La sanción a Tuana busca silenciar a defensores de DDHH

En nuestro país, distintos actores del sector cultural, académico, político y sindical han señalado que el gobierno de Lacalle Pou fue duro con las ideas pero especialmente con las personas; dejó un manto de sospechas sobre las ollas y merenderos populares; organizó conferencias de prensa —con mucho de teatralidad y puesta en escena— que plantearon un tono de desconfianza oficial sobre el accionar de activistas barriales que dedicaron cientos o miles de horas de sus vidas durante la pandemia, para alimentar a sus compatriotas, ante la ausencia del Estado y de las políticas del Mides. Pero también hubo episodios que fueron denunciados como ataques direccionados contra colectivas feministas y sindicatos.

En este contexto, el último día de gestión del gobierno de Lacalle Pou, el entonces ministro del Interior, Nicolás Martinelli, hombre de máxima confianza del expresidente, dejó estampada su firma en la que probablemente haya sido la última señal clara, inequívoca, de intento aleccionador ejemplarizante: la sanción contra la magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la Asociación Civil El Paso, Andrea Tuana.

Los hechos

El pasado 28 de febrero, en el último día de gobierno de Luis Lacalle Pou, Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso y funcionaria del Hospital Policial, fue sancionada con seis meses sin goce de sueldo por el entonces ministro del Interior, Nicolás Martinelli. La medida, según argumentó el MI, fue tomada a raíz de declaraciones realizadas por Tuana en un programa de televisión, donde denunciaba las graves consecuencias del narcotráfico en niñas, niños y adolescentes. Durante su intervención, la referente de El Paso, advirtió sobre situaciones “graves” en las que menores de edad son dejados como “garantía” en bocas de venta de drogas hasta que sus familiares puedan saldar sus deudas.

Silenciar y amedrentar

Alicia Deus, abogada especializada en derechos humanos y corredactora de la Ley integral No. 19.580 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, aseguró que la sanción impuesta a Andrea Tuana “es una forma de silenciar y amedrentar a los activistas y defensores de derechos humanos”.

Deus no es una voz más de tantas que se han manifestado en las horas posteriores a que se conociera la sanción a Tuana. Alicia Deus cuenta con diplomas de especialización en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas por la Udelar y de especialización en Género y Políticas Públicas por Flacso Argentina. Además se desempeña como consultora independiente para diversas agencias internacionales y para organismos nacionales uruguayos en temas vinculados con género, derechos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes, ruralidad, violencia y acceso a la Justicia.

Deus recordó que Tuana es una “reconocida defensora de los derechos de las mujeres y de las infancias”, con una extensa trayectoria en el tema. “Es de conocimiento público que hace muchísimos años trabaja en esta área, y la propia resolución que le impone la sanción la reconoce como una profesional altamente calificada, con un altísimo nivel de compromiso con su profesión y con su trabajo”, destacó.

En cuanto al contenido de las declaraciones por las que Tuana fue sancionada, Deus sostuvo que ella «no atacó directamente al Ministerio del Interior ni sus políticas de seguridad ciudadana, sino que cuestionó las políticas sociales en relación a hechos y situaciones que afectan a niños y niñas, hechos que, además, son vox populi. No dijo nada que no se supiera». En ese sentido, calificó la sanción como “absolutamente desproporcionada” y como “un claro intento de silenciamiento y amedrentamiento a los activistas”.

La experta en derechos humanos recordó que existen pronunciamientos del sistema interamericano, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que abordan específicamente los obstáculos y ataques que enfrentan los defensores de los derechos humanos. En particular, citó el Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas (2011), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se estructura en torno a cuatro ejes: “Obstáculos enfrentados, grupos en riesgo, independencia judicial y mecanismos de protección”. Entre los obstáculos más graves, el informe señala la persistencia de asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, actos que tienen un fuerte efecto intimidatorio y debilitan las democracias. También se destaca el fenómeno de la “criminalización y hostigamiento”, incluyendo “el uso indebido del sistema penal, campañas de desprestigio, vigilancia estatal, detenciones arbitrarias y estigmatización pública”.

Asimismo, se mencionan las “restricciones estructurales”, tales como limitaciones al derecho de asociación, al acceso a la información pública, a recibir financiamiento externo, a la protesta social y a una protección judicial efectiva.

El informe también identifica a los grupos de defensores en situación de mayor riesgo: líderes sindicales, campesinos e indígenas; defensoras mujeres; activistas ambientales, LGTBI y de derechos de personas migrantes.

