Los ediles de Maldonado cobran una retribución ilegal dijo Ricardo Gil Iribarne

En un momento de la charla afirmó “que les diré algo que probablemente a algunos no les guste, pero ustedes tienen un grave problema aquí sobre el que la Jutep se expresó en forma contundente en el año 2017”. Gil Iribarne hacía referencia a las partidas mensuales que cobran los ediles de Maldonado.

Junta de Maldonado violó la Constitución

En julio del 2015, apenas asumió el nuevo gobierno encabezado por el intendente Enrique Antía y a propuesta de varios ediles blancos, la Junta decidió votar un sueldo para cada edil.

La decisión es violatoria de la Constitución de la República, del Estatuto del Funcionario Público, el gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas y la JUTEP encabezada por Gil Iribarne condenó “por ilegal” lo que denominó “sueldo oculto”, Pero además es ilegal por donde se lo mire ya que ninguna autoridad electa puede votar su salario, sino que éste se establece en el período anterior.

La propuesta de los blancos fue acompañada por los ediles frentistas que respondían a Darío Pérez y por uno de los dos ediles colorados. Y se justificó como un aporte al funcionamiento de los partidos polítcos. Gil Iribarne afirmó que “no existe ninguna norma que justifique ese financiamiento”.

Hoy esa partida supera los 100.000 pesos por edil, no paga aportes al BPS ni tampoco IRPF. En realidad ni siquiera se sabe quién lo cobra.

Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, en algunos casos el que cobra ni siquiera está vinculado al organismo, una cifra que surge de multiplicar la cifra establecida por la cantidad de ediles. Luego cada una hace el reparto.

Hay ediles que aseguran que no lo cobran, pero nadie ha explicado qué se hace con el dinero.

El año pasado el legislativo departamental gastó aproximadamente 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado.

En el año 2020, Germán Bonilla, un ciudadano de origen colorado indignado con esta situación, presentó una documentada denuncia ante la fiscalía a cargo de Schubert Velázquez. Sin embargo el fiscal tuvo la investigación encajonada más de un año, nunca citó a nadie y ordenó el archivo de la denuncia.

A mediados de diciembre del 2022 Velázquez fue traslado a Montevideo para hacerse cargo de la fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 1° turno.