Por Joaquín Symonds
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Alejandro Vila, asesor de seguridad del Partido Independiente, ha estado vinculado al tema desde hace muchos años; en el último tiempo, desde un lugar más político.
En el marco de la discusión presupuestal, el tema de la seguridad siempre acarrea polémica, y mucho más luego del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Vila puntualizó que, en este caso, el dinero que destina el gobierno a la temática está lejos de ser suficiente.
En entrevista con Montevideo Portal, Vila abordó el tema de la inseguridad en general, la incógnita de si es o no necesario combatir a los delincuentes y qué tanto importa la prevención, que en estos años ha cobrado especial relevancia.
¿Qué análisis hace del aumento de la violencia?
Sobre los homicidios, es muy pronto para sacar una conclusión. Hubo un día de la semana pasada en que se produjeron seis homicidios en 24 horas y, si le sumamos algunos hechos adicionales, creo que la cifra escaló a dos o tres casos más. Entonces, como en toda cuestión estadística, tenés picos: hay días en que puede no acontecer nada y otros en los que se da un número asociado de eventos. Habrá que ver en el mediano plazo cómo responde, si la cifra se estabiliza o no, desde el punto de vista cuantitativo o metodológico.
Ahora, es preocupante la cantidad de homicidios que hay. El año pasado cerramos con 371 homicidios —el 2024—, lo cual da estabilidad respecto al año anterior, porque hubo una meseta, una diferencia de solo dos homicidios, de acuerdo a los registros. Pero da la sensación de que ahora empezarían a sumarse, junto con los homicidios, otros fenómenos, como las balaceras que se están viendo en determinados barrios periféricos, este conflicto entre bandas que empieza a ser cada vez más fuerte, o por lo menos a hacer más ruido. Y eso, en el balance, es otra señal de alerta que ya venía siendo llamativa desde años anteriores.
¿Hay un aumento de esa violencia que ahora dio un paso más y se metió en la esfera de las autoridades?
Ya venían metiéndose con la autoridad desde hace un tiempo. Hubo un caso muy elocuente, creo que fue por allá por 2010, una amenaza de muerte al entonces director de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Guarteche, a quien le enviaron dos sicarios desde México para asesinarlo. Felizmente se tomaron los recaudos necesarios, se dio seguimiento al evento y no terminó en mayores complejidades.
Pero, a lo largo del tiempo, si uno revisa las noticias, podemos ver otros casos: creo que fue por 2016 o 2017 cuando hubo un tiroteo en una dependencia de Investigaciones de Canelones, en Las Piedras; se produjo el atentado a la Dirección de Drogas no hace tantos años, y también amenazas de muerte a fiscales y al propio director de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.
En el caso de la fiscal general de la Nación, ya tenía amenazas —ella misma lo ha dicho en varias oportunidades—, pero ahora lo que termina pasando es que se materializan con un caso concreto, violando la seguridad que tienen los fiscales, particularmente los de Crimen Organizado o de Delitos Económicos. Y, bueno, ahora rompe con este atentado concreto.
¿Y ahí qué medidas cree que se deben tomar?
En todos los lugares del mundo, y particularmente en América, los fiscales que trabajan en temas complejos tienen custodia policial en forma permanente. Yo creo que hay dos o tres medidas que hay que tomar de manera inmediata.
En primer lugar, un fiscal no puede estar expuesto a vivir donde quiera. Por supuesto que es una decisión personal, pero en determinados lugares deberían vivir en barrios privados o en zonas inaccesibles para cualquier ciudadano común. No puede vivir en bulevar Artigas y Maldonado para que pase alguien y le tirotee la puerta de la casa: tiene que vivir en un lugar donde la custodia perimetral y la seguridad sean mucho más fuertes.
Por otra parte, hay que incrementar los niveles de seguridad en cuanto a la cantidad de efectivos. Es complejo, porque esto es como el viejo dicho de la sábana corta: los policías que sacás de un lado para poner en otro los tenés que sacar de algún sitio, y eso también genera un problema.
Creo que llegó la hora de tomar ese tipo de recaudos. Además, hay que fortalecer la inteligencia estratégica del Estado para trabajar más fuertemente con estos grupos criminales, que van a seguir por un largo tiempo en nuestro país, y que en cierta medida van a tratar de buscar medidas alternativas a los atentados que han tenido hasta la fecha, en la medida en que el Estado no ceda ante los reclamos que ellos están haciendo.
Por ahí creo que vienen las principales estrategias. Hay que seguir trabajando en la capacitación y entrenamiento de esos funcionarios, etcétera.
¿Seguirá escalando la criminalidad?
Creo que la criminalidad está escalando gradualmente. Primero empiezan con amenazas, después con medidas un poco más simbólicas, luego la violencia se incrementa hasta los niveles que vimos en estas últimas horas, y después seguirán otras medidas.
Hay señales, porque en la medida en que comenzás por la más drástica —asesinar al fiscal general de la Nación—, implica que todo el aparato del Estado va a salir en represión directa del grupo criminal que cometió el atentado.
Por lo tanto, a veces es, a mi forma de ver, una medida gradual para ir dando señales e ir amedrentando a la gente, a ver si hay un cambio en las políticas o medidas que están aplicando.
