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Tras las declaraciones que dio el dueño de la empresa Cardama, Mario Cardama, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, respondió a sus dichos y aseguró que existe la posibilidad de fraude al Estado Uruguayo.
El titular de la firma aseguró en la mañana de este jueves en el Informativo Carve que las garantías fueron “analizadas y aceptadas por los estamentos del gobierno uruguayo, sus asesores jurídicos y bancarios”. “Nosotros no somos responsables si alguna de estas cosas después es distinta”.
Además, hizo referencia sobre la reunión con la ministra Lazo, realizada el 10 de octubre, donde aseguró: “No se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”.
Ante esto, la jerarca aseguró en una entrevista con Subrayado (Canal 10): “No tenía que advertirle porque no es lo que dice el contrato, esa es una obligación de él, lo que pasa que este señor piensa que las obligaciones no le interesan mucho”. Además, agrego que “tenía que estar atento”, debido a que el titular de la firma había asegurado al Estado que la ejecución de la garantía era a riesgo del constructor.
“Podemos estar ante un fraude, por lo menos todo indica que podemos llegar a eso”, analizó.
Lazo afirmó que desde el gobierno fueron cautos con el análisis del caso, tratando de preservar las cláusulas de reservas que tiene el contrato, pero los informes alertan al Ejecutivo sobre una posible estafa.
La ministra mencionó que previó al anuncio realizado por el presidente Yamandú Orsi en la jornada del pasado miércoles, solicitaron planos de la obra, pero que la respuesta de la empresa fue que en España los planos la calificadora da una certificación preliminar, pero que al finalizar la construcción los planos iban a aparecer.
Por último, aseguró que se “entiende que no” son reales los avances de la obra que han trascendido.
En la noche del pasado jueves, Orsi junto con el secretario y prosecretario de Presidencia –Alejandro Sánchez y Jorge Díaz—anunciaron en conferencia de prensa la rescisión del contrato con Cardama y la presentación de denuncias penales y civiles ante la Justicia debido a que hay “fuertes indicios” de que la compra de dos patrullas oceánicas por la administración de Luis Lacalle Pou por US$ 92 millones sea un “fraude” o una “estafa”.
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