Lavado y corrupción no son temas de campaña electoral

Todas propuestas que revelan la ausencia de una política de seguridad, los desatinos de muchas decisiones, la improvisación de los mandos políticos del Ministerio del Interior y el desconocimiento de lo que la ciencia criminal y social podría aportar.

La política de combate al microtráfico se centró en los barrios marginales. Pero por cada boca que se cierra abren dos. Una para poder pagar la droga incautada, porque sino los torturan o matan, además de los abogados para defenderse, y otra para seguir viviendo. Parte de la ola criminal que venimos viviendo está asociada a esta política.

Mientras, los que ingresan grandes cantidades residen en barrios residenciales y cuentan con estudios jurídicos para armar las empresas que les permiten legalizar el dinero sucio.

Y mediante la LUC el Gobierno flexibilizó las normas antilavado. Así tenemos a centenares de condenados por tráfico y no más de diez condenados por lavado.

Un país donde por ingresar 40 gramos de marihuana a la cárcel te penan con 4 años de prisión efectiva, pero poseer 300 kilos de cocaína se arregla con dos años. O donde por robar comida dos veces vas seguro a la cárcel, pero por robar cinco millones de dólares te penan con prisión domiciliaria seis meses.

Es cierto que jueces y fiscales no hacen las leyes, solo las aplican.

Pero los que en serio quieren combatir al crimen organizado deberían empezar por una revisión del Código Penal.

La experiencia italiana

El crimen organizado, y particularmente la mafia, ha sido presentado como un gran pulpo que tiene miles de tentáculos o como un cáncer de la sociedad. Pero por cierto la mafia no es ni una bestia misteriosa ni una enfermedad incurable.

El juez italiano Giovanni Falcone decía que “la mafia está constituida por organizaciones compuestas por hombres, que acumulan dinero, que organizan tráficos criminales que entrelazan relaciones con la economía, las finanzas, la política y con otros componentes sociales. Entonces hay que desarticular, destruir las organizaciones, detener a los hombres, secuestrar y confiscar todas sus riquezas, intervenir de manera eficaz en sus tráficos y destruir sus alianzas”.

Durante 12 años Falcone logró desmantelar parte de la “Cosa Nostra” y envió a la cárcel a decenas de capos mafiosos. Hasta que el 23 de mayo de 1992 los mafiosos Giovanni Brusca y Nino Gioè, por orden del capo Salvatore Riina, alias “La Bestia”, terminaron con su vida mediante una carga de mil kilos de explosivos colocados bajo una autopista.

La mafia perpetró masacres usando los métodos del terrorismo. Asesinó a once magistrados solo en Sicilia occidental, a ocho periodistas que la investigaban, a hombres y mujeres de la policía y de los carabineros, a empresarios, a políticos, a sacerdotes y a muchos inocentes. En general mataban a cualquiera que osara enfrentarla.

A principios de los 80 se elaboró una nueva estrategia, que empezaba en el concepto de que integrar la mafia es un delito por el solo hecho de ser parte de ella, independientemente de los otros delitos que se cometieran.

Ninguna de las circunstancias reseñadas se dan hoy en Uruguay. No existe un solo grupo criminal bajo mando único. No se ha probado que haya una mafia en el poder, más allá de algunas circunstancias puntuales. Tampoco tenemos asesinatos masivos de autoridades, de policías, de jueces y fiscales, ni de periodistas.

Sin embargo, como nadie está vacunado contra el crimen organizado, hay algunas cosas que el país puede desarrollar.

El fiscal antimafia de Palermo, Antonio Ingroia, que trabajó junto a los jueces Falcone y Paolo Borsellino, recomendaba varias medidas para enfrentar al crimen organizado. Entre ellas:

– Intercambio de experiencias entre las autoridades de los diferentes países, con el propósito de aprender de los conocimientos de otros y corregir errores de cada uno de los sistemas de las naciones.

– Coordinación de acciones entre los distintos Estados, a través de oficinas de información de las Policías y Fiscalías de cada país.

– Contar con personal especializado y bien pagado para poder enfrentar a los grupos criminales.

Ingroia era consciente de las dificultades que representaban para el sistema de justicia la existencia de testigos protegidos, colaboradores y agentes encubiertos. Mucho más en países pequeños como el nuestro, donde todos nos conocemos.

Muchas normas, poco control de lavado

Un viejo chiste explica que la mejor forma de esconder un elefante es en una manada de elefantes. Algo que se aplica a las normas uruguayas. Estamos llenos de normas, decretos y leyes, además de varios organismos de contralor. Sin embargo, los controles brillan por su ausencia y se basan en la buena fe.

Y buena fe es algo que no tienen los individuos o grupos criminales. Por ejemplo: basta que un casino le pague en efectivo a un apostador y le otorgue una carta certificando que el dinero se ganó legalmente. Ni hablar si le paga con un cheque. De ambas formas y “de buena fe” se podría legitimar dinero ilegal. Nadie controlará ni investigará.

