Los grupos de Canarias, salvo Vox, apoyan la reforma de la ley de extranjería para distribuir menores migrantes

Todos los grupos parlamentarios de Canarias, a excepción de Vox, han sellado este martes su apoyo al acuerdo de los gobiernos central y canario para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y así lograr la derivación obligatoria entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados.

Así lo ha avanzado a los periodistas el presidente del Parlamento, Fernando Clavijo, tras reunirse con los siete portavoces, de quienes ha valorado su «sentido común» y como el «modo canario» de hacer las cosas acaba en «éxito».

En esa línea ha indicado que «la lealtad, el apoyo y esa imagen de unidad» de todos los grupos «ha ayudado muchísimo» a que finalmente el Gobierno central se haya avenido a poner una solución sobre la mesa y con un proceso que sea «lo suficientemente ágil y dinámico» para garantizar una atención con dignidad a los menores.

Clavijo espera que la modificación legal esté finalizada en el mes de abril y ahora se trata de definir los cupos y los criterios de reparto de los menores, paso previo para después empezar a buscar los apoyos políticos en las Cortes.

El presidente ha valorado también que todos los portavoces canarios se hayan mostrado favorables a reunirse con la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados para explicar este proceso y que también se les invite para que visiten las islas «y conozcan la realidad».

Canarias cuenta en la actualidad con 5.357 niños y niñas bajo tutela repartidos en 74 dispositivos alojativos.

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha valorado que el asunto esté «encausado» con un «principio de acuerdo» entre gobiernos y una «coincidencia» de que se trata de un «problema de Estado».

Franquis ha destacado también que la presión migratoria «no tiene nada que ver» con la de las últimas semanas y espera que este acuerdo, que da por superada la fase de voluntariedad que no funcionó, se concrete «a falta dar el último paso, que es redactarlo y llevarlo al Congreso».

CURBELO (ASG): QUE EL GOBIERNO CENTRAL «SE PONGA LAS PILAS»

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha pedido que el acuerdo definitivo «llegue cuanto antes» y el Gobierno central «se ponga las pilas» y disponga de los recursos económicos necesarios para que las comunidades autónomas puedan afrontar la distribución.

Nicasio Galván (Vox) ha apuntado que este acuerdo es «una vuelta de tuerca más» para trasladar el problema a otras regiones de España «para intentar disimularlo».

Ha reconocido que se trata de «un problema muy grave» y se trata de «echar balones fuera» cuando «no tiene fácil solución» y, en todo caso, pasa por una «repatriación inmediata» y hacer cumplir los tratados internacionales con los países de origen «pues lo único que hace es favorecer el efecto llamada».

«Con este traslado de los menores de Canarias a otras comunidades estamos forjando el último eslabón de lo que nosotros llamamos el paquete vacacional del terror que ofrecen las mafias a los menores, en este caso, para que se jueguen la vida en el Atlántico», ha agregado.

Luz Reverón, portavoz del PP, ha mostrado la predisposición de su partido a apoyar la reforma legal pero también ha dejado claro que primero quiere ver el texto que están conformado ambos ejecutivos porque debe contar con unos «criterios objetivos».

«Lo que no podemos hacer es que sea el albur del presidente del Gobierno de España que haga ese reparto. Ese reparto tiene que ser con criterios objetivos y también la dotación económica», ha indicado.

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Raúl Acosta (AHI) ha valorado el acuerdo entre gobiernos pero al mismo tiempo ha advertido de «lo complejo» que supone fijar unos criterios objetivos que también sean «ágiles», y con el peligro de que algunas comunidades autónomas puedan interponer recursos por una «supuesta falta de competencia» o solicitar medidas cautelares.

En el fondo de la cuestión, ha señalado, lo que está en análisis es «a quién le corresponde» la inmigración, pues si es al Estado, debería de haber «una suerte de pacto estatal» que se concrete en la Constitución.

Acosta ha apuntado que Canarias «sigue resistiendo en solitario» a casi 6.000 menores y cualquier modificación normativa «va a ser lenta» y puede haber posibles recursos de comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha dicho que las impresiones «son positivas» aunque aún se está a la espera del texto final y de fijar «cómo sería el cupo de distribución, cuáles serían las asignaciones económicas y también, lo más importante, cómo es el operativo para que las comunidades autónomas acepten esta nueva tutela».