Tras el derrocamiento del expresidente de Siria Bashar al Asad, una resolución que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace 9 años cobró nuevamente vigencia para la reconstrucción del país.
Se trata de la Resolución 2254, que el principal organismo de Naciones Unidas sacó adelante a finales de 2015 y en la que se instaba a un proceso político dirigido por el pueblo sirio y facilitado por la ONU para salir de la crisis que ya entonces vivía la república árabe.
Entre sus objetivos, destacaban entonces el establecimiento de un gobierno creíble y legítimo, así como fijar un calendario y un proceso para redactar una nueva Constitución en Siria.
“Se expresa la más grave preocupación por el continuo sufrimiento del pueblo sirio, el continuo deterioro de la situación humanitaria, por el conflicto en curso y su persistente y brutal violencia, y por las consecuencias negativas del terrorismo y la ideología extremista que lo sustenta”, recogía la resolución.
El texto, que fue aprobado por unanimidad (15-0) y puso de acuerdo a Estados Unidos y a Rusia, incidía repetidamente en la necesidad de “proteger a todas las partes y de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la población civil, incluidos los miembros de comunidades étnicas, religiosas y confesiones” minoritarias.
En 2015, Siria ya acumulaba cuatro años desde los levantamientos populares que cristalizaron en las Primaveras Árabes y que, a la postre, se convertiría en un conflicto congelado que hasta hoy se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas y ha causado una de las mayores crisis de desplazados internos y refugiados del mundo: 13,8 millones de personas, según ACNUR.
El grupo insurgente que ha liderado la toma de poder, después de una rápida ofensiva de la coalición islamista insurgente Organismo de Liberación del Levante, cuyas siglas en árabe son HTS, encargó este lunes a Mohamed al Bashir, el presidente del Gobierno de Salvación —su administración de facto en la provincia septentrional siria de Idlib—, formar un Ejecutivo para la transición en Siria.
HTS, heredera del Frente al Nusra —exfilial de Al Qaeda en Siria—, ha prometido en los últimos días tolerancia hacia los civiles de distintas sectas y confesiones, tratando de alejarse de una imagen ligada al yihadismo, e incluso ha advertido a sus miembros que eviten maltratos o agresiones a otras comunidades religiosas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aún no ha reconocido a HTS como gobierno legítimo y tampoco ha excluido a esta coalición islamista de su lista de organizaciones terroristas, que integra por estar ligada a Al Qaeda hasta 2016.
Así, resta por conocer realmente si en esta etapa histórica para la reconstrucción de Siria —que ha vivido bajo el yugo de la dictadura de la familia Al Asad los últimos 53 años—, la coalición insurgente será capaz de conformar un Ejecutivo reconocido internacionalmente y apegado a las líneas maestras de la Resolución 2254.
Potencias de todo el mundo, actores clave en el conflicto e incluso habituales rivales han reafirmado públicamente su defensa de dicho texto del Consejo de Seguridad para la reconstrucción de la república árabe.
Ministros de exteriores, cancilleres y representantes de Egipto, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Catar, Turquía, Irán y Rusia coincidieron en su posición al respecto nuevamente en el Foro de Doha, un encuentro geopolítico regional celebrado la semana pasada.
Estados Unidos también se mantiene en la misma línea de cara al futuro de Siria.
El enviado especial de la ONU para Siria, Geir O. Pedersen, alertó la semana pasada —en medio del avance de la coalición insurgente— que la Resolución 2254 debe ser “la piedra angular para lograr una paz sostenible en Siria”.
EFE