Hasta que aparece una señora que juega casi ocho millones de dólares que le había robado a una importante empresa automotriz. Nadie del casino averiguó que esa señora jamás podía tener ese dinero y por supuesto nunca se hizo un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). O hasta que una ejecutiva del Banco Heritage se robó unos 20 millones de dólares propiedad de argentinos que no podía justificarlos legalmente y se traían ilegalmente a Uruguay. El banco recién en el 2017 se enteró que lo habían robado durante algunos años. Los controles del BCU brillaron por su ausencia.

Un reconocido club de basquetbol se financió, tal vez sin saberlo, con ese dinero ilegal.

El escribano Antonio Zoulamián, exdiputado herrerista, robó unos 15 millones de dólares a personas que, por conocimiento o amistad, le habían confiado su dinero a cambio de un interés. Con ese dinero adquirió varias propiedades a nombre de testaferros. Un ejemplo para la política uruguaya.

Durante por lo menos 17 años, Cambio Nelson, propiedad del fallecido exsenador colorado Wilson Sanabria, violó las normas bancocentralistas al tomar dinero y colocarlo, actividad prohibida para las casas cambiarias. Con ese dinero construyó un holding empresarial que abarcaba campos, empresas de transporte, rentadora de autos, inmobiliaria, varias emisoras de radio, construcción de edificios, venta de autos 0km., entre otros. Nunca se precisó la cifra del desfalco que provocó el cierre de Cambio Nelson, a cuyo frente estaba el diputado colorado Francisco Sanabria, hijo del fundador.

Más curioso es que el contador Humberto Capote, que en 1999 como presidente del Banco Central firmó la adjudicación del permiso para abrir el Cambio y un año después se convirtió en contador de la empresa, jamás informó al BCU sobre la operativa ilegal.

Un cambio de Piriápolis sirvió para desviar fondos de la ejecutiva del Banco Heritage y también para las maniobras del empresario argentino Marcelo Balcedo.

Y un cambio de Salto se usó para que el asesinado empresario Gonzalo Aguiar recibiera dinero desde Canadá, que estafó a sus socios. Todos nos enteramos a partir de su muerte.

El comisario español José Manuel Villarejo lavó millones de dólares en Uruguay, producto de actividades delictivas en su país. Acá se dieron cuenta cuando estalló allá.

Lo mismo ocurrió con el caso Zaplana y las coimas pagadas al Partido Popular español. Dinero escondido en Uruguay gracias a un “prestigioso estudio jurídico”.

Nadie puede asegurar que sean legales los aproximadamente dos mil millones de dólares invertidos en cuatro años en el sector inmobiliario de Punta del Este. Tal vez lo sean, tal vez una parte importante no. Pero nadie los investigó.

Todos los casos reseñados, unos pocos en decenas, fueron descubiertos por una maniobra delictiva posterior.

Los controles no sirvieron porque la buena fe no existió y las obligaciones no se cumplieron. Y por si fuera poco, el Gobierno flexibilizó las normas antilavado.

¿Por qué se debe combatir el lavado de dinero?

El lavado de dinero es un delito complejo que afecta a la economía de un país. En los últimos 30 años Uruguay ha sido testigo de la evolución de sofisticadas técnicas utilizadas por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de su dinero. Todos los expertos coinciden en que este fenómeno plantea desafíos significativos para las autoridades gubernamentales y para el sector financiero en su conjunto.

Las actividades de lavado de dinero son variadas y sofisticadas. Desde el narcotráfico hasta la corrupción política, el fraude financiero y el contrabando, los delincuentes utilizan una variedad de métodos para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Estos métodos incluyen el uso de empresas fantasma, transacciones financieras complejas, transferencias internacionales y la inversión en sectores legítimos de la economía.

Es una actividad ilegal que implica el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción, el fraude o el terrorismo, en apariencia de origen legal. Es fundamental combatir el lavado de dinero por varias razones:

• Financia al crimen organizado: el lavado de dinero proporciona los recursos financieros necesarios para que el crimen organizado opere y expanda sus actividades ilícitas, lo que puede incluir el tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión y el terrorismo.
• Impacto económico: distorsiona la economía al introducir dinero ilegal en el sistema financiero, lo que puede afectar la estabilidad y la integridad del mercado así como la competitividad empresarial.
• Corrupción y debilitamiento del Estado de derecho: está estrechamente relacionado con la corrupción y el soborno, ya que aquellos que buscan ocultar el origen ilícito de sus fondos a menudo recurren a sobornos y coimas para evitar la detección y el sometimiento a la justicia.
• Daña a la sociedad: puede tener efectos devastadores en la sociedad al financiar actividades delictivas que dañan a personas inocentes y comunidades enteras. Además, puede socavar la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales.
• Seguridad nacional: el financiamiento del terrorismo a través del lavado de dinero presenta una amenaza grave para la seguridad nacional y global, ya que proporciona a los grupos terroristas los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades destructivas.