La seguridad que estaba montada era acorde a lo que hasta la fecha ocurría. Creo que, a partir de ahora, las medidas se van a extremar un poco más, y veremos cómo se desarrolla en los próximos meses.
Seguramente hay una cierta profesionalización, aunque todavía no está del todo claro. Estamos siguiendo día a día las noticias sobre quiénes fueron los que perpetraron el hecho. Después tendremos más elementos de juicio para hacer una proyección.
¿Cómo ve la marcha del Ministerio del Interior?
Bueno, el Ministerio del Interior desde hace muchos años viene haciendo —por los sucesivos gobiernos, independientemente del color partidario— muchas modificaciones. Si uno saca una foto de lo que era la Policía en la década del 90, no tiene nada que ver con la que existe hoy.
Tenemos una Policía mejor remunerada, mejor vestida, más tecnificada y profesionalizada. Yo conocí una Policía que te preparaban en tres meses, de los cuales un mes y medio no había profesor para darte las materias. Hoy en día la tendencia es a tener un ciclo completo de formación básica de un año.
Ni que hablar de los niveles más altos de la organización, que tienen formación de carácter universitario o terciario, con posgrados inclusive.
La tecnificación también se ha dado: hace 30 años había 100 vehículos en Radiopatrulla para prácticamente toda el área metropolitana y, cuando se rompían, llegaban a salir solo el 10% de la flota. Hoy en día tenemos vehículos policiales en casi todos los barrios; no digo en todas las esquinas, pero se ven con frecuencia. Entonces, uno ve una mayor inversión y niveles de profesionalización superiores.
De todos modos, los cambios sociales han sido tan abrumadores que parecería que el ritmo de las inversiones —ya sea en tecnología o en efectivos—, que siguen una tendencia aritmética, no crecen en progresión geométrica y resultan insuficientes para el tipo de criminalidad que se avecina.
¿Se puede revertir? Yo creo que sí, que se pueden revertir algunas de estas tendencias. Lo que pasa es que implica medidas que no siempre son tan populares. Cuando me refiero a “populares”, hablo de niveles de inversión muy fuertes o en algunos segmentos que no necesariamente tienen que ver con la Policía, sino con otras políticas del Estado, como la rehabilitación carcelaria y asuntos vinculados a las poblaciones más vulnerables, que sabemos que son más propensas a ingresar en el mundo de la criminalidad y que no cuentan con la legitimidad de toda la población.
Sí, y cambios en la fisonomía de la ciudad, como en Cerro Norte.
Curiosamente, ayer pasé lateralmente por Cerro Norte y me encontré con un camión de la Guardia Republicana con varios efectivos y un blindado; eran las 11 de la noche. Por lo menos, noté la presencia. Es posible que haya lugares donde los niveles de inseguridad hayan aumentado significativamente.
Creo que este ministerio lo que está buscando —por lo menos con la convocatoria a este diálogo y la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública con una proyección superior a cinco años— es buscar legitimidad y la participación de otros actores sociales, particularmente todos los partidos del sistema y algunas instituciones.
En estas reuniones, están participando muchos organismos internacionales: la CAF, Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas, entre otros. Hay incluso la Agencia para el Control de Armas y organismos que monitorean temas de drogas, viendo si se pueden aplicar políticas concretas que incluso sean replicables en otros lugares del mundo en caso de ser exitosas.
Esa es una ventaja que se le puede ver a esta administración en estos primeros meses. De todos modos, todavía no hay nada concreto más allá de algunos cambios operacionales y del recambio de autoridades, que suele coincidir con los cambios de gobierno.
Puede que el ministro, por su impronta o estilo, haya dado esa sensación de vacío, pero eso quizás responda más a su forma personal de conducir que a una impronta establecida a largo plazo. Es muy pronto todavía para evaluarlo.
¿En el Presupuesto ve una prioridad marcada hacia la seguridad?
Sé que en los últimos días, producto de lo que pasó, se supone que va a haber algunas reasignaciones. No sé en qué quedó, pero da la sensación de que es una prioridad del gobierno.
En estas horas, el presupuesto está prácticamente en elaboración. Se está votando en este mismo momento en la Cámara de Diputados el proyecto, donde hay visiones bastante encontradas incluso entre los partidos.
El presupuesto destinado a la seguridad es muy poco, como ha sido poco el presupuesto en general. Da la sensación de que muchas de las promesas de campaña que se han cumplido no están teniendo correlato presupuestal en esta ley que se está presentando.
Hay alguna asignación para el Plan Nacional de Seguridad Pública, pero recién para el ejercicio 2027 y 2028; no se ve en el corto plazo. Hay una inversión para 500 operadores penitenciarios y 500 policías para el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero no hay personal técnico asignado. Independientemente de eso, esa asignación de mil efectivos es muy poca.
Nosotros hablábamos el otro día con el sindicato de operadores penitenciarios y, en ocasiones —y esto no es para dudarlo—, un solo operador está a cargo de un módulo entero. Entonces, no da la sensación de que haya una gran inversión en seguridad. Habrá que ver cuánto de eso responde a la cuestión económica y cuánto al diseño de las políticas de seguridad en sí.
Por Joaquín Symonds
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