Desde marzo de este año, que el proyecto aprobado en diputados con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI está en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado como una astilla clavada en la mano de la coalición.

Mientras la discusión en la cámara alta avanza lentamente, la discusión mediática entre los dirigentes oficialistas baja los decibeles y encuentra nuevos argumentos, sobre todo por parte de blancos y colorados que siguen sin querer votar afirmativamente el proyecto, y el presidente Lacalle Pou no ha vuelto a mencionar su intención de vetarlo si llega a ser aprobado.

 

Negativas institucionales

El Ministro de Ambiente, Adrián Peña, sigue como desde que se presentó el proyecto, planteando su rechazo al mismo.

Peña mencionó durante su comparecencia en la comisión el pasado 1º de julio que su ministerio “no ve positiva la aprobación del proyecto de ley tal como está presentado” y se preguntó si es necesaria una ley.

Asimismo, el ministro señaló que “con los números que se tienen en la actualidad”, Uruguay podría aumentar en unas 500.000 hectáreas su actual producción forestal. “Entendemos que es una doble limitación y atendiendo a lo que hemos hablado en cuanto al sector forestal, parece una restricción muy importante para el desarrollo de este sector”, indicó. En palabras de Peña, la legislación en discusión “supone un cambio de reglas en un sector que necesita mucha inversión y que tiene ciclos de largo plazo”.

Ante ello, el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto expuso que no es el caso, dado que el proyecto no es retroactivo. “Nadie piensa tocar un contrato”, aseguró, y agregó que, de las 1.100.000 hectáreas forestadas en Uruguay, hay 300.000 que están fuera de prioridad forestal. “Simplemente se intenta redireccionar un modelo forestal”, explicó.

A la vez, ante la consulta del legislador Menéndez sobre cuántas hectáreas conforman aquellos proyectos de menos de 100 hectáreas de forestación que no pasan por el Ministerio de Ambiente ni por la Dinama, Peña respondió que no hay idea de cuántas hectáreas son exactamente. El ministro añadió que “hay alguna información preliminar, pero como no hay determinadas obligaciones para su registro, seguramente haya un subregistro, y planteó que la información habla de 28.000 hectáreas”. Asimismo, Peña coincidió con el espíritu de la legislación de que “es momento” de que las mismas estén bajo la órbita del Ministerio de Ambiente.

Durante su visita, Peña señaló que “la producción forestal no supone uno de los problemas más importantes que Uruguay tiene” respecto a la contaminación ambiental. Aunque reconoció que “la inquietud que se manifiesta en el proyecto de ley se puede reconocer”, dijo que “hoy no podemos afirmar que Uruguay tenga un problema ambiental, al contrario”.

Sin embargo, Raúl Viñas, magíster en Ciencias Meteorológicas, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa e integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable), señaló en conversación con La Mañana que “la plantación masiva de árboles en forma de monocultivo por supuesto que tiene efectos ambientales importantes a pesar de que la propaganda del lobby forestal procura ocultarlo”.

El exministro de Ganadería Carlos María Uriarte había sido citado por la comisión para el pasado 17 de junio, pero allí planteó no abordar la discusión del proyecto y volver a agendar su comparecencia, pero en ese lapso fue removido de su cargo.

 

La visión de Mattos

El 15 de julio la Comisión de Ganadería del Senado recibió al novel ministro Fernando Mattos acompañado del equipo ministerial.

El encargado de brindar a la comisión el informe técnico sobre la situación de la forestación en Uruguay fue el director de la División de Evaluación e Información de la Dirección General Forestal, ingeniero agrónomo Leonardo Boragno.

Entre los elementos más destacables que expuso en la comisión resalta que “la ley forestal 15.939 ya lleva 33 años desde su implementación, han pasado siete gobiernos –actualmente estamos en el octavo–, han pasado tres partidos de gobierno distintos y la ley ha mantenido sus objetivos que eran la promoción del sector forestal productivo y la conservación del bosque nativo.

Hay un primer mito al que, con frecuencia, se hace mención y que dice que es una ley estática, pero la verdad es que consideramos que es todo lo contrario; pensamos que es una ley en continua transformación. Ha habido más de 27 decretos reglamentarios y leyes asociadas que han ido modificando y acompañando el desarrollo del sector. En ese sentido ha habido modificaciones en definiciones de suelos de prioridad forestal, beneficios tributarios, reglamentación de trabajo, control de incendios y otras relacionadas con el bosque nativo.

¿Cuáles han sido estas fortalezas que ha tenido el sector forestal? Podemos destacar la solidez institucional y el marco político-jurídico estable propicio para las inversiones. Esto ha permitido el desarrollo y el alcance que ha tenido y, en comparación con otros países vecinos que no tienen el mismo marco, en Uruguay se ha podido desarrollar de la manera que todos conocemos.

