La prostitución en España continúa en el limbo de la alegalidad y las trabajadoras sexuales siguen sin ser escuchadas: “Queremos derechos”

Es uno de los asuntos que divide al feminismo y un debate que se sigue aplazando, pero lo cierto es que la prostitución sigue instalada en un limbo de alegalidad en España y, de momento, no parece que la situación vaya a cambiar. El martes, el PSOE trató de que fuera admitido a trámite en el Congreso el proyecto de ley con el que pretendía modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo y multar a quienes pagan por sexo, pero la mayoría de los grupos parlamentarios lo rechazó — incluyendo Sumar, su socio de coalición —, por lo que la iniciativa no salió adelante.

La gran mayoría del pleno del Congreso de los Diputados no solo consideró que la norma tenía “grandes lagunas” al no abordar medidas sociales y económicas como la empleabilidad, la vivienda o la formación para las mujeres que ejercen la prostitución, sino que también recriminaron al PSOE que no hubiera sido “consensuada”. El Gobierno, además, tampoco consultó a las trabajadoras sexuales, que critican que, una vez más, no han sido escuchadas. Aparte de considerar que la iniciativa socialista “las abocaba a la clandestinidad” y complicaba aún más su ya precaria situación, también recuerdan que el hecho de que se siga sin reconocer su trabajo “solo las perjudica”.

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“El no reconocimiento del trabajo sexual tiene unas consecuencias. Vivimos la explotación laboral porque no hay una regulación ni en los clubs ni en los pisos donde figuren las horas que tenemos que trabajar. No hay ninguna prestación, ni derecho al paro, ni cotización a la Seguridad Social, y encima nos dicen con desprecio que nos hagamos autónomas cuando al mismo tiempo niegan nuestro trabajo. Hay un doble rasero”, dice indignada a Infobae Linda Porn, trabajadora sexual mexicana que lleva más de 20 años en España. Además, añade, no todas podrían ser autónomas aunque quisieran, ya que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución en España son mujeres migrantes y muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular.

Al no tener permiso de residencia ni de trabajo, a muchas mujeres no les queda más remedio que “vivir y trabajar en clubs y pisos”, porque también hay otro problema añadido, asegura Porn, para las personas migrantes: la larga espera y las numerosas trabas burocráticas para la homologación de títulos universitarios, el procedimiento por el que se reconocen los estudios cursados en el extranjero para poder ejercer la profesión en España. “Eso también impide a muchas mujeres cambiar de trabajo, es todo un entramado racista”, critica la activista, integrante del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

Por ello, uno de los principales reclamos de los colectivos de trabajadoras sexuales es la derogación de la Ley de Extranjería y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, pues permite establecer sanciones a las personas que pagan por sexo y a las mujeres que ejercen la prostitución. Esta última norma, explica por su parte Kenia García, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, “sigue persiguiendo a las trabajadoras sexuales en los espacios públicos y multándolas por desobediencia a la autoridad”, si bien también siguen proliferando ordenanzas municipales en todo el país que “no multan tanto la demanda como la oferta de servicios sexuales”.

La policía, aclara esta trabajadora sexual independiente de origen paraguayo que lleva más de dos décadas en España, persigue a las mujeres que ejercen la prostitución en espacios públicos para poder llegar a los clientes y así multarlos, por lo que las fuerzas de seguridad “se centran más en multar que en proteger”. Esto hace que las trabajadoras sexuales se vuelvan más vulnerables porque “para proteger su fuente de ingresos se trasladan a las periferias, a lugares más escondidos, y no ven a la policía como agentes de protección, sino como una amenaza”.

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García, que considera que la iniciativa del PSOE para castigar el proxenetismo “solo iba a añadir más punitivismo y criminalización” a quienes ejercen la prostitución, advierte que seguirán luchando para que se deroguen “las normas que las criminalizan” y seguirán reclamando el reconocimiento de las trabajadoras sexuales. Otra de las herramientas que considera útiles para abordar la prostitución de forma integral es la creación de una subcomisión de estudio, tal y como han reclamado ya algunos partidos políticos, que tenga como prioridad la inclusión de recursos para la vivienda o el acceso laboral. “Políticas, en definitiva, que garanticen y protejan nuestros derechos en lugar de añadir aún más vulnerabilidad a nuestras vidas”.

Desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo también ponen de ejemplo países como Bélgica, que no solo se convirtió en 2022 en el primer país europeo en despenalizar la prostitución, sino que las personas que ejercen tienen los mismos derechos que cualquier trabajador con estatuto independiente, de forma que pueden acceder a la seguridad social, si bien tampoco están exentas de los abusos de los proxenetas.