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El Movimiento de
Participación Popular (MPP) emitió un comunicado este miércoles en el que le
presentó al Frente Amplio (FA) una serie de medidas para “mejorar la vida de
los uruguayos” y “mitigar” el impacto de la inflación en nuestro país. En el
texto, el sector de la coalición de izquierdas entiende que en los últimos años
y en particular de forma más acelerada en los últimos tiempos, los uruguayos “estamos
viviendo un fuerte deterioro” del poder adquisitivo.

“La inflación, la
carestía y los ajustes salariales por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC)
son una realidad en un país que hacía tiempo no sufría una crisis como la que
se vive. Lo curioso de las crisis es que estas no son una novedad para nuestro
país. De hecho, durante los quince años en que gobernó la izquierda, hubo que
superar una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, como fue la
crisis del 2008”, señala el texto.

“¿Se puede hacer
algo desde el gobierno cuando existen problemas específicos que afectan la vida
de las personas? ¿O es el mercado el que debe regularlo todo? En estas dos
preguntas queda en evidencia lo que diferencia nuestra fuerza política del
gobierno. El gobierno entiende que todo debe ser regulado por el mercado y que
el Estado debe ser un actor secundario ante las coyunturas económicas”, agregaron.

En este sentido, el
MPP señala que la “situación no da para más” y que las medidas impulsadas por
el Poder Ejecutivo son “apenas parches” que pretenden “alivianar” un contexto como
si fuera “coyuntural”, cuando en realidad entienden que “no es así”.  

En cuanto a las
medidas, la fuerza política entiende que la principal es para “mejorar las
condiciones de vida”, que tiene que ver con “recuperar la pérdida de ingresos
de los trabajadores y jubilados”, verificada, según entienden, mediante la
convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan la recuperación
del sector y otorgar aumentos especiales para funcionarios públicos y pasividades.

“En particular,
otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos
sectores que tuvieron un desempeño extraordinario en el último año, con
ganancias extraordinarias debido al alto precio de su producción”, solicitaron.

Además, pidieron reducir
el IVA en productos de la canasta básica, el supergás por un período no menor a
seis meses con las siguientes características: conjunto amplio de bienes de la canasta
básica, no solamente aquellos que tengan impacto en el IPC y el supergás; para
compras realizadas con medios electrónicos de pago (tarjetas de débito, crédito,
tarjetas Mides u otro instrumento del Mides), de esta forma se asegura que la
rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de
ganancia; y un mayor porcentaje de descuento de IVA en instrumentos de pago de Ministerio
de Desarrollo Social (Mides), como forma de focalizarlo en los más afectados
por la suba de precios.

Asimismo,
solicitaron ajustar mensualmente el monto de transferencias realizadas por el
Mides, en todos sus instrumentos de acuerdo con el incremento del IPC; eliminar
el IVA en el gasoil de todo el transporte y en la producción, con una posible
ampliación a sectores que tienen devolución de IVA del gasoil; crear un Fondo
de Estabilización de Precio de los Combustibles, con cargo a Rentas Generales para
amortiguar el impacto de la suba de los combustibles. De esta forma no sería
afectada la rentabilidad de Ancap ni la regla del Precio de Paridad de
Importación (PPI).

“Retomar la
contratación de una cobertura de precio de petróleo por parte de Ancap, dando
continuidad a una política de gestión de riesgos. Este instrumento financiero consiste
en un seguro que limita posibles pérdidas ante la suba del precio del petróleo
en los mercados internacionales y de esta forma amortiguar la suba en el
mercado interno de los combustibles”, asegura el texto.

Finalmente, proponen
profundizar las medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera, con el
objetivo de amortiguar las dificultades de competitividad que está sufriendo y
que sufrirá con la apertura plena de fronteras; y lograr la sanción del proyecto
de ley que tiene el objetivo de apoyar a los comercios de cercanía y los
pequeños productores e industriales que están sufriendo competencia desleal con
grandes superficies comerciales.

Por último, señalan
que es importante mencionar que todas las medidas, dada la reducción
significativa del déficit fiscal, “hay espacio fiscal suficiente” y, además, en
el entendido de que serían medidas transitorias, “no afectaría el gasto estructural
y permitiría aliviar el peso de la inflación a los hogares y en el Uruguay
productivo”.

“Estas medidas con
el objetivo de mitigar los efectos de la inflación y de la pérdida de salario
real, podrían complementarse con medidas de reactivación como: medidas de
estimulo a la inversión, con un objetivo específico sobre las pequeñas y medianas
empresas; y medidas de impulso a la infraestructura, incentivando la
participación de pequeñas y medianas empresas en el rubro”, finaliza el
comunicado.

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