Milei manda proyecto para penalizar los piquetes y sus organizadores

La ley contra Organizaciones Criminales permitirá detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautación de mercadería con aviso a la autoridad judicial; realización de rastrillajes, allanamientos encadenados y la interceptación de llamadas telefónicas y otras formas de comunicación con autorización judicial.

La actual gestión promueve además una ley sobre reincidencia y reiterancia, «por la cual si reiteras el delito, vas preso», a fin de cortar «la impunidad que siente la gente», explicó Bullrich.

Contra piquetes

También el Gobierno presentará una ley de Orden Público, que penalizará la organización de piquetes; que amplía las causales de legítima defensa y cumplimiento del deber como justificación, y que aumenta las penas para el atentado y resistencia a la autoridad.

Esta iniciativa «tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas», manifestó la titular de Seguridad.

«Además proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos, con una pena que va a ir de cuatro a seis años», agregó Bullrich.

En paralelo, la administración que preside Milei intentará modificar la ley de Seguridad Interior, que fue sancionada en 1991, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la ciudad santafesina de Rosario (centro), asediada por la violencia y el narcotráfico.

«A partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia», contó.

En añadido, la norma autorizará el uso de medios coercitivos «que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza», añadió Petri.

MIlei fracasó

El Gobierno de Milei fracasó en enero en su intento de aprobar una «ley ómnibus» en la Cámara de Diputados que ampliaba las facultades delegadas del presidente y habilitaba la privatización de empresas públicas.

La actual gestión, que está en minoría parlamentaria en ambas cámaras, también falló en su intento de aprobar en el Senado un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la economía, y que sigue vigente, aunque tiene partes judicializadas, a falta de que sea tratado en la Cámara de Diputados.

(Sputnik)