Por Pablo Silva Galván

El presidente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), José Olivera, dijo a Caras y Caretas que hay al menos cuatro enfoques para analizar la propuesta presentada por las autoridades de la educación. Primero “hay un
análisis del punto de vista técnico pedagógico que implica analizar la propuesta en concreto, su formulación curricular”. Señaló que no se trata de un tema sencillo a nivel público. Sostuvo que la iniciativa esta rodeada de “muchos elementos marketineros que obviamente esconden el verdadero objetivo y que muchas veces la gente
compra rápidamente en particular el estudiantado. Por lo tanto nosotros vamos a trabajar desde el análisis con asesoramiento pedagógico”.

En este sentido recordó que la Federación cuenta con un convenio con la Universidad de la República (Udelar) mediante el cual un grupo de licenciadas en ciencias de la educación “nos asesoran”. Por lo tanto, “esto todavía está en proceso. Eso es lo primero”.

En segundo lugar precisó que esta iniciativa “no es una originalidad de quienes la promueven, sino que es un mandato que a nivel global, y particularmente regional, vienen promoviendo organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE.

Para algunos autores hay una iniciativa global que tiene como objetivo resolver y promover algunos temas que hacen a la educación.
Resolver en el sentido de bajar costos, de como los Estados se orientan a dar simplemente educación básica, particularmente en términos de capacitación de la mano de obra que requiere el mercado laboral. Y en segundo lugar como se le originan oportunidades de negocios al capital especulativo que hoy está muy interesado en la educación, como estuvo en el pasado en los sistemas de salud, o en la seguridad social, es el caso de las AFAP. Está orientado hacia esa lógica.”
Seguidamente, en tercer lugar mencionó que estas “recomendaciones” encuentran en cada país “actores que son militantes de esas organizaciones, que se presentan bajo el rótulo de técnicos o expertos, economistas, sociólogos, hasta algún licenciado en ciencias de la educación, incluso llegan a formular think tanks, grupos de ideas como es el caso de Eduy21, verdadero gobierno de la educación. Cuando decimos que es el gobierno de la educación muchos se asombran, pero este año en el semanario Búsqueda, el consejero Gabito Zoboli, insospechado hombre del herrerismo dijo claramente que el gobierno de la educación está en manos de Eduy21, que colocó a sus principales
referentes en el Ministerio de Educación, pasando por la ANEP y culminando en el Instituto de Formación Educativa. O sea que controla todo el proceso de la política educativa pública”.
Precisamente en este sentido Olivera señaló que se “viene alertando de un proceso que se denomina privatización de la política educativa pública”.
Esto es, "sustraer del debate público la construcción de la política educativa publica y encerrarla en determinados espacios donde grupos corporativos muy fuertes promueven la definición de esas políticas y las imponen al conjunto de la sociedad en nombre de un supuesto consenso que no es tal”.
Sostuvo que para que esa acción pueda desarrollarse se la precede de un proceso de “escandalización” de la educación pública “bajo la tan mentada crisis de la educación. Aquí en Uruguay hay ejemplos clarísimos al respecto”.

Hay un cuarto elemento, agregó, y es el que sostiene que estas propuestas de reformas curriculares, bachilleratos generales, educación media básica, tienen que ver con abaratar costos al Estado. “Es una reforma con sesgo economicista, entonces se reducen horas, profesores, se reduce la masa salarial mediante la eliminación de horas y
de cargos”, señaló. Incluso tiene un sesgo, “diría no democrático”, en el sentido que funcionan como “elementos de segregación en tanto y en cuanto funcionan con una orientación clara: capacitar en competencias la mano de obra que el mercado requiere, que por lo general va a ocupar los peores trabajos, con las peores remuneraciones.
Y a la vez quita espacio a la continuidad educativa, es decir que elimina la posibilidad del acceso universal a la educación terciaria, donde acceder a la misma implica no solamente condiciones materiales sino también formativas, porque un estudiante con escasa formación a nivel de educación media, o con una mera capacitación en
competencias como se postula, obviamente va a fracasar rápidamente a nivel terciario, y por lo
tanto va a abandonar”.

