Hace tres años, cuando el periodista Leonardo Haberkorn publicó en El Observador parte del contenido de las actas del Tribunal de Honor que juzgó al coronel (r) José Nino Gavazzo, se abrieron las puertas del infierno.

Un infierno que tenía sede en el Ministerio de Defensa.

En marzo de 2019 el entonces presidente Tabaré Vázquez destituyó de su cargo de comandante en jefe del Ejército al general Guido Manini Ríos. El motivo fueron las declaraciones del militar contra la Justicia. “Un militar citado como indagado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes, fraguadas o inventadas», había señalado en un video filmado en su propio despacho y difundido por el Ejército a todos los medios de comunicación.

Pocos meses antes, setiembre de 2018, Manini Ríos había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por hacer declaraciones a la prensa contra los cambios en la Caja Militar y acusar de “mentiroso” al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. En su resolución el presidente Vázquez señaló que “el comandante en jefe del Ejército debe abstenerse de emitir expresiones políticas”.

En medio de su sanción, obtuvo permiso para salir del país y acudió a la ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante en jefe del ejército brasileño, siendo fotografiado con el presidente Jair Bolsonaro.

En abril de 2019, apenas un mes después de su destitución fue proclamado como candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, una nueva organización fundada en Maldonado por militares retirados.

Pero poco antes, el periodista Haberkorn había difundido las partes más importantes del Tribunal de Honor contra Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Luis Maurente Mata.

Lo más trascendente que se decía allí  era el reconocimiento por parte de Gavazzo de que en 1973 él había asesinado mediante torturas y desaparecido el cuerpo del  militante tupamaro Roberto Gomensoro Josman, entonces detenido en Tacuarembó. Esa confesión liberaba al coronel (r) Juan Carlos Gómez detenido años atrás por ese crimen, pero a la vez permitía aclarar la primera desaparición ocurrida en Uruguay.

A partir de ese momento se desató una crisis política en la que la oposición acusaba al presidente Vázquez prácticamente de haber escondido el expediente y no enviarlo a la Justicia. La crisis recayó sobre el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, entonces gravemente enfermo; sobre el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y sobre los tres generales integrantes del Tribunal de Honor.

Una perfecta maniobra de contrainteligencia militar que dejó afuera al único responsable del ocultamiento, como veremos más adelante.

Vázquez, molesto por lo ocurrido, cometió un grave error y destituyó a quienes no debía: al ministro Menéndez, que falleció por esas horas, al recién asumido comandante en jefe del Ejército general González y a los otros dos miembros del Tribunal de Honor, general Gustavo Fajardo, que lo presidió, y general Alfredo Erramún. También se destituyó los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry, que integraban el Tribunal de Honor de Alzada.

Como fue dicho, González, ahora fallecido, fue destituido dos semanas después de asumir, Erramún pasó a retiro y Fajardo lo acaba de solicitar. Gavazzo se murió sin ser juzgado por el asesinato de Gomensoro y Manini Ríos, el militar que le ocultó a la Justicia penal las revelaciones sobre Gomensoro, es senador, integrante de la coalición de gobierno y mantiene aspiraciones presidenciales.

Los únicos tres militares que actuaron correctamente, que rompieron la omertá de silencio entre los uniformados y cuyas declaraciones fueron determinantes para que el fiscal Rodrigo Morosoli solicitara el desafuero de Manini para imputarlo por ocultamiento de un delito, están fuera del Ejército.

Peor, han tenido que cargar con la ignominia de que el ciudadano los considerara culpables del ocultamiento, cuando era todo lo contrario.

Y lo investigarán por usar un camión militar para una mudanza, algo que ahora se censura, pero era de uso común y reglamentado por el ministerio de Defensa.

Venganza consumada.

 

Gavazzo confiesa un crimen por primera vez

En el acta del Tribunal de Honor correspondiente al 10 abril de 2018, Gavazzo admitió que fue el único responsable de arrojar el cuerpo de Gomensoro al río Negro en 1973, antes del golpe de Estado.

Gavazzo reconoció haber tenido a Gomensoro en el cuartel donde era el segundo al mando. El militar también manifestó que ordenó no interrogarlo porque lo que podía decir ya era de su conocimiento. Pero, agregó, que de madrugada lo dejó esposado en una silla y al amanecer lo encontraron en la misma silla, pero muerto.

