El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, se refirió
este lunes la presunta prohibición que sufrió el subdirector del liceo de Punta
del Este de dar declaraciones a los medios de comunicación y explicó que en
realidad fue una “sugerencia”, “un pedido de la inspectora”.

En declaraciones al programa 8 AM de Canal 4, Silva
aseguró que él no intervino en el caso y que tampoco correspondía porque estaba
en la órbita de Secundaria. Sin embargo, dijo que, según le consta, el pedido
que la inspectora le hizo al subdirector fue para “tratar de coordinar” y ver
“cómo se hacía el abordaje del tema”, algo que consideró que “no es menor” e “importante”
para la opinión pública.

“Ustedes fíjense que cuando existen diferentes
acontecimientos en la sociedad siempre es bueno que las entidades involucradas
lo aborden. Yo soy defensor de que públicamente siempre hay que salir a
hablar los temas por parte de todos los actores involucrados, coordinada y
articuladamente”, sostuvo, y agregó que es “importante” para “no generar problemas
mayores a los que ya existen”.

Consultado sobre si no se debería modificar la circular que no
permite hablar a los docentes públicamente, el presidente del Codicen de la
ANEP respondió afirmativamente y explicó que es un tema que ya está siendo
abordado por las autoridades, aunque detalló que también entiende la necesidad
de “coordinar y articular”.

“Lo importante acá a decirle a la gente es qué se está
haciendo, cómo Secundaria está abordando este tema de tantas dificultades.
Respecto a lo otro, de la normativa, creo que sí hay que analizar. Nosotros ya
estábamos en ese tema, porque no es la primera vez que se plantea, y hay que
ver qué es lo que existe y establecer. Porque yo creo que está bueno que los
actores educativos tengan la posibilidad de hablar de la infinidad de tareas
que los centros educativos llevan adelante”, señaló.

No obstante, destacó también que estas normas “ponen ciertos
procedimientos” para llevar adelante acciones públicas que se desarrollen en el
sistema educativo público, algo que “parece sensato”.

“Porque nosotros tenemos en la educación casi 60 mil
trabajadores, entonces es importante que la opinión institucional, más allá de
la individual, tenga algunos parámetros. Estas normas creo que lo que hicieron a través
del tiempo fue ordenar un poco el tema”, concluyó.





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