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La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos realizó una conferencia de prensa en la tarde
de este miércoles sobre lo que llamó “proyectos de ley revisionistas”.
La asociación refiere a las iniciativas planteadas por el diputado
blanco Rodrigo Goñi y el senador colorado Pedro Bordaberry. El
primero prevé la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a
los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada
dictadura para reclusos mayores de 70 años; el
segundo contempla ese beneficio para militares mayores de 75 años
condenados por hechos ocurridos hasta 1985.
Así, Laura Boiani, integrante del colectivo, recalcó que los
familiares “siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado” y sus
“autores” continúan “encubriendo el crimen de desaparición forzada”. “Por ello
sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando”,
manifestó.
“Por todo lo expuesto convocamos al pueblo uruguayo y a las
organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la
memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente
clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad”,
indicó Boiani, según consignó MVD noticias (TV Ciudad).
Luego, Elena Zaffaroni tomó la palabra y aseguró que la presentación
de este tipo de iniciativas a nivel legislativo es algo “recurrente” a lo largo
de 40 años de democracia. En cambio, la sociedad “ha marcado otro camino, ha
trabajado enormemente para sostener una memoria, para construir la verdad, para
denunciar, para ir contra el relato sostenido de impunidad, de negacionismo de
los primeros años de la democracia y contra la poca voluntad política que ha
habido en el presente para terminar con el crimen de la desaparición forzada”,
sostuvo la integrante de Madres y Familiares.
“Entonces estamos convencidos de que este tipo de accionares
son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner
realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado”, ratificó.
Finalmente, Ignacio Errandonea expresó que “hace muchos años”
vienen reclamando que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que “entreguen
toda la información”, pero reprochó que “hasta el día de hoy no ha existido” tal
orden. “Hemos reclamado 50.000 veces que no puede haber prisión domiciliaria
para los genocidas, que sea preceptiva. Período tras periodo se presentan estos
proyectos”, lamentó.
De esta manera, el integrante de la asociación insistió en
que la sociedad debe ser “fuerte” para “defender [sus] derechos”.
“Es un derecho fundamental que las Fuerzas Armadas dejen de
ser autónomas y estén subordinadas al poder civil, porque eso es lo que manda
la Constitución. Y se tiene que dar de una vez por todas la orden para que las Fuerzas
Armadas entreguen todos los archivos que poseen; ahí hay mucha verdad que como
sociedad toda la necesitamos para poder reconstruir lo que pasó”, finalizó.
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