Otra ventaja comparativa que ha tenido el sector es la ubicación geográfica, el alto nivel cultural de la gente, el alto nivel técnico en conocimiento y experiencias en disciplinas intervinientes, tanto en la ingeniería agronómica y forestal, en la ingeniería civil y en la informática, biología y tecnicaturas aplicadas al universo de los puestos de trabajo. Además, en estos treinta y tres años, hemos tenido mucho desarrollo en lo que es investigación. No es lo mismo la forestación original de los años noventa, que la que actualmente tenemos.

Algo a destacar en las plantaciones forestales es que más del 95 % de las plantaciones forestales cuentan con certificación internacional, tanto FSC como PEFC. Si miran ahí la cifra de casi 1:000.000 de hectáreas de certificación en FSC y 543.000 en PEFC, vemos que algunos montes tienen doble certificación, lo que garantiza la gestión forestal sostenible y la cadena de custodia de los productos provenientes de los bosques, lo que representa una garantía de trazabilidad y de sostenibilidad de los procesos respectivos.

También es relevante mencionar que en 2004 se elaboró, en conjunto con instituciones públicas y privadas, el primer código de buenas prácticas, que es una guía, algo a tener en cuenta y las distintas empresas lo han incorporado a sus procesos.

Otro mito que existe es decir que se puede plantar en cualquier lado, y acá traemos dos marcos normativos que nos acompañan desde hace unos años: uno relacionado con la regulación ambiental del Ministerio de Ambiente que fue mencionado hace dos semanas en la presentación del ministro Peña y su equipo. Nos basamos en las regulaciones ambientales del Ministerio de Ambiente a través de la Ley 16.466, de Evaluación del Impacto Ambiental, que establece que, a partir de 100 hectáreas, se debe contar con una autorización ambiental previa antes de proceder a la plantación. Para ello fueron definidos ciertos criterios donde se consideran los impactos ambientales en relación con la aptitud natural de los suelos, los ecosistemas naturales presentes y la cobertura forestal en la cuenca y su incidencia en el patrón de escurrimiento. Recordarán lo que el ministro Peña mencionaba en su comparecencia sobre las cuencas nivel 2 y nivel 3, con coberturas de 30% y 40% permitidas. También se hizo referencia a lo que es el patrimonio histórico y cultural, incluyendo los valores paisajísticos. Con esos criterios, se evalúa si el impacto es significativo y aquellos que sí lo tengan deberán presentar un estudio de evaluación de impacto ambiental. Recordarán también lo de la categorización en A, B y C”.

 

Duelos retóricos

El senador Guillermo Domenech que se ha convertido en la espada del proyecto en la comisión catalogó de inocua el panorama de la forestación planteado por el ministerio y cargó las baterías sobre por qué a su entender no debe expandirse territorialmente la superficie forestal.

“Creo que lo cierto es que esta ley forestal de 1987 pretendió que la forestación se radicara –como dice la disposición– en suelos que no tengan otra utilidad que la forestal. Hay 4.000.000 de hectáreas que hasta el momento –y de acuerdo con los conocimientos técnicos de que se dispone– cuentan con esa calidad y no veo la necesidad de que se extienda fuera de esa franja de suelos. Es más, diría que si en 30 años no llegamos a un 1.500.000 de hectáreas forestadas y hay 4.000.000 con aptitud forestal, según este proyecto de ley no hay ninguna limitación real a la forestación en estas tierras.

Por otro lado, quiero referirme a algo que, en realidad, es lo que más me interesa. Se ha hablado del tema del impacto social. La verdad es que dispongo de unas planillas con información de la Opypa sobre la Encuesta Continua de Hogares, de la que resulta que la forestación ocuparía a 11.646 personas; la ganadería, a 75.574; la hortifruticultura, a 25.202, y los cultivos agrícolas, a 13.575. O sea que podemos decir que el impacto del trabajo en la forestación, comparado con el de otras actividades, no es tan grande. En consecuencia, no veo por qué esta actividad, que genera menos trabajo que la horticultura, que la ganadería y que la agricultura, debería expandirse a tierras que pueden ocupar, particularmente, la agricultura y la lechería.

