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Tras las declaraciones realizadas por el presidente de
Ancap, Alejandro Stipanicic, sobre la decisión de Riogas y Acodike de despedir
a más de 50 trabajadores, una de las empresas vinculadas expresó que recibió “con
sorpresa” las expresiones del jerarca de la empresa pública.
El pasado viernes se informó que la distribuidora
Riogas decidió despedir a 26 operadores de la planta de envasado y Acodike tomó
la misma medida con 27 trabajadores.
En rueda de prensa Stipanicic dijo este martes que la decisión
tomada por ambas empresas no respondió a las condiciones reguladores del ente público
por lo que involucrarlo es “injusto”.
“Involucrar a Ancap en decisiones puramente
empresariales es por lo menos injusto. Las decisiones empresariales fueron las
que lideraron el proceso que llevó a cabo Ancap, tanto en la licitación de las
plantas, como en la subasta para el servicio de envasado que hizo Ducsa. Ancap
no puso ninguna condición, no puso ninguna restricción, no impuso ningún
término económico que cambiará la ecuación”, apuntó.
En respuesta, Riogas señaló que “recibió con sorpresa”
dichas declaraciones.
La empresa reafirmó en un nuevo comunicado que “los
sobrecostos son innegables y surgen claramente de los contratos firmados con
Ancap y de las resoluciones del propio ente”.
“No son no son de recibo las expresiones de Stipanicic
que atribuyen a ‘decisiones puramente empresariales’ el hecho de presentarse a
la licitación que Ancap lanzó por el arrendamiento de las plantas, y en cambio,
omite mencionar que la otra alternativa era no presentarse y perder el negocio
de envasado, o presentarse a un precio más bajo y ponerlo en riesgo”, afirmó
Riogas.
Desde la empresa se agrega que “fue Ancap la que
obtuvo mediante la licitación mayores ganancias, que resultaron ser poco significativas
para el ente considerando su dimensión, pero que afectaron gravemente la
ecuación económica del envasado de supergás”.
En esta línea, Riogas recuerda además que “transmitieron
al presidente de Ancap en varias oportunidades su profunda preocupación por los
cambios en las reglas de juego que el ente tenía previsto y sobre los sobrecostos
que generaría, que inevitablemente afectarían los puestos de trabajo”.
El conflicto surgió a partir de una nueva adjudicación
en el envasado de supergás. En el nuevo contrato para el uso de las plantas propiedad
de Ancap, se asignó el 70% del envasado de Ducsa a Megal y el 30% restante a Acodike.
Antes de este cambio, las dos plantas de envasado de supergás estaban arrendadas por Gasur, empresa que era 40% propiedad de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas.
En febrero, Stipanicic aseguró que los puestos de
trabajo se mantendrían y se aseguraría la estabilidad laboral de los trabajadores.
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