La ‘omertá’ del narco: ¿qué hay detrás de los secuestros masivos en el norte de México?

Secuestro, levantamiento, desaparición. Las tres palabras, con sus características particulares, se han usado para hechos similares: decenas de personas sacadas de sus domicilios en varias zonas del norte de México, casi de manera simultánea.

Primero fue en Sinaloa, donde 66 personas fueron sacadas de sus domicilios por grupos armados, el pasado 22 de marzo. Siete días después, el 29, pasó casi exactamente lo mismo en los municipios Salinas Victoria y Ciénaga de Flores, en Nuevo León, donde desaparecieron de sus hogares unas 32 víctimas.

Entre los grupos de Culiacán y Nuevo León había mujeres, hombres y niños. Hasta ahora, según las autoridades, la mayoría de ellos han regresado a sus domicilios. Pero, ¿qué hay detrás de estos ‘misteriosos’ secuestros masivos?

La omertá

Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, considera que lo que ha ocurrido en los últimos días no es nuevo, pero sí llamativo por el número de víctimas y la cercanía de ambos sucesos. 

Para él, el caso más comparable fue el que ocurrió el 18 de marzo de 2011 en Allende, un municipio a pocos kilómetros de la frontera con EE.UU., cuando al menos 60 sicarios de la organización criminal de Los Zetas secuestraron, torturaron y desaparecieron a varias decenas de personas. La cifra de víctimas, indeterminada hasta hoy, se estima entre 40 y 300.

El especialista se detiene para explicar algo. A diferencia de la modalidad más común, que es el secuestro con fines de extorsión, hay otro tipo de retención –perpetrado por el crimen organizado– que se usa para «presionar a grupos rivales» o «aplicar disciplina» dentro de una misma estructura.

Este segundo caso es el que suele llamarse «levantamiento», y no secuestro, porque en la retención no hay negociación posible ni rescate que pagar. «Lo que vimos en Sinaloa y en Nuevo León se parece más al segundo«, apunta.

Las razones de esa aseveración saltan a la luz. En los mencionados casos no se pagó un rescate y la versión más extendida es que quedaron libres por decisión de los captores, no por el operativo desplegado por el Estado. Mientras tanto, reinan las especulaciones ante el hermetismo de las autoridades.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo unas polémicas declaraciones para intentar bajar el fuelle al suceso, alegando que los grupos armados no hicieron una gran movilización para retener a las víctimas, que el operativo fue a ‘manos limpias’ y que los afectados conocían a sus captores.

«No hay en ninguna parte un balazo disparado o una puerta golpeada, rasguños, ni sangre, ni nada (…) Lo que pasa es que se conocían y como tal, se trataron. Por eso es que nosotros no hemos hablado de secuestros, hemos hablado de personas desaparecidas por ausencia de sus hogares, es un tema diferente», alegó Rocha. El tratamiento oficial a las víctimas causó severas críticas.

¿Quién está detrás?

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido cauto. Hasta ahora, el propio presidente había atribuido lo ocurrido en Culiacán a una «confrontación entre bandas», pero sin nombrar a los grupos que estarían en medio de esa pugna. «Afortunadamente, la mayoría [de las personas secuestradas] han sido rescatadas o han regresado a sus casas bien», aseveró el 25 de marzo.

Sánchez, por su parte, dice el secreto a voces: que la disputa que nadie nombra de manera oficial es la que mantienen en el interior del Cártel de Sinaloa, entre la facción liderada por Iván Archivaldo y los hombres bajo el mando de su tío Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’. La tercera escisión sería la comandada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

«El problema –dice el catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila– es que, hasta el momento, no se ha podido determinar cuál de las dos facciones es las que está detrás de ese secuestro, porque las personas liberadas se han negado a declarar ante las autoridades. Es decir, es una especie de omertá, la ley del silencio como la que existe en las organizaciones criminales italianas o las albanesas».

El domingo, al confirmarse que la última de las 66 personas retenidas en Sinaloa había sido puesta en libertad, el Secretario de Seguridad Pública de ese estado, Gerardo Mérida Sánchez, afirmó que todas las víctimas habían sido «ubicadas» en sus hogares.

Este lunes, el gobernador de Sinaloa reconoció que al principio había considerado «exagerado» el número de «levantados», pero que una vez que se confirmó la retención, dio la orden para desplegar un operativo conjunto para buscarlos. «Empezamos a encontrar algunos tips que nos permitieron acercarnos a las personas y a darnos una idea de por qué pudieron ser esos hechos», acotó.

Según su versión, el primer despliegue de las autoridades en la zona permitió que aparecieran 18, en una lista preliminar de 25 «levantados», una cifra que más tarde ascendió a 66. «Todavía nos quedaban varios niños y niñas. Seguimos buscando y luego localizamos a 16 personas más y solo quedaron ocho. De esos ocho, cinco mujeres y cinco hombres, los encontramos ayer», indicó.

«Están en sus casas, tengo los nombres, los cuales no podemos dar porque eso solamente lo haría la autoridad investigadora, en el caso de que se presenten denuncias. No se han presentado denuncias de las personas directamente afectadas, sino de sus familiares», dijo Rocha durante su participación en la conferencia matutina de López Obrador, que este lunes se celebró en Sinaloa.

El mandatario, por su parte, admitió que en el estado de Sinaloa «hay problemas que se están enfrentando», pero insistió en que no son «para estigmatizar» a la región, que es líder en materia de producción de alimentos en México. Más en detalle, mostró datos sobre la incidencia delictiva, que muestran que –hasta febrero- el delito se secuestro había mostrado una tendencia a la baja.

