La información pasa y se va, pasa y se va, pasa y se va en un viaje compartido con más información, rumores, datos, anécdotas y declaraciones. Pocos hechos se anclan en la memoria colectiva más de un día, una semana; quizás un mes. El resto se diluye.

Hace un año y medio asumió el nuevo gobierno en Uruguay. Desde entonces ocurrieron, al menos, 55 hechos relevantes, que en su momento se señalaron como «hechos aislados». Una mirada panorámica nos muestra el mapa completo a través del tiempo, más allá del suceso.

 

Marzo

En marzo de 2020, pocos días después del comienzo del período de gobierno de Luis Lacalle Pou, el entonces intendente de Soriano por el Partido Nacional, Agustín Bascou, fue imputado por vender ganado que tenía prendado como garantía en el banco Scotiabank, que lo denunció. Fue el tercer delito por el que Bascou enfrentó a la justicia; antes fue por liberar cheques sin fondo y por venderle combustible de su estación de servicio a la intendencia.

A finales del mismo mes algunos directores del Ministerio de Salud Pública (MSP) pusieron sus cargos a disposición por discrepancias con el ministro de la cartera, Daniel Salinas (CA), sobre cómo enfrentar la pandemia por coronavirus.

Y también en marzo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por entonces con Pablo Bartol al frente, le pagó a la familia de la exsenadora Verónica Alonso para alquilar su hotel, impedido de contratar con el Estado, y utilizarlo como refugio para personas en situación de calle. No hubo licitación.

 

Abril

En abril cesaron al gerente administrativo de ASSE, Héctor Garabino, por mandar un correo solicitando información sobre las deudas que el organismo tenía con el Círculo Católico.

La Intendencia de Colonia, con Carlos Moreira al frente, recibió observaciones del Tribunal de Cuentas por violación a artículos constitucionales, del Tocaf y leyes laborales. La intendencia incumplió más de 15 normas legales en su rendición de cuentas de 2018.

El Mides contrató una consultoría de imagen por $ 475.000 para dejar de ser visto como «el ministerio de los pobres», mientras desde el Poder Ejecutivo se aseguraba que se harían recortes y habría una política de austeridad. El profesional elegido, sin licitación ni competencia, fue Daniel Supervielle, encargado de la campaña electoral de Lacalle Pou en 2014.

 

Mayo

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, designó a su hermana, Estela Argimón, como asesora en su despacho del Senado bajo un vínculo de pase en comisión, para «modernizar la gestión parlamentaria».

La vicepresidenta aseguró que no era ilegal, pero, como informó la diaria, el artículo 35 del decreto 30/003 (reglamentación de la ley 17.060, relativa a normas de conducta en la función pública) dice: “Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge. Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno. Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero”.

El mismo mes la senadora frenteamplista Liliam Kechichian informó que dentro del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda se creó el cargo de subdirector y se designó a Daniel García Pintos (CA), mientras se hablaba de recortes y ajustes presupuestales. En junio de 2021 García Pintos renunció a su puesto por diferencias con sus superiores.

Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente Julio María, fue designado para el directorio de UTE. Esta decisión generó tensiones en la interna del Partido Colorado y motivó un intercambio entre Sanguinetti (hijo) y el entonces canciller Ernesto Talvi. El líder de Ciudadanos se negó a firmar la resolución para que Sanguinetti fuera el delegado uruguayo ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y este lo tildó de «petiso acomplejado».

Nicolás Ortiz, diputado suplente del Partido Colorado (sector de Talvi), es uno de los acusados de explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano y suspendido por el comité de ética del partido.

El mismo mes el presidente Lacalle Pou le solicitó la renuncia al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, porque presupuestó a más de 800 funcionarios que mantenían contratos con el ente.

 

Junio

Búsqueda informó en junio de 2020 que el hijo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, Santiago Acuña Argimón, se presentaba como asesor de la presidencia del Senado. De hecho, en una nota institucional publicada por el Ministerio del Interior con motivo de una donación a la cárcel de mujeres gestionada por Argimón, él realizó declaraciones en carácter de asesor.

El mismo mes Sudestada informó que el gobierno contrató al hijo y la hija de dos exministros como asesores y consultores: Juan Andrés Ramírez Saravia y Marcela Bensión Mallo. Además, se produjo el regreso del presidente del Banco Central durante la crisis de 2002, Julio Ernesto de Brun.

Rosario Lourdes Pérez Perdomo, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), fue procesada con prisión en 2008 por un delito de frustración de pago de cheques. Además declaró que «es más fácil que te den planes sociales que laburar»; por ello, su antecesor en el cargo cuestionó la idoneidad de Pérez Perdomo y su postura sobre los derechos humanos.

