Lawfare y linchamiento mediático contra el gobierno de Petro

Todo el sistema empresarial colombiano recibió las propuestas del nuevo Gobierno como un ataque personal y desde ese momento han movido todo lo que poseen en función de una sola cosa: no permitir que un Gobierno con ese tipo de agenda pueda avanzar en ese país.

Si bien se trata de golpes blandos, la intención práctica no es la salida de Petro del Gobierno en sí misma, claro que les serviría desde el punto de vista simbólico, pero no puede ser ese el fin práctico por una razón: si Petro sale, lo sucede la vicepresidenta, Francia Márquez, cuya figura les gusta aún menos y a la que, debido a su corta carrera en la administración pública, no tienen mucho de dónde cortar para abrir un camino que la destituya también, pero aún si lo lograsen, quien queda en el cargo sería el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; es decir que destituir a Petro para que sea reemplazado por alguien del palo de la derecha, como ocurrió en Brasil con Dilma o en Perú con Dina Boluarte, no es una opción real.

El uso instrumental que la ultraderecha colombiana ha hecho de la función pública, primero con la Fiscalía del exfiscal Barbosa y con la Procuraduría en manos de Margarita Cabello, ha sido no permitir que el proyecto del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro se materialice. Se están llevando a cabo operaciones judiciales que tienen pocas posibilidades de éxito práctico, pero que han logrado hacer mella en la percepción que la población en general tiene del proyecto progresista.

Este modelo ya ha demostrado funcionar en ámbitos locales. En alcaldías y gobernaciones, que son instancias ejecutivas intermedias, se lograron consolidar proyectos progresistas con un importante apoyo local, pero entre la inexperiencia a la hora de gobernar y el lobby de la derecha para hacer notar los errores que se cometían, e incluso inventar otros que no cometieron, muy rara vez un proyecto progresista local repitió victoria en las urnas, salvo casos excepcionales.

Lo que ocurrió en la mayoría de los casos fue el retorno de las fuerzas más retardatarias en los organismos ejecutivos de elección popular. El caso más emblemático tiene que ver con el mismo Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.

La alcaldía de Petro tuvo un programa de gobierno con una clara determinación en favor de las clases más sumergidas. Impuso el mínimo vital de agua en la empresa prestadora del servicio que lleva ya décadas en manos de privados, reemplazó todos los vehículos de tracción animal que estaban en manos de familias dedicadas a la separación y reciclaje de residuos por vehículos autónomos, adelantó décadas en la infraestructura de las zonas donde vive la gran mayoría de los casi 10 millones de habitantes de esa ciudad y puso un acento claro por medio de la presencia institucional en los barrios populares.

Sin embargo, la gestión del entonces alcalde se vio desdibujada por unas investigaciones adelantadas desde la Procuraduría General de la Nación, en manos del reconocido militante ultraderechista Alejandro Ordóñez, quien terminó suspendiendo del cargo a Petro durante varios meses, aunque la Justicia dispuso años después que no era culpable por los cargos que se le señalaron en aquel momento, e incluso instó a Ordóñez a asumir los costes de la indemnización que se le debía dar al ahora presidente. El fin político se consiguió y el final de la alcaldía de Gustavo Petro estuvo acompañado por la idea de que no había sido una buena gestión debido a todo el ataque jurídico que debió afrontar.

Como consecuencia de lo anterior, el siguiente alcalde de Bogotá fue Enrique Peñalosa, militante de una derecha neoliberal light, muy afín al proyecto que encarnan las fuerzas más conservadoras y quienes lo apoyaron para ganar la alcaldía luego de Petro.

Peñalosa ya había sido alcalde una década atrás y tuvo una de las administraciones más cuestionadas por desvío de fondos y celebración indebida de contratos, pasó varios años fuera del entorno político y regresó solamente para presentarse como la “alternativa” al tipo de gobierno que, según la gran maquinaria mediática, encarnaba Gustavo Petro.

Hoy la historia se repite con la misma fórmula, la destitución de Petro como posibilidad lleva una intención clara, más allá de lograr una crisis institucional y sentar el precedente de que el primer presidente destituido por vía constitucional sea también del primer gobierno de izquierda, y es cerrarle la puerta por 50 años más a un posible gobierno progresista en Colombia, porque la verdadera amenaza que para ellos representa Petro no está en su gobierno, sino en la posibilidad de un proceso que tenga continuidad como proyecto de gobierno.