Oportunidad de negocios

“Y hay un elemento agregado”, sostuvo y explicó que esto “abre oportunidades de negocios al sector privado, porque se genera una especie de nicho de mercado educativo que es el ofrecimiento de los preuniversitarios. Eso es una propuesta de cursos que van desde módulos de dos semestres, en algunos casos tres, donde las instituciones privadas
captan en el mercado ese grueso de capas medias, con alguna capacidad de pago, para darles esa posibilidad que se les quitó en el ámbito público de darles una mayor capacitación que los habilite o les permita mejores condiciones para enfrentar un estudio terciario”.
Por todo eso consideró la propuesta como “un tema muy complejo”.
Llamó la atención en torno a que el discurso con que se presenta la iniciativa sostiene que “se hace en función de los intereses del estudiante. Y como se esconde el verdadero objetivo, se la vende de esta forma insistiendo en que hay que anteponer los intereses del estudiante, cuando en realidad lo que se está haciendo es hipotecar el futuro de esos
estudiantes”.
Sobre quienes proponen estos cambios, Olivera señaló a Eduy 21, organización que hoy tiene a la cabeza del Codicen, junto a su presidente Robert Silva, “en la parte de instrumentalización de esta política a Adriana Aristimuño, una persona que representa los intereses del sector privado, particularmente la Universidad Católica, una de los dos funcionarios a los que se le aumentó el salario mientras todos los demás estamos perdiendo". Para el dirigente este ejemplo no es otra cosa que "la discrecionalidad del presidente de la ANEP, un hombre ducho en la vieja política de la discrecionalidad, el amiguismo, el acomodo, la discreción. Quién en una entrevista dijo que con
los sindicatos de la educación hay que ir a hablar con el cuchillo entre los dientes. Que hay que imponer más que convencer. Por eso no se habilita ningún espacio de construcción de política pública”.
Acerca de los resultados que puede tener la reforma propuesta, Olivera no dudo en calificarlos como de un empobrecimiento educativo. Y agregó: “Creo que de de tontos pensar en obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, de la misma forma y con la misma gente. Lo que quiero decir es que básicamente los actores que están
detrás de esta idea, aparte de Eduy21, son verdaderos mercenarios al servicio del capital y de sus intereses, están promoviendo básicamente lo mismo que hicieron en el 90, cuando se fragmentó el sistema educativo y son responsables del deterioro y de esa crisis de la que se escandalizan en la educación pública”.
Recordó que en una entrevista radial, Renato Opertti, fundador y dirigente de Eduy21, funcionario del BID y del Banco Mundial, “salió a defender esta propuesta. Por lo tanto creo que estamos ante una encrucijada muy importante, donde obviamente hay dificultades para democratizar este debate, y no se quiere generar esa democratización, se quiere imponer. Hay una estrategia de marketing detrás de esto muy bien orquestada desde los medios de comunicación masivos”.
“En televisión Robert Silva recordó que estos cambios son posibles gracias a los reformas introducidos por la Ley de Urgente Consideración. Ahí se ve como se ata el paquete. Por eso hemos insistido en que no hay forma de disociar la
discusión de la Ley de Urgente Consideración de este presupuesto. Una expresa las bases ideológicas y políticas del programa restaurador, concentrador y excluyente, y el presupuesto las materializa”, sentenció.
Siguiendo con esta línea de pensamiento Olivera consideró que la reforma “va a tener resistencia del cuerpo docente y del propio estudiantado, tal como aconteció en los 90”, durante la reforma promovida por Germán Rama.

No obstante, “la reforma de Rama tuvo un punto que podemos aceptar y hasta consensuar: no discutió el espacio y el valor de lo público. O sea que allí no estuvo en cuestión el tema de lo público. Aquí si está en cuestión, porque hay una combinación de una vieja concepción filosófica e ideológica del herrerismo, enemigo acérrimo del batllismo desde sus orígenes, que cuestionó siempre el papel del Estado en asegurar derechos, en aplicar políticas públicas. El herrerismo siempre lo combatió. Incluso más, aquella máxima de Luis Alberto de Herrera de que si seguimos
aplicando políticas batllistas hasta el hijo de un zapatero va a ser bachiller, sigue muy presente hoy".
Incluso esta concepción, “del proyecto herrerista, que es un proyecto oligárquico, antipopular, encuentra un clima propicio en la coalición porque esta reforma que cuestiona el valor de lo público la están llevando adelante hombres vinculados al Partido Colorado. Hay una nueva alianza de los sectores más conservadores del Partido Nacional
con la visión neoliberal, conservadora del Partido Colorado”.
Esta alianza, para el presidente de Fenapes, “tiene una mirada neoliberal a lo Margaret Thatcher o Ronald Reagan, o tal vez a lo Augusto Pinochet. No olvidemos que Talvi soñaba para Uruguay un modelo a la chilena”.
A su juicio “la combinación de esas dos vertientes conservadoras, va a generar un retroceso en términos históricos cuyo componentes están ya planteados en la LUC y que ahora avanzan en la conclusión de poner en práctica los instrumentos que esa política le ha dado”.

Atado al referéndum
En ese contexto “no se puede disociar la lucha por el referéndum de la lucha por un mejor presupuesto, de la lucha por salvar la educación pública y particularmente de asegurar un futuro mejor para nuestros jóvenes.”
“Esa es la discusión de fondo que estamos planteándonos hoy”, subrayó. “En un contexto donde ellos cuentan con una predica de deslegitimación hacia la educación pública, hacia los docentes, hacia sus organizaciones representativas, particularmente los sindicatos, donde la pandemia funciona como una terapia de shock que les ha permitido avanzar con estas reformas en momentos que la sociedad estaba preocupada por la vida, es obvio que va a haber resistencia, el problema es como se expresa esa resistencia”.

“Para nosotros se transforma en estratégico asegurar el triunfo del ‘sí’ en el referéndum como un elemento que genera otras condiciones políticas para por lo menos obligarlos a poner en discusión en los ámbitos correspondientes o los aspectos que sean puesto a discusión. Por lo tanto la resistencia se va a dar desde ese ámbito mucho más amplio, porque en definitiva lo que está en debate, en cuestión, es que modelo de sociedad le queremos heredar a nuestra juventud”, concluyó.



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