El mismo mes, en Legítima Defensa informamos que Luis González Machado, director de la Junta Nacional de Salud (Junasa), seguía siendo parte de la empresa privada Farmanuario, que contrata con el Estado. A pesar de la investigación y de que varias organizaciones pedían la renuncia de González Machado por su vínculo con la actividad privada, no se apartó de su puesto hasta 2021.

En Soriano, el edil nacionalista Óscar Daniel Fracuelli Fernández, de la lista 22, fue formalizado por abusar sexualmente de una niña de 8 años. En 2021 fue condenado por atentado violento al pudor en relación con el mismo crimen.

 

Julio

A principios de julio de 2020 ocurrió la primera baja en el gabinete: renunció el canciller Ernesto Talvi (PC). El primer día del mes, a las dos de la tarde, tuiteó su carta de renuncia y escribió: «Ha sido un privilegio servir a los ciudadanos de mi país desde la Cancillería en este tiempo en el que hubo que enfrentar desafíos sumamente complejos». Lo reemplazó Francisco Bustillo.

A mitad del año 2020 el caso del intendente de Colonia Carlos Moreira fue archivado. El jerarca fue denunciado luego de que se viralizaron audios en los que quería «intercambiar» sexo por cargos en la comuna. El padre y la madre de la fiscal Natalia Charquero, que archivó el caso, tienen cargos de confianza del gobierno actual. Su padre trabaja en Recursos Humanos de la UTU y su madre es la directora del Registro Civil.

Otra noticia relacionada con los vínculos familiares fue la relativa a las adjudicaciones que realizó el director de la  Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Gustavo Borsari. Además, Legítima Defensa investigó y demostró que un exasesor de Borsari, Miguel Berón, seguía entrando a la oficina, atendiendo el teléfono y mirando la computadora del organismo estatal aunque ya no tenía un cargo allí.

 

Setiembre

En pleno recorte presupuestal transversal en el Estado, el gobierno anunció que duplicaría el sueldo a los presidentes de los entes. La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, argumentó que necesitaban «a los mejores» en esos cargos. La retribución pasó de 120.000 a 235.000 pesos.

El Observador informó que el director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, firmó un contrato en representación de su empresa privada, Mi Granja, para vender productos en el Mercado Modelo. A los pocos días Chiesa renunció a su cargo en la empresa Mi Granja. Pero, además, es el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo Asesor del Mercado Modelo. El presidente Lacalle Pou dijo en su momento «seguro las dos cosas no se puede ser. De los dos lados del mostrador no puede estar ningún gobernante».

También renunció en setiembre, tras seis meses en el cargo, el jefe de Policía de Flores, Juan Ángel Fontes Echeverría, investigado por presunto encubrimiento en un caso de homicidio desde 2008. El entonces ministro del Interior (MI), Jorge Larrañaga, declaró que la designación «no fue un error» aunque el caso ya estaba en curso.

El mes terminó con otra designación: Carlos Iafigliola, exprecandidato a la presidencia por el Partido Nacional, fue elegido por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, como su asesor en la secretaría del directorio. Iafigliola aseguró que fue Lacalle Pou el que recomendó su designación.

 

Octubre

El «mes del terror» trajo la noticia de que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no atravesaría el desafuero para enfrentar a la justicia por el caso Gavazzo. Luego de afirmar durante meses que no tenía nada que esconder y que enfrentaría a la justicia, el senador cambió su relato por el de la persecución política, se fue de la sala cuando se votó el desafuero y la coalición multicolor lo respaldó.

El mismo mes el alcalde electo de Bella Unión, William Cresseri (PN), reconoció que le consiguió un trabajo a su hija en la Intendencia de Artigas por contactos políticos, sin concurso y de forma directa. Cresseri declaró en Desayunos Informales: «Laburo se necesita, que hay gente que entra y sale a la Intendencia, hay. No sé si lo de mi hija es un acomodo. Entró de forma directa. Siempre entraron por la puerta del fondo todos los funcionarios. Es una práctica que se viene llevando adelante hace años, en todo el país. Que le busquen la solución. No la voy a empezar. Entonces la denuncia por meter a mi hija es cierta sí».

Erode Ruiz, jefe de Policía de Montevideo, pierde su cargo tras reunirse con Gustavo Leal. En ese momento a Larrañaga «no le cayó bien» que Ruiz se asesora con un jerarca del exministro frenteamplista Eduardo Bonomi.

El presidente de AFE estuvo bajo la mira en octubre de 2020 por incumplir los límites de cargos de confianza en el organismo. La OPP había determinado que debían reducirse, pero Miguel Vaczy no lo hizo. Además, Búsqueda publicó que el jerarca tiene denuncias por violencia de género y una orden de alejamiento de su expareja.

La subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la abogada Milena Más, renunció a su cargo. Había asumido el 1º de abril, con el cambio de gestión; antes había sido directora del Instituto Nacional de Criminología.

Y para cerrar el mes se supo que el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue (CA), figura como deudor irrecuperable en el Banco República.

 

Diciembre

A principios de diciembre la diaria publicó una investigación sobre Gabriela Bazzano, directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados. A Bazzano  se la investigó por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo al frente de la asociación civil Seamos, que se dedica a la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica. Ella implementó un plan de «familias articuladas», que consistía en «dar en adopción» de manera ilegal hijos de personas con discapacidad a personas de confianza de la jerarca.

El año terminó con la condena a dos años y medio de presión del presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, el edil Gustavo Viera, por «retribución a menores a cambio de sexo».

 

Enero

El director del BROU por Cabildo Abierto, Pablo Sitjar, no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo por estar embargado por la DGI. «El hecho de que la persona propuesta para dirigir una institución financiera privada tenga un embargo por una deuda por cualquier motivo da mérito al análisis exhaustivo de la situación», dijo el Banco Central, aunque aclara que no puede objetar designaciones a los bancos estatales.

Además, el intendente de Rocha (PN) Alejo Umpiérrez cesó al subdirector de Turismo de la cartera, Julio Calvo, porque realizó fiestas clandestinas durante la pandemia en un hostel de su propiedad.

 

Febrero

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue acusado por «pago de favores políticos a un exproxeneta que milita para su sector, y actualmente trabaja para la comuna contratado por la Fundación A Ganar, vinculada al Partido Nacional», informó M24. Sergio Escobar, «el Zorro», es conocido en el departamento por sus delitos. Se dijo que se trataba de un programa de reinserción con la INR, que negó cualquier articulación. Aunque se aseguró que Escobar realizaba tareas de limpieza, se lo vio acompañando a Olivera en reuniones con distintos jerarcas.

 

Marzo

El 12 de marzo de 2021 Brecha publicó que Isaac Alfie, director de la OPP, le facturó le facturó a la Intendencia de Maldonado más de 2.800.000 pesos por diseñar la política económico-financiera del caudillo nacionalista Enrique Antía entre 2015 y 2018. A pesar de esa planificación «el período cerró con un endeudamiento histórico y duplicó el déficit acumulado recibido del Frente Amplio».

La fundación A Ganar, presidida por María Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas, obtuvo varias licitaciones en distintos departamentos para gestionar recursos humanos de las intendencias, aunque su trabajo se centra en el deporte. Los llamados estuvieron abiertos pocos días y eran todos profundamente similares.

El intendente de Florida (PN) Guillermo López nombró a su hermano como secretario privado pese a la advertencia de la Jutep. López consultó a la junta si existía «incompatibilidad» con la designación de su hermano en algún cargo de confianza, informó Búsqueda. El organismo le contestó que la eventual de Arturo López podía “llegar a producir zonas oscuras” por el artículo 36 del Código de Ética de la Función Pública, el mismo citado en el caso de la hermana de Beatriz Argimón.

El mismo mes Luciano Fernández, edil de Maldonado (PC), dijo que fue «tanteado» para cambiar su voto en la discusión por la aprobación de un fideicomiso departamental. En sesión de la Junta Departamental de Maldonado pidió al Partido Nacional que no le enviara «lobistas» para cambiar su voto.

 

Abril

El presidente Luis Lacalle Pou designó a la hermana de la ministra Azucena Arbeleche, Florencia, en la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinasu) que la Ley de Urgente Consideración (LUC) creó dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

La letra inicial decía que la Dinasu funcionaría en la órbita de Presidencia, pero Cabildo Abierto se opuso porque sería «un ministerio paralelo» al que lleva adelante Irene Moreira. Así que acordaron que quedara dentro del MVOT, pero con personas seleccionadas por Lacalle Pou.

 

Mayo

El 1° de mayo de 2021, día de las y los trabajadores, Lacalle Pou informó por Twitter que cesó al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Lo reemplazó Martín Lema. La decisión se motiva por diferencias en el enfoque político. A un año de asumir, dos miembros del gabinete ya no estaban en sus cargos.

Unos días después Brecha informó que la ministra de Vivienda, Irene Moreira (CA), le preguntó a la presidenta de Ursea, Silvana Romero, si pudo “colocar algún cabildante” en el organismo. “¿Pudiste colocar algún cabildante en la Ursea? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay CV para varios perfiles”, le dijo. Y Romero le contestó: «Sí, a Maru Pereda, la señora de Martín Sodano. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso».