También tengo algunas cifras sobre la ocupación, ya que está tan de moda esto de preocuparse por los temas de género. En la forestación, el 90% –dice este informe de la Opypa– son hombres y el 10%, mujeres; en la ganadería, el 76% son hombres y el 23%, mujeres; en la agricultura, el 77% son hombres y el 22%, mujeres. O sea que el impacto social es un poco relativo. Puede ser que tenga un impacto importante para los grandes intereses económicos que rigen el mundo, pero no sé si lo tiene tanto desde el punto de vista social. ¿Cuál es el porcentaje de no registro de la forestación? Es un 45%; la ganadería tiene un 22% y la agricultura, un 28%. Creo que la forestación, en materia de impacto social, tiene mucho que corregir todavía”.

Elevándose el debate como sucedió con motivo de aprobarse el proyecto en el plenario de diputados entre Ope Pasquet y Eduardo Lust, el nacionalista Da Silva salió al cruce de Domenech espetándole: “En esta comisión, terratenientes hay uno solo y es el senador preopinante (Domenech), y nos acaba de hacer una revelación en cuanto a que la tierra de él no es de él, sino de la humanidad, o sea que lo que figurará en la versión taquigráfica va a quedar como una frase para la posteridad”.

La respuesta del ministro Mattos alineada con la postura del Poder Ejecutivo fue clara: “Entiendo que la limitación productiva se da de frente con los objetivos del ministerio, porque este es el ministerio de la promoción de la producción, del desarrollo rural (…) la posición de este ministerio en general es contraria a la ley y así se ha manifestado también el Poder Ejecutivo. Ahora bien, frente a lo que se ha comentado aquí –tal vez me salga un poco del renglón de las preguntas del senador–, quiero decir que nosotros tenemos hoy para un proyecto forestal tres ámbitos donde se considerará su viabilidad: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente y las intendencias, porque rige también la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Claramente allí hay varios factores que propenderán a limitar. Y cuando se nos pregunta sobre cuáles son las proyecciones de crecimiento o de avances, entendemos que la curva mostrada aquí de moderación del incremento del área se deberá sostener. Fíjense que en las otras etapas de construcción de las plantas de celulosa había un repique, un aumento, y esto no se está dando en pleno proceso de influencia porque se supone que sobre fines del próximo año la planta ya estará operativa. Esto quiere decir que una planta de las dimensiones que tiene UPM 2 requiere prácticamente entre 250.000 y 300.000 hectáreas de aprovisionamiento, que ya fueron previstas. Es decir que la empresa no construye esa planta sin tener la masa forestal disponible ya establecida”.

 

La visión de los forestales

La Sociedad de Productores Forestales (SPF) encomendó un estudio a la consultora Exante sobre la realidad del sector, comparándolo con otras actividades agroindustriales como la soja, carne, lana y lechería.

La comparación se hizo rubro a rubro registrando su productividad por hectárea.

Para el año 2024, 2.969 dólares de valor de producción por hectárea, siendo de 2.134 dólares en la actualidad.

La presentación del estudio coincide con los tiempos de acercarse una posible definición sobre el proyecto de ley e intentando demostrar con números que este sector productivo se ha ganado su espacio entre los más importantes rubros agroindustriales.

Superficies (informe MGAP)

Hay 4.210.000 hectáreas de suelo de prioridad, lo que representa hoy en día el 24% del territorio nacional.

En la cartografía 2018, la superficie registrada era de 1.034.712 hectáreas, lo que representaba un 5,91%.

En la cartografía 2021 podemos decir que en el período comprendido entre 2018 y 2021 se forestaron 44.258 hectáreas, lo que totaliza, a 2021, 1.078.970 hectáreas, que es un 6,16% del territorio.

Cuando vemos esas 44.000 hectáreas de los últimos tres años, podemos decir que el incremento anual, en promedio en nuestras áreas destinadas a la forestación, es de 15.000 hectáreas efectivas anuales.

Estas no son plantaciones netas, sino áreas nuevas destinadas al uso forestal.

Al principio se dio una curva importante, un incremento acelerado de las plantaciones hasta el año 2000, alcanzando casi las 57.000 hectáreas en 1999 y 2000, y luego, cuando empieza la reforestación de los montes, comienza a bajar hasta el año 2000 en el que, por la crisis económica, hay un descenso importante. Luego, en 2007, con la apertura de UPM, empieza otra vez un crecimiento en las áreas nuevas y más adelante, entre 2011 y 2012, cerca de la apertura de Montes del Plata, también hay un incremento. Hoy estamos en una meseta de cerca de 15.000 hectáreas efectivas por año cuando analizamos estas 44.000 hectáreas forestadas de enero de 2018 a enero de 2021 a nivel departamental.

En cobertura forestal a nivel departamental, hay cuatro departamentos que tienen una superficie forestada por encima de las 100.000 hectáreas: Paysandú que tiene un 9% de cobertura; Río Negro, un 14%; Rivera, un 15%; y Tacuarembó, un 8%.

 



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