Memoria incompleta por complicidad

En vísperas del 24M, reapareció la discusión respecto a la cifra de 30.000 desaparecidos, reforzando el negacionismo y la degradación de la historia. No es novedoso, porque ya en el gobierno del también derechista –aunque algo más inhibido– Macri, en cuyos discursos refería al “curro de los derechos humanos”; el secretario de Cultura de la Ciudad la había puesto en duda con el mismo inveterado condimento de que tal cifra fue manipulada para “conseguir subsidios”. No surge de una simpatía caprichosa por los redondeos de cifras, sino de una explícita conclusión aproximativa y abierta, que en su propio carácter simbólico denuncia la sustracción de información y pruebas mediante la que los genocidas han pretendido consagrar su impunidad como la mafiosa “omertà” institucionalmente corporativa. No debe soslayarse que la dictadura, acorralada por la derrota en Malvinas, llama a elecciones previo decreto de autoamnistía, felizmente derogado por el expresidente Alfonsín.

Continuando la ofensiva negacionista, el mismo 24M se distribuyeron dos videos con la pretensión de subrayar una “memoria completa”. Uno oficial de la Presidencia y otro, curioso, de la propia vicepresidenta. Una reidícula completud que en ambos casos omite repudiar la práctica del secuestro, tortura en centros clandestinos, la sustracción de bebés, los crímenes con desaparición, entre tantas formas inimaginables del horror como la violencia sexual, además de los delitos económicos y de complicidad civil. Propaganda que llama simplemente terroristas a organizaciones armadas surgidas en dictaduras (que en algunos casos realizaron también repudiables acciones de terrorismo, con consecuente condena por ellos) omitiendo, a la vez, la ejecución de las criminales prácticas sistemáticas organizadas por el Estado.

La única posibilidad de ejercer la memoria histórica es avanzar con todas las investigaciones judiciales a la espera de conclusiones penales o absolutorias, multiplicando la pequeña parte lograda hasta el momento, algo precisamente inverso a lo que se propone la estrategia gubernamental. Recordemos que el primer juicio contra los máximos responsables del genocidio comenzó en 1984, pocos meses después de la asunción de Alfonsín, y se conoce hoy como “Juicio a las Juntas” que resultó en el inicio un proceso sinuoso con las leyes de obediencia debida y punto final de ese mismo gobierno, los posteriores indultos de Menem (incluyendo a los condenados por acciones guerrilleras, liberándolos), hasta la derogación por parte del expresidente Kirchner y el comienzo de una nueva etapa, aún inconclusa y parcial, de investigación, procesamiento y condena.

La resultante hasta aquí ha sido muy reveladora, aunque en una pequeña proporción de la totalidad. Varias decenas de miles de criminales, como mínimo, participaron de manera directa en las prácticas del terrorismo de Estado. Se han logrado identificar hasta el momento 800 centros clandestinos de detención, entre dependencias de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, pero también en hospitales, escuelas y fábricas, revelando la complicidad civil y particularmente empresarial. Varias decenas y en los casos de los grandes centros, como la ESMA, millares de participantes activos fueron necesarios para el funcionamiento de estos campos de concentración, tortura y exterminio, lo que lleva la cifra total a mucho más que los 1207 condenados por delitos de lesa humanidad que es lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hoy prácticamente desactivada, informa en su página web (juiciosdelesahumanidad.ar). De esa totalidad con 717 detenidos, solo 168 cumplen condena en unidades penitenciarias. Pequeña proporción, la más visible de una maquinaria de enormes magnitudes de perversos y sádicos recursos humanos. Para ello, la Justicia se nutría de los insumos probatorios provistos por los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas integrado por 13 trabajadores, 10 de los cuales recibieron el telegrama de despido en esta semana, del total de los 3.000 que el Gobierno cesanteó para confirmar la desactivación de este pequeño pulmón judicial.

El discurso presidencial conmemorativo del inicio de la Guerra de Malvinas anunció una “nueva era de reconciliación de los argentinos con las Fuerzas Armadas (…) dándoles el lugar de reconocimiento y apoyo que se merecen”. La táctica no es despreciable porque intenta aglutinar a grupos de veteranos, particularmente a conscriptos y suboficiales muchos de ellos maltratados y desamparados por las jerarquías durante la guerra, con la institución que los llevó al desastre aprovechando la sensibilidad emotiva de los participantes.

Milei cerró el acto con una confesión de la musa ideológica del día: “La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna, él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande”. El admirado general no es otro que el jefe de la “Campaña del Desierto” que entre 1878 y 1885 arrasó con los pueblos originarios tehuelches, mapuches, ranqueles y pampas que habitaban la Patagonia y parte de la región pampeana, extendiendo el territorio argentino de entonces. Los sobrevivientes de las ocupaciones fueron utilizados como mano de obra forzada, encerrados en reservas indias o exhibidos en museos: no casualmente, el presidente eligió como padre un genocida.

La memoria completa que reclama Milei no la encontrará en otra fuente institucional que la omertà que homenajea y protege.