En esa línea, consideró que hay un tratamiento informativo tendencioso sobre el tema del secuestro, tras comparar cómo se abordaron ese tipo de delitos por la prensa, cuando hubo retenciones de políticos y empresarios en los Gobiernos «conservadores». «Todo eso se olvida», reclamó.

¿De amigos a rivales?

No siempre hubo enfrentamiento dentro de las facciones del Cártel de Sinaloa. En 2011, el secuestro de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de ‘el Chapo’, movió a la facción del ‘Mayo’ Zambada a negociar su liberación.

El plagio fue obra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una escisión del Cartel de Sinaloa y uno de los más violentos en el país. De hecho, la otra posibilidad que baraja Sánchez es que este segundo grupo sea el que esté detrás del más reciente secuestro en Culiacán, en caso de que se rebata la hipótesis de una guerra intestina.

La semana pasada, en medio de la parquedad oficial, aparecieron mantas en Sinaloa, atribuidas a la facción de los hijos de ‘el Chapo’ –conocidos como ‘Los Chapitos’ o ‘La Chapiza’–, con mensajes que más bien parecían una tarea de relaciones públicas: «No hay guerra en Sinaloa«.

Las mantas están acompañadas con varias fotografías. Las autoridades han confirmado que varios de los secuestrados tienen alguna relación con dos de las personas que aparecen en esas gráficas: uno es policía y otro funcionario de la Fiscalía. 

«Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle sus casas (…) familiares de personas que anden en esos delitos, eviten pasar el mal rato y denuncien cualquier acto de esa índole», dice la narcomanta que firma, «atentamente», uno de los hijos del Chapo Guzmán. Es un mensaje que, al parecer, habla del secuestro masivo sin mencionarlo.

En las lonas llama la atención un detalle: «Son fotografías de un formato específico, de personas que literalmente fueron a hacer un trámite algún día al Gobierno del estado, como ir a sacar una licencia de conducir o una tarjeta de identidad», comenta el periodista Marcos Vizcarra, que trabaja en Sinaloa. «Esa información de las lonas, por lo tanto, fue filtrada del Gobierno», asegura.

Coincidencias y emulaciones

Oficialmente, nadie ha arrojado luces sobre los responsables de los secuestros masivo, pero hay indicios más claros en el caso de Nuevo León. Según Sánchez, el hecho de que los secuestrados hayan sido llevados a Nuevo Laredo es una señal de que pudieron ser elementos del Cártel del Noreste, donde la organización criminal tiene el monopolio del territorio.

«Sería muy extraño, por ejemplo, que el Cártel del Golfo secuestre a unas personas y las lleve a la zona de su principal rival», sostiene el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.

«Es una emulación –comenta el periodista Marcos Vizcarra–, fue como cuando pasó el Culiacanazo, que empezaron a haber operativos similares porque son formatos demostrados efectivos para ejercer violencia. Si le funciona a uno, claro que le va a funcionar a otro».

Lo que el especialista no detecta es la conexión criminal entre los secuestros masivos de Sinaloa y Nuevo León: «Lo que sí se puede dar, porque ya ha pasado en México, es que algunas ideas se copian». En eso coincide Vizcarra.

«Es una emulación –comenta el periodista–, fue como cuando pasaron los Culiacanazos, que empezaron a hacer operativos similares porque son formatos demostrados efectivos para ejercer violencia. Si le funciona a uno, claro que le va a funcionar a otro«. De hecho, al igual que en Sinaloa, los captores de Nuevo León han retenido a varias personas, luego de liberar a buena parte del grupo. 

En el caso de Nuevo León, dice Sánchez, «es más difícil detectar la procedencia de las víctimas, pero los victimarios sí se pueden inferir con bastante certeza». En el grupo de 32 retenidos había niños y mujeres embarazadas. Según las autoridades, todavía quedan nueve personas desaparecidas.

Cariz electoral

El catedrático de Coahuila no desestima la posibilidad de que ambos hechos hayan tenido un cariz electoral, en vista de la cercanía de los megacomicios previstos para el 2 de junio, pero lo ve poco factible a la luz de lo que pasó después. Sin denuncias, sin declaraciones, sin posiciones de ningún bando para sacar algún tipo de rédito político.

«Ni en Sinaloa ni en Nuevo León ha salido alguien a decir que alguna de las personas secuestradas tiene relación con alguna campaña o algún partido político, y en el marco electoral, eso es lo más normal», afirma Sánchez. Para él, solo hay dos opciones posibles relacionadas a ese silencio: el miedo de las víctimas que les impide denunciar, o la posible relación con personas que desarrollan actividades criminales.

Vizcarra, por su parte, resalta un dato que no es menor: en Sinaloa, la impunidad es de casi 90 %. «Cuando se producen los crímenes, no hay castigo, no hay señalamiento, no hay persecución», asevera. 

A eso se suma el control territorial de los cárteles. Las estructuras comandadas por los capos son un entramado minucioso que incluye a los ‘punteros’, jóvenes dedicados a la labor de halconeo (seguimiento a la policía, a la Marina, al camión del gas). Ni una hoja se mueve en Sinaloa sin que sea reportada a los jefes por ellos, que van en moto y son reconocibles por sus radios de transmisión. 

Ante ese poder incontestable, el mutismo es una salvaguarda. Por eso, en Sinaloa ‘nadie’ vio el operativo desplegado por los secuestradores, ‘nadie’ identifica a todas las víctimas, ‘nadie’ sabe quién colgó las narcomantas en las vías principales. La única certeza es la omertá del narco, la ley de un silencio que –por ahora– también se impone en Nuevo León.

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