Omar Estévez, diputado de Salto por el Partido Colorado y empresario citrícola, admitió en un audio de WhatsApp que mandó ómnibus con gente contagiada de coronavirus a cosechar naranjas. «Yo tenía Belén (localidad salteña) con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar», reconoció. Y le dijo a una trabajadora preocupada por compartir vehículo con personas contagiadas: «Si querés yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada».

Mientras tanto, en Cerro Largo las esposas de dos alcaldes salieron sorteadas en los Jornales Solidarios, un programa que se creó para generar 15.000 puestos de trabajo para intentar paliar los efectos de la crisis económica y social. Luego de que la noticia saliera a la prensa, el intendente José Yurramendi (PN) informó que les solicitó a las mujeres que se retiraran de esos puestos porque no era «éticamente» correcto.

 

Junio

A mediados de 2021 cayó el tercer ministro cesado de su cargo: Carlos María Uriarte (PC), que estaba al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El anuncio lo realizó Lacalle Pou por Twitter, como sucedió con Bartol. Fue el domingo 27 de junio, fecha conmemorativa por el golpe de Estado de 1973. «En acuerdo @PartidoColorado vamos a designar a Fernando Mattos como nuevo Ministro del MGAP. Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos M. Uriarte por su calidez humana y su compromiso», tuiteó.

El fiscal que investigaba casos de corrupción policial en Maldonado dijo, en junio, que en las escuchas telefónicas realizadas al coordinador de la Jefatura de Policía formalizado aparecía el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, con «solicitudes particulares».

En Rocha, la jerarca departamental Susana Núñez alabó al torturador José Nino Gavazzo con motivo de su fallecimiento. Días después el intendente Alejo Umpiérrez (PN) publicó en sus redes que Nuñéz, responsable del Departamento de Adulto Mayor y Discapacidad, renunció a su cargo.

 

Julio

El edil colorado de Durazno, Edgardo Lerena, condenado por estafa. En julio la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena. Lerena recibió condena de seis meses de prisión por intentar retener el salario de un efectivo de la Fuerza Aérea, informó la diaria.

 

Agosto

Dos meses después de la noticia de las escuchas telefónicas, Germán Cardoso fue cesado de su cargo como ministro de Turismo. Con su caso, son cuatro los integrantes del gabinete anunciado en marzo de 2020 que fueron apartados de sus roles.

A principios de agosto el periodista Gabriel Pereyra informó que la Junta Departamental de Maldonado votó una partida de más de 24 millones de pesos para los ediles, es decir, para ellos mismos. Es inconstitucional que reciban dinero. La sala de abogados del Tribunal de Cuentas sugirió una denuncia penal, pero no se realizó.

El edil blanco de Maldonado Darwin Correa recibió condena por un delito de lesiones personales dolosas a tres meses de libertad a prueba. El martes 20 de octubre de 2020 Correa agredió verbal y físicamente al edil frenteamplista Nelson Lages, que lo denunció. En agosto el caso se cerró.

En Rocha, la junta anticorrupción publicó un informe que reafirmaba las preocupaciones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de la fundación A Ganar (vinculada a De Posadas) porque la subdirectora técnica de la organización es hermana del secretario general de la intendencia, Valentín Martínez. De hecho, él participó en el proceso licitatorio. Ambos son hermanos de Nicolás Martínez, secretario de confianza de Lacalle Pou.

 

Setiembre

Guillermo Dati, asesor de Raúl Montero, presidente de OSE, denunciado por “contrataciones irregulares, abuso de poder y clientelismo”, de acuerdo a un informe publicado por la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose). Varias de las personas que ingresaron, integrantes de una cooperativa, tienen vínculos directos con Dati.

Alfredo Sánchez, alcalde de Florencio Sánchez (Colonia) por el Partido Nacional, fue condenado con prisión por delitos contra la administración pública. La «Operación corruptio» terminó con siete personas condenadas, de las nueve que fueron detenidas (entre las que se encontraban la esposa y los dos hijos de Sánchez). El eslogan de campaña de Sánchez, a quien conocen como el Sucio, era: «El hombre de las mil gauchadas».

Las últimas noticias conocidas involucran a jerarcas de Lavalleja. Primero, el intendente Mario García (PN) fue llamado a sala por autorizar una compensación de 72.000 pesos para su hermano Ariel, que había sido contratado como peón en la anterior administración y ahora es coordinador de Juntas.

Días después,  el edil del Frente Amplio (FA) Mauro Álvarez comentó a la diaria que además de la compensación a su hermano, García también otorgó dinero extra a Gerardo Peña, hermano de la exintendenta Adriaña Peña, y a la exedila Andrea Aviaga.



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