Una curiosa situación pudo verse (y escucharse) en los últimos días en Punta
Carretas. Un pequeño vehículo eléctrico circula por las calles con una
publicidad radial contra los directores de Conexión Ganadera y sus familias.
“¿Sabían que entre ustedes hay familias de ladrones?”, advierte la
publicidad radial, que acusa a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, Daniela
Cabral (esposa de Gustavo Basso) y sus hijas de haberse robado “los ahorros de
4.300 familias a través de Conexión Ganadera.
“Vecino, esté atento para que no le falte nada a usted”, dice la
publicidad, que tiene un jingle sugerente: “Hasta que paguen todo aquí no hay
perdón”.
El déficit patrimonial
de Conexión Ganadera,
que afectó a más de 4.000 inversores, causó polémica en el mundo de los
agronegocios.
Desde febrero de este 2024, el fiscal de Lavado de Activos,
Enrique Rodríguez, lleva adelante la causa penal de la empresa que
dirigían Carrasco y Gustavo Basso, así como la investigación de República
Ganadera —que a fines de noviembre de 2024 comunicó mediante una carta
dirigida a sus inversores y acreedores que se presentaría a concurso de
acreedores debido a su situación financiera crítica—.
Como parte de la
investigación de Conexión Ganadera, Rodríguez pidió el cierre de
fronteras para Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda de
Basso. Los tres investigados son los principales socios de la
empresa que tiene un embargo de US$ 250 millones.
