María Caruajulca evalúa acciones legales contra Javier Pacheco: “No puedo permitir que las personas hablen cosas que no son”

Luego de una extensa batalla legal, el Gobierno de Dina Boluarte restituyó a la abogada María Caruajulca como procuradora general del Estado. Durante su retorno al cargo, la letrada anunció que se encuentra evaluando adoptar acciones legales contra su antecesor, Javier Pacheco.

En diálogo con la prensa mencionó que el exprocurador la llamó para informarle que renunciaría al cargo y aunque fue un gesto que agradeció, la tomó por sorpresa las posteriores declaraciones en su conra.

“No tengo ninguna mala intención, pero sí me preocupan sus intenciones y no puedo seguir permitiendo que las personas hablen de mí cosas que no son y estoy evaluando adoptar acciones ilegales contra él. Ha dicho que soy mercenaria, que me han retirado por falta de autoridad y eso es falso”, declaró.

Como se recuerda, la resolución suprema 099-2024-JUS, que dispuso su retorno y se encuentra suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue publicada este viernes, luego de que el Poder Judicial declarara improcedente la acción de amparo impuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros e infundada la presentada por el Ministerio de Justicia en contra de la restitución.

A ello, se le sumó el último jueves la renuncia de Pacheco con el objetivo de mantener su “prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público”. La dimisión fue aceptada por el ministro Eduardo Arana en horas de la tarde.

Aunque se quejó de la vulneración de sus derechos, adelantó que no recurrirá judicialmente para ser restituido en el cargo, con el propósito de “cortar ese círculo vicioso” de constantes recursos judiciales presentados por sus antecesores, Caruajulca y Daniel Soria.

“Los motivos de mi renuncia obedecen en lo personal a mantener mi prestigio y buen nombre como funcionario y servidor público por más de veinte años en donde tuve la finalidad de reconstruir la Procuraduría General del Estado; sin embargo, esta labor está siendo amenazada por el accionar de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien con su decisión adoptada viene a generarme un perjuicio en mis derechos laborales habilitándome la posibilidad de accionar constitucionalmente, pero debo señalar que mi persona, pudiendo hacerlo no accionará judicialmente para ser repuesto en el cargo”, escribió.