Es verdad que rara vez la disputa por una presidencia es una disputa por el poder verdadero, pero en algunas ocasiones la disputa por una silla presidencial es una de las manifestaciones más claras de la disputa entre proyectos, que es una disputa de poder.

En Colombia se ha formado una amalgama muy sólida entre el viejo proyecto ideológicamente conservador, el neoliberalismo económico más desbocado y el proyecto económico y político construido gracias a los alcances del narcotráfico y el paramilitarismo. Este proyecto ha gobernado desde finales del siglo pasado hasta 2022 y dejaron una estructura de gobierno con sus alfiles apuntalados, unas políticas públicas desmoronadas y el Estado como herramienta funcional de intereses particulares. Desmontar ese estado de cosas no sería fácil para ningún gobierno, y mucho menos lograr grandes cambios estructurales en cuatro años.

A todo lo anterior hay que sumarle las dinámicas de los procesos sociales que tienen las expresiones que hemos visto en los últimos años, con particularidades como, por ejemplo, las ocurridas en Chile con el proceso constituyente. Las movilizaciones y la fuerza que tomaron estas como expresión de una sociedad inconforme lograron sentar las bases de un cambio en la forma de ver la política en Colombia, donde la gran victoria ha consistido en sacar de la marginalidad el ideario progresista y de izquierda, que pasó décadas en los sótanos de las pequeñas expresiones organizadas pero con mínimos alcances de masas.

De otro lado, estuvo la descomposición a la que, sin tener contrapeso real, llegó la derecha en Colombia, que pasó de tener cierta cercanía con las economías ilegales a que estas sean parte integrante de todos los poderes del Estado y lo usen para sus propios fines, por lo que esa ultraderecha más fácilmente identificable se quedó sin cuadros creíbles que no estuvieran asociados de alguna manera al crimen o a sectores con más sombras que luces.

Estos y otros factores hacen que Petro logre la presidencia en medio de un enorme clima de descontento y atribuyéndole una esperanza casi metafísica en la resolución de problemas estructurales de una sociedad que lleva años en un imparable proceso de deterioro y donde la población espera que el Gobierno que sea logre resolver los problemas individuales por medio de políticas públicas.

Entonces, las enormes movilizaciones no tienen necesariamente un correlato en los procesos políticos que participan de ellas pero las exceden, por lo que el comportamiento electoral puede ser un correlato de dichas movilizaciones o no, y si a esto se le suma un brutal poder mediático que construye una serie de narrativas que ponen al Gobierno de Petro en el lugar de un gobierno corrupto aunque no lo sea, al final es difícil generar posibilidades reales de continuidad de una propuesta que, a diferencia del relato de la derecha, es honesta y no está ofreciendo soluciones mágicas a la vuelta de la esquina.

La agenda mediática en Colombia ha logrado instaurar que la entrada de recursos provenientes de dos sindicatos a la campaña presidencial de Petro es igual o peor que si fuesen dineros provenientes de organizaciones criminales. La discusión jurídica sobre los topes de campaña y si las organizaciones con personería jurídica pueden aportar a las campañas no es lo que aparece en la superficie, pero que es tomado como excusa para instaurar el relato de que hay corrupción y que se violan las normas y la institucionalidad, así como que las organizaciones sindicales se comportan como organizaciones al margen de la ley, financiando campañas políticas en defensa de intereses particulares ilegítimos y no de proyectos políticos afines a reivindicaciones sectoriales.

La coyuntura en Colombia pone de presente nuevamente una serie de retos que la izquierda debe plantearse como parte de una discusión necesaria para avanzar. De qué forma se afrontan las disputas que instrumentalizan las herramientas del Estado en pro de intereses políticos e ideológicos o cuáles son los mecanismos que permitirán disputar el relato y la agenda mediática para construir consensos sobre lo real, estos elementos hacen parte de un terreno en que las fuerzas progresistas deben transitar con mayor seguridad hacia la construcción de proyectos más estables a escala local y regional.