En el marco de sus políticas de rehabilitación, el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron un convenio de cooperación cuyo objetivo es incorporar a jóvenes privados de libertad bajo
responsabilidad del Inisa en los talleres de capacitación del Ejército
Nacional.
Tal como informáramos, el acuerdo iniciará en marzo, cuando el Ministerio de Defensa presente las posibles capacitaciones que ofrece el Ejército Nacional a los jóvenes que se encuentran en la Colonia Berro. “Van desde tocar en una banda, carpintería, mantenimiento y
distintas cosas que se hacen. Esa presentación no tiene cupo, todos
los que estén interesados van a poder concurrir”, explicó el presidente del
Inisa, Jaime Saavedra.
Ante esa situación, la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) emitió un comunicado en el que rechaza ese acuerdo. Además de rechazar la participación militar en labores formativas, el sindicato reiteró sus reivindicaciones presupuestales.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación de que se puedan concretar decisiones de este tipo sin haber desarrollado los imprescindibles diálogos, amplios, profundos y cuidadosos con el conjunto de la sociedad, tal como está proponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo (INDDHH)”, señala la mencionada comunicación, que también recuerda
que “en el año en curso se va a desarrollar el Congreso Nacional de Educación,
instancia privilegiada para procesar debates y elaborar propuestas”.
Para FUM – TEP, “democratizar la educación supone que todos los actores implicados puedan participar de la toma de decisiones. Es imprescindible escuchar a cada uno de los colectivos respecto a qué educación proyectan, pero principalmente a las y los jóvenes, porque la educación se
construye en el intercambio y en el diálogo, no en la imposición”.
Asimismo, enfatiza que “para la formación de niños y jóvenes existen organismos estatales encargados (ANEP, UDELAR y UTEC), con la formación específica para dicha tarea, con amplia experiencia y presencia en todo el territorio nacional”.
Además, señala que “desde dichos organismos hace años estamos reclamando un incremento presupuestal, el cual no se ha concretado, y es imprescindible para cumplir y mejorar las funciones de la educación pública”.
Texto adelante, el sindicato plantea duras críticas hacia las Fuerzas Armadas como institución.
“Consideramos que la formación de los jóvenes de INISA no debe ser abordada desde las FF.AA. Importa señalar que se trata de una institución que tiene deudas profundas con el pueblo, hay información que siguen ocultando y hay criminales que no han respondido por sus actos durante la última
dictadura cívico-militar”, denuncia.
Por lo tanto, “no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógica-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”.
Por otra parte, los maestros consideran que “esta propuesta debe ser contextualizada a la situación de violencia a la que están sometidas los niños y jóvenes de nuestro país, rango etario donde se concentran los índices más altos de pobreza”.
El comunicado también hace referencia a contexto de violencia que atraviesa el país. “Contextos de injusticia, necesidades básicas sin cubrir, inseguridad alimentaria, falta de fuentes de trabajo, el incremento de la incidencia del narcotráfico en las comunidades, etc. generan las
condiciones para el incremento de la violencia”.
Finalmente, el texto se detiene en la situación de los menores infractores, objetivo del proyecto en cuestión
“La realidad de menores en situación de privación de libertad obliga a profundizar el análisis de las causas y no a impulsar medidas sin ningún tipo de fundamento. Desde nuestra perspectiva se trata de víctimas de una sociedad desigual, fruto de falta de políticas estatales que prioricen
erradicar las desigualdades de origen”, indica, para luego incidir en una reivindicación
ya planteada desde filas sindicales: el impuesto a las grandes fortunas
“La pobreza y la marginalidad son el resultado de la acumulación ilimitada de quienes se apropian de los frutos del trabajo de otras y otros. Por eso es imprescindible comenzar a tomar otras medidas, como la Iniciativa de gravar al 1% más rico con una sobretasa del 1% en el impuesto al
patrimonio de las personas físicas”, concluye.