“Yo lo cargué en el vehículo, yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, afirmó Gavazzo ante el tribunal. El militar reconoció que el cuerpo de Gomensoro iba envuelto en alambre y con piedras para que no saliera flote.

Admitió que con sus declaraciones intentó proteger a los oficiales del Grupo de Artillería N.º 1 que conocían las circunstancias de la muerte de Gomensoro.

Informó lo ocurrido al jefe del Grupo de Artillería 1, el entonces coronel Alfredo Rubio, y ambos informaron al jefe de la División Ejército 1, el general Esteban Cristi.

“Cristi ordenó desaparecer el cuerpo. Quien tuvo que hacer eso fui yo”, expresó Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar. También dijo que “por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel”.

También reconoció que le había mentido a la Justicia penal.

El Tribunal de Honor entendió que el coronel (r) afectó el honor del Ejército y el de ellos mismos, pero por “ocultar durante años la verdad y permitir que la Justicia condenara al excoronel Juan Carlos Gómez, quien estuvo preso durante tres años por la muerte de Gomensoro, sabiendo que era inocente”.

En cambio, y a pesar de la confesión de Gavazzo y de la acusación de Silveira, además de otros testimonios, el Tribunal de Honor del Ejército consideró que los acusados, ya condenados por la Justicia y con fallos ratificados “no afectaron el honor del Ejército”.

 

Gral. Fajardo: “Me sentí prácticamente violado”

Gustavo Fajardo tiene 59 años, nació en Aiguá, Maldonado, es general del Ejército, proviene del arma de Caballería y tiene una licenciatura de la Udelar en Ciencias Políticas. Su hermano, Arturo, es obispo de Salto.

Egresó de la Escuela Militar a fines de 1982 y en su trayectoria militar se desempeñó, entre otros destinos, como comandante de la División IV, director del IMES, integrante de la Casa Militar de Presidencia y desarrolló varias tareas en el exterior. Hasta que se acepte su solicitud de pase a retiro presentada el pasado viernes, es el jefe del Estado Mayor de la Defensa.

En la interna militar lo reconocen como votante del Partido Nacional.

En el año 2017 fue designado por el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para presidir el Tribunal de Honor que debía juzgar a Gavazzo, Silveira y Maurente. Los otros dos miembros de ese tribunal fueron los generales González y Erramún.

En el dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli sobre el “caso Manini”, que es público, se aportan detalles sobre lo que hicieron los integrantes del Tribunal de Honor luego de la declaración de Gavazzo.

Los tres coincidieron en que las apreciaciones del declarante eran graves y novedosas, por lo que debían ser puestas en conocimiento de la Justicia penal.

“Nos dijo eso y siguió hablando y hablando, nosotros nos miramos y dijimos, a la miércoles, esto es grave…”, dijo en Fiscalía el general Fajardo.

De acuerdo al reglamento de los Tribunales de Honor, los generales debían comunicar los dichos a su superior, el comandante en jefe Guido Manini Ríos. Inmediatamente pidieron entrevista y días después se reunieron con él. Manini ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación.

“Nosotros entendimos que era un tema para la Justicia penal, lo conversamos con el comandante y le dijimos esto es así, quedó con los papeles y dijo ‘yo me hago cargo de esto’”, según el relato de Fajardo.

26 días después, el comandante dio la orden de continuar con las tareas. No consta que Guido Manini Ríos haya efectuado la denuncia penal, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de Gavazzo a las autoridades del Ministerio de Defensa, ni siquiera pedir la documentación para hacerlo, dice el fiscal Morosoli en su dictamen.

Hay una segunda tanda de revelaciones delictivas, según consta en el expediente donde los integrantes del tribunal sostienen: “Hay que pasarlo a la Justicia, no hay vuelta”, y piden una nueva reunión con el comandante.

Los tres integrantes del tribunal reiteran la necesidad de dar cuenta a la Justicia. Pero Manini Ríos considera que “lo que quiere ese hombre es detener las actuaciones”, refiriéndose a Gavazzo. Así que una semana después se reanuda el tribunal, otra vez sin que Guido Manini Ríos haya hecho denuncia penal ni comunicado al Ministerio de Defensa.

El 15 de setiembre del 2018, se produjo la instancia de deliberación final y emisión de los fallos. Los militares del tribunal dijeron en Fiscalía: “Lo que nosotros esperábamos es que esto fuera a la Justicia, que investigara, que lo volvieran a culpar ahora sí de un asesinato comprobado”.