En resumen, combatir el lavado de dinero es esencial para proteger la integridad de la economía, prevenir actividades delictivas, fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad nacional y la estabilidad económica.

¿Quién controla a los que hacen los controles?

La semana pasada, el fiscal Rodrigo Morosoli, a cargo de una fiscalía de Estupefacientes desde el 2023, dijo a Brecha que “falta una política comunitaria y colectiva” sobre lo que significa el lavado de dinero.

Recordó la frase de un detective de la serie “The Wire”, quien decía: “Si seguís la droga vas a encontrar adictos y narcotráfico, pero si seguís el dinero no sabés qué vas a encontrar”.

El fiscal cuestionó la “política indulgente” de Uruguay que sostiene que acá eso no va a pasar. “Estamos en un continente donde el narcotráfico ha penetrado niveles bajos o medios de la administración pública. No tengo elementos para asegurar que suceda en Uruguay. Pero, ¿es posible? Y lo es porque estamos inmersos en una región donde eso ocurre probadamente”, aseveró Morosoli.

Por estos días las calles de nuestras ciudades comienzan a llenarse de cartelería política y de locales partidarios, además de mucha publicidad en internet porque no lo alcanza la norma.

Actos, giras, caravanas son frecuentes en todo el país.

¿Cómo se financia todo eso?

Según informó El País, “la vigente Ley de Partidos Políticos establece que el Estado aporte a los lemas con representación parlamentaria una partida anual de 4 unidades indexadas (hoy unos $90) por cada voto obtenido en la última elección nacional. Dicha partida es abonada en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a través del Parlamento. El 20 % se destina al funcionamiento del partido y el resto se deberá distribuir por parte de la autoridad partidaria entre los sectores y listas de candidatos que obtuvieron representación parlamentaria en dicha elección.

Por esta vía el Frente Amplio declaró en 2022 ingresos por poco más de 34 millones de pesos. El Partido Nacional, en tanto, informó que recibió 15 millones de pesos. Cabildo Abierto dijo haber ingresado casi 6 millones. Pese a alcanzar unos 30.000 votos más que los cabildantes, el Partido Colorado dijo haber recibido ingresos por casi 2 millones de pesos. En tanto, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) declaró haber obtenido ingresos por casi 4 millones de pesos. Por su parte, la rendición de cuentas presentada por el Partido Independiente declara un ingreso de 509 mil pesos.

Todo el dinero aportado por el Estado.

Además, según la ley 18.485, el Estado pagó unos 24 millones de dólares a los partidos políticos para contribuir a los gastos electorales de 2019 y 2020. Las partidas se establecen según los votos obtenidos en la primera vuelta y luego hay adicionales para el balotaje, para las internas y para las departamentales.

Para cobrar ese dinero, los partidos deben presentar una rendición de cuentas ante la Corte Electoral, detallando ingresos y salidas. Pero el organismo no tiene ninguna posibilidad de controlar que las rendiciones sean fidedignas. Otra vez “la buena fe”.

Por si fuera poco, esa norma no rige para las elecciones internas. Por lo que los partidos pueden recolectar de quien sea enormes cantidades de fondos que luego también usarán en las elecciones nacionales y departamentales.

En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Por la misma se faculta al Poder Ejecutivo para establecer compensaciones a los canales de televisión por los minutos gratis que le darán de publicidad a los partidos políticos.

También se modificó el monto máximo que una empresa puede aportar y cuántas podrán ser las donaciones anónimas.

Si bien el proyecto resultó aprobado, no todos los partidos votaron lo mismo y se generaron mayorías circunstanciales. Pero aún falta la aprobación del Senado. Y allí están las mayores discrepancias.

“Hay mucho dinero en juego y el dinero es veneno para la democracia”, dijo a El País de España el politólogo Daniel Chasquetti, citando al también politólogo Adam Przeworski. “Hay estudios que muestran que Uruguay no solamente participa del negocio del narco como un país de paso y salida de droga, sino que además es un lugar preferido para lavar dinero. Somos conscientes del riesgo, pero por falta de previsión esta Legislatura tampoco pudo lograr un cambio”, agregó.

Para Chasquetti, “la única forma de llegar a una solución positiva es que haya un escándalo, como ocurrió en Chile o en Costa Rica. Frente al escándalo y la falta de legitimidad, los partidos políticos se comprometen y se atan las manos. Este es el lado oscuro de la democracia uruguaya, que funciona bien en muchos aspectos, pero en este asunto tiene un debe enorme y preocupante”, concluyó.

Es interesante ver cómo los que votan las normas de control son los menos interesados en ser controlados.