La pobreza demolió las falacias del Gobierno

Obviamente, aún peor es la infantilización de la pobreza, ya que esta tasa con fuerte componente social, entre los niños y los adolescentes, alcanza a nada menos que el 20 %, lo cual equivale a 157.000 menores de edad que nacen y crecen en familias pobres, lo que condicionará inexorablemente sus posibilidades de alcanzar estadios de desarrollo humano aceptables. En esa condición están el 21,1 % de los niños menores de seis años, en el tramo de seis a 12 años la pobreza trepa al 18,3 % y en el de 13 a 17 años llega al 19,9 %.

Aunque desde filas oficialistas se intenta vanamente relativizar la gravedad de la situación, lo cierto es que este Gobierno no ha invertido lo suficiente para revertir los estragos de la pandemia, acorde a su opción ideológica por las clases privilegiadas. La consecuencia es la creciente concentración de la riqueza y el inexorable aumento de la desigualdad social.

Este panorama alarmante contrasta con los dibujos del equipo económico y de diversos voceros del Gobierno, quienes proclaman que mejoró el empleo y creció el salario.

¿Cómo es posible que habiéndose alcanzado un récord de trabajadores registrados en el BPS, y con un salario presuntamente en alza, ningún uruguayo haya dejado de ser pobre en el último año? Muy simple: la mayoría de los nuevos empleos creados, muchos de los cuales son informales, corresponden a salarios mínimos –cuyo monto es de 22.258 pesos a partir de enero– o a retribuciones del entorno de los 25.000 pesos mensuales. ¿Puede alguien con ese monto dejar atrás la pobreza? Realmente, no. Hay miles de uruguayos empleados que siguen siendo pobres. No en vano, el año pasado volvió a caer el consumo doméstico, tanto en supermercados como en comercios barriales.

Asimismo, es inverosímil que el límite de ingreso por persona para ser considerado pobre esté actualmente en el entorno de los $18.759 en Montevideo, $12.244 en el interior urbano y $8.353 en el interior rural.

Calculando los valores promedio de mercado, una persona que ingiera únicamente pastas secas con manteca todos los días y una taza de leche con pan en el desayuno, debería gastar no menos de $10.000 mensuales, a lo cual se suma, si arrienda una vivienda, un desembolso de no menos de 12.000 o 13.000 pesos por un espacio ambiental modesto, más el consumo de artículos de limpieza, luz, agua y una carga mínima de teléfono celular. Si en cambio alquila una pieza de pensión con baño compartido, deberá abonar no menos de 10.000 pesos. Es decir, percibiendo un ingreso del entorno de los 22.258 pesos mensuales nominales y no líquidos, la persona no podría cubrir ni siquiera las necesidades básicas y estaría inexorablemente condenada a la pobreza y, por ende, al hambre.

En estos casos, la disyuntiva sería: o la persona come todos los días y vive en situación de calle o se asegura su techo –de vivienda o pensión– y se alimenta directamente en una olla popular o en un comedor del Mides.

Incluso, si el infortunado uruguayo supera los $18.759 de ingreso, insólitamente deja de ser estadísticamente pobre, por más que coma salteado, vegete en un asentamiento irregular, una vivienda modesta o una pensión o, directamente, sobreviva a la intemperie.

No obstante, lo más inquietante es cómo impacta este flagelo en los tramos de menores de 17 años de edad. En este caso, el salto más relevante se registró en 2020 y el leve declive verificado en 2021 y 2022 no llegó a solucionar el problema.

Como es notorio y avalado por rigurosos estudios científicos, aquí una de las claves es la malnutrición, particularmente en niños y niñas, que perjudica el desarrollo cerebral y repercute en los aprendizajes, debilita el sistema inmunitario, aumenta el riesgo de infecciones y, en muchos casos, deviene en la muerte. No en vano, el año pasado se registró un considerable repunte de la mortalidad infantil en niños de menos de un año de edad que pasó inadvertido, tema que abordaremos en detalle en una futura entrega.

Esa es la realidad dura y pura que se niega a admitir el Gobierno, que se golpea el pecho proclamando que la situación social está mejorando, aunque alega que aún existe un núcleo duro de miseria que requerirá la ampliación de la batería asistencial que desarrolla el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Naturalmente, las excusas más frecuentes son la presunta herencia maldita de la última administración frentista y la pandemia, que solo tuvo semiparalizado al país durante 2020, al igual que la guerra de Ucrania, la sequía y la diferencia cambiaria con Argentina. El primer pretexto carece de sustento, porque en el epílogo del ciclo progresista no había ollas populares funcionando y los comedores y merenderos del INDA estaban escasamente operativos por falta de comensales.

Actualmente, y puedo decirlo con propiedad porque un comedor funciona apenas a dos cuadras de mi casa, todavía se observan colas de dos o tres cuadras a la hora que entregan los menús. Incluso es habitual que algunas personas que concurren a estos locales vistan ropas muy decorosas, inequívoco testimonio de que trabajan y, por ende, tienen ingresos, pero lo que reciben mensualmente no les alcanza para cubrir sus necesidades, aunque perciban más de lo que la estadística establece para no ser pobre.

Por más que históricamente existía un núcleo duro de pobreza que estaba estancado desde hace décadas en 6 %, el abordaje de este traumático tema en los gobiernos del Frente Amplio fue radicalmente diferente a las políticas asistenciales que se aplican en el presente.

No en vano, cuando en 2005 asumió la primera administración frentista encabezada por Tabaré Vázquez, la tasa de pobreza se ubicaba en casi 40 % (1.200.000 personas), lo cual requirió la creación del Ministerio de Desarrollo Social y del Plan Nacional de Asistencia a la Emergencia Social (Panes).

Ulteriormente, y gracias a las bien articuladas y financiadas políticas sociales, en 2010, apenas cinco años después, la tasa descendió a 18,5 % (menos de la mitad) y en 2015 –año del piso de ese indicador– los pobres eran un 6,4 % de la población.

Es decir que en apenas 10 años las políticas sociales activas de los gobiernos progresistas redujeron ese guarismo espeluznante heredado de los contubernios de derecha rosados a la sexta parte. Aunque luego ese indicador aumentó a 7,9 % en 2017 y a 8,8 % en 2019, las diferencias son notorias.

Hoy, un nuevo gobierno de derecha, que heredó las amplias espaldas que le legó el Frente Amplio pero no las aprovechó, volvió a empobrecer al pueblo uruguayo, fiel a su vocación por cultivar la inequidad y por privilegiar a la élite social, en detrimento de la clase trabajadora y de los que menos tienen. Hay 350.000 pobres, 50.000 más que en 2019.