Entonces el general Fajardo dijo: “Para mí Gavazzo ha sido un asesino, un sinvergüenza y un manipulador, manipuló al Ejército cuando estaba y lo sigue manipulando hasta ahora y si no, no estaríamos en la situación en que estamos hoy. Tanto Silveira como Gavazzo son personas despreciables. Logramos que estos tipos confesaran por primera vez hechos aberrantes que hicieron, estos grandes manipuladores, sinvergüenzas, ladrones”.

En la carpeta que Fiscalía entregó al Parlamento para tratar la solicitud judicial de desafuero de Manini constan otros detalles de las declaraciones de Fajardo.

El presidente de ese Tribunal de Honor dijo sentirse conforme: “Entregamos a nuestro superior toda la información para que la Justicia actuara. Se lo dijimos expresamente… mire comandante, esto debe pasar a la Justicia penal… Él nos contestó que se hacía cargo”.

Cuando se le pregunta cómo se sintió cuando se enteró de que el expediente no había pasado a la Justicia penal, Fajardo contestó: “La verdad… prácticamente violado. Fueron actuaciones que nosotros hicimos en total reserva y que salga todo en un diario, cuando esperábamos que ocurriera a través de los conductos correspondientes. Imagínese mi familia, mis hijos, que piensen que yo oculté información cuando lo que hicimos fue interrogar severamente a estos degenerados y entregar todo a nuestro mando para que fuera a la Justicia”.

 

Manini escondió a la Justicia las declaraciones de Gavazzo

El 1º de octubre de 2018, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, elevó un oficio al Ministerio de Defensa para la conformación de un tribunal de Alzada, pero no dice nada de las declaraciones de Gavazzo.

Cuando este tribunal queda conformado, se le informa de las declaraciones, pero le advierte que él ya había tomado cartas en el asunto. Se reunió cinco veces y cuatro meses después falló. Se eleva al ministerio este fallo también acompañado de oficio un escrito de ocho carillas, con apreciaciones personales sobre el accionar de la Justicia.

15 días después va al Ministerio de Defensa con este escrito, pero en ningún momento informa a Menéndez sobre la declaración de Gavazzo y su relevancia penal. Pero los asesores del ministro descubrieron las declaraciones de hechos con apariencia delictiva y se decide informar al presidente.

Cuatro días después Menéndez y Vázquez se reúnen.

El 11 de marzo Vázquez recibe en la residencia de Suárez a Manini Ríos quien iba a presentar renuncia por sus expresiones contra la Justicia, pero el presidente lo destituyó antes.

Había transcurrido un año desde que Manini Ríos, en su calidad de jerarca máximo del Ejército Nacional, había tomado contacto por primera vez con las declaraciones de Gavazzo.

En su dictamen solicitando el desafuero de Manini para luego formalizarlo, el fiscal Morosoli sostiene que las declaraciones de Gavazzo y Silveira aportan información referente a la comisión de varios crímenes de lesa humanidad. Y recuerda que “toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas deberá denunciarlos inmediatamente”.

 

Échale la culpa al muerto

Las declaraciones de Manini ante el fiscal Morosoli se contradicen en varias ocasiones con las de los seis generales integrantes del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada.

Manini aseguró que los generales le informaron de los dichos de forma verbal, pero los tres generales integrantes del Tribunal de Honor aseguraron haberle llevado la declaración entera, el 15 de junio de 2018. Fajardo, Erramún y González dijeron a Morosoli que insistieron a Manini en la importancia de llevar el caso a la Justicia porque contenía información “inédita”.

Manini afirmó que, al menos en tres instancias, pero siempre en privado y sin testigos, comunicó a Menéndez sobre las declaraciones de Gavazzo. Aseguró que el ministro le pidió que siguieran las actuaciones, con el visto bueno del entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Este punto llamó la atención de Morosoli, que cuestionó la falta de testigos para avalar estas declaraciones. El militar respondió que sus charlas con Menéndez siempre fueron “mano a mano”.

Según consignó El Observador, Morosoli consideró llamativo que en todos los casos se tratara de ocasiones públicas que permitían fijar fechas sin nombrar testigos para avalar sus declaraciones, haciendo referencia además a “una persona que falleció”. El ministro Jorge Menéndez falleció por cáncer el 11 de abril de 2019, aunque desde tiempo antes estaba de licencia por enfermedad y no tenía posibilidades de defenderse.