En cuanto a los mecanismos de protección, Deus explicó que la CIDH dispone de cautelares, informes temáticos y audiencias como herramientas para salvar a los defensores. Recordó que la Comisión Interamericana plantea la necesidad de garantizar la vida e integridad de estos actores, no criminalizar su trabajo, respetar su derecho a la protesta y la denuncia, fortalecer los mecanismos de protección tanto a nivel nacional como regional, y fomentar una cultura estatal de reconocimiento hacia quienes defienden los derechos humanos.

«La CIDH recomienda a los Estados no obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino, por el contrario, promover su actuación como actores fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, y garantizar su protección. Lo que ocurrió en este caso va en dirección opuesta: hubo hostigamiento y un claro intento de silenciar tanto a Andrea Tuana como a otros actores sociales que podrían tener una actuación pública. Esta sanción tiene un carácter ejemplarizante», remarcó Alicia Deus.

La experta dejó en claro que Tuana realizó un cuestionamiento general a las políticas sociales del Estado, y no específicamente a las políticas de seguridad del Ministerio del Interior. “Además, lo hizo ejerciendo su pleno derecho a la libertad de expresión, que no puede ni debe ser coartado”. En ese sentido, advirtió que la normativa mencionada por el Ministerio hace referencia a expresiones que puedan desacreditar las políticas de seguridad, pero en este caso no se trata de un descrédito que afecte la legitimidad institucional. «Lo que hay es un señalamiento sobre hechos reales, que están ocurriendo y que no están siendo abordados de manera eficiente por el Estado en su conjunto. Y no es algo que competa únicamente al Ministerio del Interior», manifestó.

Para Alicia Deus, está claro que “por su experticia y su experiencia, Andrea Tuana sabe perfectamente que estos temas son sumamente complejos y que no se resuelven únicamente mediante la represión o a través de una política de seguridad del Ministerio del Interior. Esto involucra a toda la sociedad pero también a múltiples áreas del Estado. Si fuera solo una cuestión de seguridad, sería facilísimo resolver estos problemas. Andrea lo tiene clarísimo: su cuestionamiento apunta a la ausencia de una política social integral que articule esfuerzos interinstitucionales, desde la educación hasta la vivienda. Son muchos los factores involucrados en estas realidades», afirmó.

Además, consideró que la sanción a Tuana se debe leer dentro de un escenario regional en el que “ya están instalados discursos y acciones provenientes de sectores de derecha”. Como ejemplo, mencionó al presidente argentino Javier Milei, quien “ha denostado al feminismo, ha impulsado la derogación del agravante por femicidio y ha retrocedido en múltiples políticas vinculadas a la violencia de género”.

A su juicio, ese discurso también ha comenzado a permear en Uruguay. «Tenemos ejemplos claros en los intentos de modificar la Ley 19.580 por parte de legisladores de varios partidos. Se va instalando la idea de que la violencia es una sola, de que no existe la violencia de género, o que las mujeres mienten. Ese relato, porque no se basa en datos ni evidencia, ha ido creciendo. Recordemos que en uno de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo el año pasado —y que por suerte fue archivado— se afirmaba en la exposición de motivos que ‘la denuncia falsa es un hecho notorio’. ¿Cómo puede sostenerse algo así, sin un solo dato que lo respalde? Eso es una relación que se construye y se repite hasta volverse creencia. Y lamentablemente, cala hondo. Se trata de un contexto geopolítico hostil al feminismo y la diversidad, impulsado por figuras como Donald Trump o Elon Musk», advirtió.

Respecto al hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos, Deus fue enfática al afirmar que «no es algo nuevo ni exclusivo de Uruguay. Basta con recordar el crimen de odio contra Marielle Franco en Brasil o los múltiples asesinatos de activistas en Bolivia. El informe de la CIDH cita decenas de casos en la región, activistas por los derechos de los pueblos originarios, por la tierra, por el ambiente, todos son criminalizados. No es casual. En un contexto donde el discurso dominante va contra estos actores, hay que estar muy atentos».

Así las cosas, la experta subrayó que la sanción a Andrea Tuana no fue una coincidencia. «Fue dictada el 28 de febrero, último día de la administración. No fue casual. Tiene una carga simbólica muy fuerte. La intención fue claramente hostigar y amedrentar a quienes se atreven a cuestionar el estado de situación de nuestra sociedad».

Por último, indicó que la sanción deberá ser recurrida por todas las vías disponibles. «Aún queda la instancia de impugnación e incluso la posibilidad de llevar el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es fundamental dar esa pelea», sentenció. (Producción MC)