de China y su capacidad para reformar la gobernanza global y el sistema de relaciones internacionales», dijo el experto.

Críticas de la iniciativa

En general, expertos y políticos han cuestionado más de una vez la política de China de conceder dinero barato a los países en desarrollo que continúan experimentando dificultades económicas a causa de la crisis financiera mundial.

En vez de seguir el procedimiento lento y burocrático de cumplir con los estándares y las elevadas exigencias impuestas por instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial a la hora de obtener ayuda financiera, los países recurren al crédito chino, que no solo ayuda a mejorar la situación macroeconómica en un breve período de tiempo, sino que también contribuye al desarrollo de infraestructura bajo diversas iniciativas de la Nueva Rutade la Seda.

No obstante, el enfoque de prestar el dinero barato a los países con inestabilidad económica genera cierta polémica y lleva a discrepancias, como ocurrió en caso de Sri Lanka.

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Ese país insular obtuvo créditos chinos por valor de más de 10.500 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los receptores más grandes de los fondos de la Franja y la Ruta. Los problemas económicos que surgieron posteriormente obligaron a las autoridades esrilanquesas a renegociar su deuda y, como resultado de las negociaciones con sus socios chinos, cederles el puerto de Hambantota, uno de los puntos más importantes de la ruta del comercio desde Asia hacia Oriente Medio y Europa.

Esta decisión puso al Gobierno de Sri Lanka en una situación de debilidad, ya que fue duramente criticado tanto dentro como fuera del país. En aquel entonces algunos funcionarios estadounidenses señalaron que Sri Lanka «efectivamente cedió la soberanía sobre un activo clave». 

A medida que el megaproyecto del Puente Terrestre Euroasiático iba expandiéndose, su componente geopolítico ganó una notoriedad particular. El conflicto comercial entre EE.UU. y China, que empezó durante la administración de Donald Trump, llevó a que la nación norteamericana ejerciera se opusiera frontalmente. Como consecuencia, empezaron a aparecer insinuaciones sobre la esencia de la Nueva Ruta de la Seda, expresadas por varios políticos, expertos y investigadores de los países occidentales.

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Por ejemplo, investigadores del Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania) y la Universidad de Georgetown (EE.UU.) hicieron hincapié en la falta de transparencia en la mayoría de los acuerdos de préstamos que China pactó con los participantes de la Ruta de la Seda. 

«La absoluta mayoría de los contratos chinos contienen cláusulas de confidencialidad inusuales que prohíben a los prestatarios revelar los términos o incluso la existencia de la deuda», escribieron los autores del estudio. Los prestamistas chinos también se aseguraron una ventaja sobre otros acreedores al excluir las deudas de la lista de casos de alivio de lo adeudado coordinado por el Club de París, un grupo de representantes de acreedores que ayuda a los países deudores a superar dificultades financieras.

Frente a estas acusaciones, las autoridades chinas negaron repetidamente que la cooperación económica en el marco el proyecto sirva como pretexto para la expansión de la influencia política. Por ejemplo, en noviembre de 2018 el líder chino Xi Jinping defendió la iniciativa, observando que «no está diseñada para servir a ninguna agenda geopolítica oculta, no está dirigido contra nadie y no excluye a nadie». «No es un club exclusivo cerrado a los no miembros, y tampoco es una trampa como lo han etiquetado algunas personas», aseguró el presidente chino.

La reacción de EE.UU. al proyecto

Desde el principio las autoridades estadounidenses se opusieron a la iniciativa en su intento de limitar el crecimiento de la potencia económica de China, aunque en la era Obama esta oposición no se expresó de manera abierta. Las tensiones se agravaron sin embargo durante el Gobierno de Donald Trump después de que EE.UU. radicalizara su retórica hacia el país asiático y emprendiera los primeros pasos restrictivos en la guerra comercial.

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En noviembre de 2018, el entonces vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo que su país no iba a ofrecer a sus socios «un cinturón asfixiante o un camino de un solo sentido», en alusión a la propuesta china.

Cabe destacar que, paradójicamente, las restricciones comerciales impuestas por EE.UU. sirvieron para expandir aún más la Franja y la Ruta, ya que tuvieron el efecto de que para China resultara urgente diversificar sus relaciones económicas. En consecuencia, más naciones de varias partes del mundo –Asia, África, América Latina– se unieron al megaproyecto.

En este contexto conviene subrayar que la postura de los países europeos acerca de la iniciativa difiere de la de Washington. Varias naciones del continente europeo manifestaron su interés en la Franja y la Ruta y empezaron a desarrollar y realizar proyectos de infraestructura financiados en gran parte por China. Esto causó ciertas molestias y preocupaciones al otro lado del Atlántico.

Por ejemplo, refiriéndose a la cooperación entre Italia y China en marzo de 2019, Garrett Marquis, entonces miembro del Consejo de Seguridad de EE.UU. tildó el Puente Terrestre Euroasiático de «proyecto de vanidad de infraestructura impulsado por China».

Para contrarrestar la expansión de la Franja y la Ruta, la Administración estadounidense optó por reavivar sus proyectos de apoyo al desarrollo. En 2019 se fundó la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo internacional de EE.UU. (DFC, por sus siglas en inglés) en base a un conglomerado de instituciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).

Es interesante que Donald Trump, que anteriormente había mostrado su escepticismo hacia los institutos encargados de proyectar el ‘poder blando’ de EE.UU., decidiera emprender este paso. Sin embargo, relanzar los programas correspondientes parece no ser suficiente para contrapesar la influencia de China sobre los países de varias partes del mundo.

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En paralelo, EE.UU. empezó a considerar varios tipos de medidas de represalia hasta revelar, en marzo de 2021 –ya durante el mandato de Joe Biden–, el paso simétrico de lanzar una alternativa a la Ruta de la Seda. «Sugerí que deberíamos tener, esencialmente, una iniciativa similar, partiendo de [la participación en esta de] los Estados democráticos, colaborando con las comunidades de todo el mundo que, de hecho, necesitan ayuda», comentó el asunto Biden durante una conversación telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

Con el objetivo de hacer realidad este proyecto, EE.UU. empezó a forjar una coalición de los países que se oponen al crecimiento de la influencia china en los asuntos políticos y económicos. Así, los líderes del G-7 acordaron en junio de 2021 una iniciativa de inversión en infraestructura en los países en desarrollo. La idea consiste en establecer «una asociación de infraestructura transparente, de alto nivel, impulsada por valores y liderada por las principales democracias».

De esta manera, Washington subraya el componente político en la cooperación económica y comercial, lo cual tendrá ciertas implicaciones. De hecho, a la vez que acusaba a China de llevar a cabo algo semejante al plan Marshall, EE.UU. elaboró un plan que es mucho más parecido a ese proyecto de recuperación de infraestructura de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía como objetivo principal frustrar la expansión de la influencia de la URSS y estaba basado en la adherencia de sus miembros a los principios de la democracia. 

A la hora de elaborar el proyecto de la Franja y la Ruta, China no se centró en cuestiones ideológicas, sino que sus acciones fueron motivadas por las necesidades económicas, que, a su vez, inminentemente adquirieron consecuencias políticas dado el volumen y la escala de las actividades comerciales del país asiático. A su vez, EE.UU. respondió a la política de China con una iniciativa semejante, pero enfocada en el factor ideológico. Es aquí donde se manifiesta la incompatibilidad de opiniones de las dos potencias sobre el futuro de los procesos políticos y económicos. De este modo, la Franja y la Ruta se quedaron atascadas en un nudo gordiano de obstáculos geopolíticos y ideológicos. 



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