El 30 de octubre de 2018 se reunió por primera vez el Tribunal de Alzada, que mantuvo un encuentro con Manini. Romano, que presidió el tribunal, comentó a Morosoli que Manini les encomendó que no se detuvieran en las declaraciones de Gavazzo y de Jorge Silveira porque él ya estaba “actuando al respecto” y no especificó cuáles eran esos dichos.

El Tribunal de Alzada ratificó el dictamen emitido por el Tribunal de Honor -que no sancionó a los represores por el homicidio de Gomensoro, sino por no haber dicho que el coronel Juan Carlos Gómez era inocente- y Manini no incluyó las revelaciones en el escrito que elevó a Menéndez, que homologó los fallos junto con Vázquez.

Pero en una sobresaliente operación de contrainteligencia militar, de lo único que se habló durante semanas fue de que el presidente Vázquez no había enviado a la Justicia el “expediente Gavazzo”.

Finalmente, el fiscal Morosoli con todas las pruebas obtenidas consideró como único responsable del ocultamiento al general Guido Manini Ríos. Pero para juzgarlo había que desaforarlo porque el dictamen llegó cuando ya había sido electo senador. Esta legislatura, con mayoría de la coalición de gobierno, lo salvó. Pero el pedido está pendiente y puede ser juzgado a futuro.

Manini anunció que renunciaría a sus fueros para presentarse ante la Justicia. Pero luego desistió.

 

Un error que lo expuso

Quienes conozcan la interna militar saben que los servicios de Inteligencia han sido usados también para obtener información sobre oficiales y emplearla a modo de extorsión cuando consideren que alguno no debe ir a determinado destino o esté próximo a un ascenso.

Hace muchos años este cronista fue testigo de una conversación entre un oficial integrante de Inteligencia naval y un periodista, del cual era amigo, en la que con total impudicia relató cómo habían seguido durante meses a un alto oficial de la Marina, incluso hasta Buenos Aires, donde se encontraría con su amante. Hasta tenían fotos. El objetivo era desplazarlo. Todo con dineros públicos.

En los últimos días, a través de las redes se difundieron fotos de un camión militar y varios soldados del batallón 4º de Laguna del Sauce realizando una mudanza desde Piriápolis hasta Aiguá. Cargaban mobiliario perteneciente al general Gustavo Fajardo, jefe del Estado Mayor de la Defensa.

En el tiempo miles de mudanzas se realizaron por vehículos militares. Pero solo aparecieron fotos de la de Fajardo. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que “no está bien usar dineros públicos de esa manera y desde agosto de 2020 existe una orden en tal sentido”.

Fajardo cometió un error y lo estaban esperando. Sobre todo Rivera Elgue, subsecretario de Defensa e integrante de Cabildo Abierto y que, según dos fuentes de ese ministerio, “tiene muy mala relación con Fajardo”.

El jefe del Esmade solicitó su pase a retiro el viernes pasado, según fuentes militares, “porque la relación con el ministro estaba muy deteriorada e incluso tuvieron una fuerte discusión cuando García le exhibió las fotos de la mudanza”.

Fajardo anunció que presentaría una denuncia en Fiscalía para que se investigara el origen de las fotos difundidas por WhatsApp. Y a su vez Fiscalía indagará un posible mal uso de dineros públicos”.

Uno de los pocos generales que actuó correctamente contra Gavazzo, aunque significara romper “la omertá de silencio” dentro del Ejército, y cuyas declaraciones fueron deteminantes para acusar a Manini Ríos y solicitar su desafuero, después de una extensa y destacada carrera militar, enfrentara el deshonor de ser acusado por una mudanza.

Desde el principio de esta legislatura, Cabildo Abierto y algunos de sus socios no han vacilado en criticar a la Justicia y sus fallos contra terroristas de Estado; cuestionaron al fiscal Morosoli señalando que actuó por órdenes de su exjefe Jorge Díaz, y ahora pretenden una ley sobre prevaricato, que ya existe, aunque la extenderían a consideraciones de carácter ideológico.

Se trata de deslegitimar todo lo que se oponga a sus designios de impunidad.

Y contra los que se opongan o entorpezcan, la venganza será terrible.



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