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El Consejo Fiscal Asesor (CFA) presentó este jueves su
informe semestral sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural (RFE) al
cierre del año 2024.
El CFA es un órgano “de carácter técnico, honorario e
independiente” que asesora al MEF en materia de política fiscal, establecido por
el artículo 210 de la ley de urgente consideración (LUC) aprobada en el actual
período de gobierno de Luis Lacalle Pou.
Los consejeros Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós,
secundados por el secretario ejecutivo Ignacio Umpiérrez, consideraron que el
cálculo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “se ajustó a
la metodología vigente”.
Sin embargo, se indica que en 2024 el gobierno “incumplió”
la regla fiscal, destacada como “un avance significativo para la institucionalidad
fiscal”.
“Por primera vez desde la creación de la nueva
institucionalidad fiscal en 2020, se observó en 2024, simultáneamente, un
incumplimiento en las metas indicativas de los pilares 1 y 2, y la activación
de la cláusula de salvaguarda del pilar 3 de la regla fiscal”, señala el informe.
La regla fiscal tiene tres pilares fundamentales para su
cumplimiento, según lo establecido por las autoridades de la cartera: resultado
fiscal estructural (aplicado al Gobierno Central y Banco de Previsión Social
medido en relación al Producto Interno Bruto y depurando ciclos económicos),
egresos primarios (medidos en dólares corrientes) y endeudamiento neto (medido
en dólares corrientes).
En ese sentido, el CFA dice que, en cuanto al primer pilar,
“el RFE se ubicó en -3,7%”, que es “0,8 puntos porcentuales del PIB de desvío
respecto a la meta de -2,9% fijada en la instancia de cierre fiscal 2023
(febrero de 2024)”.
Sobre el segundo pilar, también se sobrepasó el máximo indicado.
“La variación del gasto primario real del GC-BPS fue de 4,7%, por encima del
tope asociado al crecimiento del PIB potencial estimado y vigente para 2024 de
2,8%”, explica.
Con respecto al tercero, el consejo sostiene que se utilizó
el “50% de la holgura” de la cláusula de salvaguarda activada, que llevó “el
tope legal de endeudamiento de US$ 2.300 millones (RRCC 2022) a US$ 2.990
millones”, ya que el endeudamiento neto cerró en US$ 2.644 millones.
Sobre este punto, el órgano asesor expresa su “desacuerdo”
con el uso de la salvaguarda, ya que critican que fue motivada “por ‘sustanciales
cambios en precios relativos’”.
“El CFA entiende que no es conveniente, desde un punto de
vista institucional, la activación de la cláusula de salvaguarda en 2024 dado
que la ambigüedad asociada a su justificación podría llevar, en el futuro, a
invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula, lo que potencialmente
desvirtuaría la naturaleza de un instrumento valioso como lo es una cláusula de
escape para una regla fiscal”, asevera el documento.
Además, se sostiene que los cambios en precios relativos no
fueron “sustanciales” visto “desde una perspectiva histórica”, y que ya se
tenía conocimiento “al inicio del ejercicio y al presentarse la Rendición de Cuentas
de 2023 (junio de 2024), y por tanto, no debería ser considerado como un evento
inesperado”.
Acerca del “incumplimiento de las metas fiscales”, el informe
del CFA afirma que el gobierno cometió “errores de pronóstico en la estimación
de la inflación (para 2023 y su efecto de arrastre hacia 2024) y su impacto en
la recaudación nominal de la DGI [Dirección General Impositiva], así como la
propia menor recaudación real del organismo”.
“En ese contexto, si bien el gasto nominal se mantuvo en
línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas de 2022 (junio de 2023), la
política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos estructurales de esa evolución
adversa de la recaudación, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de
reacción en el año electoral”, agrega.
Así, aseguran que este “incumplimiento” es “una señal de
preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un
nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda
bruta sobre PIB”.
El CFA también dio lineamientos fiscales de cara al 2025,
caracterizado por la transición de gobierno el 1° de marzo, cuando asuman las
autoridades de la Administración que encabezará Yamandú Orsi.
“El CFA considera que en un marco quinquenal móvil de
proyecciones, la política fiscal en 2025 debería guiarse por los objetivos
establecidos en la Rendición de Cuentas de 2023 (junio 2024)”, indica.
En esa línea, se recomienda una “meta indicativa” de RFE
del -3,0% del PIB y “un tope de crecimiento al gasto primario real del GC-BPS”
del 2,5%.
Con respecto al tercer pilar, de endeudamiento, el consejo
no lo ha definido.
“Sobre la programación fiscal del Presupuesto Nacional
2025-2029, el CFA señala la importancia no solo de apuntalar el enfoque
estructural de las finanzas públicas, sino también de adoptar un criterio de
prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto
permanente al alza en el gasto y/o a la baja en los ingresos”, sentencia el
CFA.
20_02_2025_CFA_ Informe Sob… by Montevideo Portal
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