Fuentes del MSP afirmaron a Caras y Caretas que la “contratación de personal está enmarcada en la necesidad de la administración de atender la excepcionalidad presentada por la pandemia de covid-19”.

No es la primera vez que el nombre de la Red Nacional de Drogas (Renadro) sale en la prensa. Pero sí es la primera vez que se conoce el monto que asignó el Ministerio de Salud Pública (MSP) a este fideicomiso durante dos años: según pedidos de información pública, a los que tuvo acceso Caras y Caretas, la cartera brindó 1.000.000.000 de pesos a Renadro, lo que representa cerca de 20 millones de dólares.

“El monto asignado al fideicomiso Renadro a la fecha es de aproximadamente unos $ 1.000.000.000 (pesos uruguayos)”, informó el MSP en el pedido de información pública 12/001/3/9158/2021.

Asimismo, fuentes del MSP reconocieron, en una consulta que realizó Caras y Caretas, que se brindó ese monto a Renadro: “Este es el importe asignado para la contratación de personal, es decir para aquellas personas que han trabajado y aun lo sigue haciendo en la campaña de vacunación contra la covid-19, como rastreadores, vacunadores, registradores, especialistas para laboratorio, médicos, personas para desarrollar diferentes actividades logísticas, etc. Este monto que fue una estimación inicial, no se ha ejecutado en su totalidad y seguramente exista un remanente que se devolverá al Ministerio de Economía y Finanzas”.

Esta declaración contrasta con la que brindó una fuente a Caras y Caretas, a quien le llama la atención el monto asignado en gastos durante dos años para ese fideicomiso, ya que podría haberse “utilizado para otra efectividad” con la finalidad de reducir el gasto público, un objetivo que fue planteado como primordial por el Poder Ejecutivo.

Además, la fuente denunció los contratos “arbitrarios y discrecionales” que se brindaron a través de ese fidecomiso a militantes de Cabildo Abierto. Cuestionó que se les extendieron contratos a personas que fueron contratadas por la pandemia a pesar de que su función ya habría concluido con el fin de la emergencia sanitaria. Consideró que el hecho es “una especie de contratación indirecta, que saltea todos los mecanismos públicos”, como el de concurso, oposición de méritos, etc.

Según la fuente, el contrato de varios militantes de Cabildo Abierto fue extendido seis meses más. La resolución se dio entre noviembre y diciembre del año pasado, por lo que se extendería hasta junio de este año.

“Por este mecanismo están haciendo contrataciones arbitrarias porque no hay cargo que no pueda cubrir un funcionario público, no son vacunadores, son gente que hace trabajo de archivo, de administración, gente que el Ministerio tendría para cubrir […] Pasó la etapa dura de la pandemia y los siguen contratando y se sigue gastando plata. Entonces hay muchos criterios que se están salteando”, agregó.

En septiembre del año pasado, Brecha denunció que desde noviembre de 2020 el Poder Ejecutivo viene utilizando a Renadro “para contratar funcionarios y personal de confianza por fuera de mecanismos de selección por concurso o llamados abiertos para distintos aspectos vinculados a la pandemia de covid-19”.

De acuerdo a dos recursos de acceso a la información pública elevados por el semanario, en el último año se ha recurrido al mecanismo de contratación previsto por Renadro y también al régimen de Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para contratar funcionarios para diversas tareas vinculadas a la pandemia, pero también personal de confianza de distintos directores.

 

¿Qué es Renadro?

Según lo que explica la Junta Nacional de Drogas en su página web, “la Red Nacional de Drogas (Renadro) brinda atención, tratamiento e inserción social a personas con uso problemático de drogas y orientación e información a familiares, referentes socioafectivos y ciudadanía en general”.

El fideicomiso Renadro es una herramienta que se conformó en 2013 y es financiado a partir de recursos vertidos por la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social, el MSP, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y ASSE, bajo la administración de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Según la resolución 2020-2-1-0002123, el gobierno decidió en noviembre de 2020 usar a Renadro para “atender algunos aspectos de la emergencia nacional sanitaria por covid-19” y aseguró que podrá ser de utilidad “para atender otras emergencias sanitarias”.

El mecanismo del fideicomiso le da mayor flexibilidad al Estado para contratar personal y adquirir insumos.

 

Contrataciones

Como se mencionó anteriormente, una fuente denunció contratos “arbitrarios y discrecionales” que se brindaron a través de ese fidecomiso a militantes de Cabildo Abierto. Cuestionó que se les extendieron contratos a personas que fueron contratadas ante la pandemia a pesar de que su función ya habría concluido con el fin de la emergencia sanitaria.

La fuente afirmó que conoció los casos de Valentín De Negris Correa, Denis Lacassy, Fernanda Gulla, Cecilio Suárez de los Santos y Lourdes Almada Silvera. Gracias a las consultas que realizó la revista, fuentes del MSP reconocieron que a esas personas se les renovó el contrato. “En el caso de los nombrados sí les fue renovado el contrato, atendiendo a que la tarea para la cual fueron contratados sigue siendo necesaria en todos los casos”, agregaron.

Caras y Caretas pudo acceder a varios pedidos de información pública en los que se especifica los cargos, las horas y la remuneración que tendrían estas personas. Sin embargo, cuando fueron publicados los pedidos en internet, se eliminaron los nombres de estas personas en base a la ley de protección de datos personales. La fuente relacionó cada pedido de información pública con cada una de estas personas.

Según el pedido de información pública 12/001/3/9057/2021, De Negris Correa “fue contratado el 8/3/2021 a través del fideicomiso Renadro para desarrollar tareas referidas al control, registro, clasificación y archivo de los Acuerdos del Plan de Vacunación”.

“Posteriormente se realizó un nuevo contrato con fecha 1/09/2021 para ocupar el cargo de administrativo en vacunatorio prestando servicios relacionados con atención al público y soporte. La carga horaria actualmente es de 40 horas semanales, su remuneración es de 60.000 pesos nominales y está financiada por el Fondo Covid”, agregó.

Según la fuente, De Negris es uno de los principales referentes de la Juventud Artiguista Cabildo Abierto (JACA).

El pedido 12/001/3/8337/2021 señala que Lacassy “fue contratado el 22/9/2021 a través del fideicomiso Renadro, dicho contrato es por 6 meses, renovable por 6 meses más en caso de ser necesario. El cargo es responsable de logística con un régimen horario de 30 horas semanales. Su remuneración es de 80.000 pesos nominales y está financiada por el Fondo Covid”. Según la fuente consultada, Lacassy es mayor retirado.

Según el pedido 12/001/3/8483/2021, la “señora Fernanda Gulla fue contratada el 12/4/2021 través del fideicomiso Renadro, dicho contrato por 6 meses fue renovado el 1/10/2021 por 6 meses más. El cargo es asesor en compras, con un régimen horario de 30 horas semanales. Su remuneración es de 54.660 pesos nominales y está financiada por el fondo covid-19”.

Brecha señaló que “Gulla también está relacionada al estamento militar, ya que es hija del coronel retirado Walter Gulla”. Es integrante de la lista 84.

Por su parte, Suárez de los Santos fue contratado el 12/3/2020 a través de Comisión de Apoyo de ASSE, según el documento 12/001/3/9060/2021. “Dicho contrato es renovable anualmente. El cargo que ocupa es de chofer del ministro con un régimen horario de 40 horas semanales. Su remuneración es de 69.394 nominales más tickets”, se agrega.

Fuentes del MSP confirmaron a Caras y Caretas que “Suárez tiene asignada la tarea de conductor del Sr. ministro y su contrato no es por Renadro y finaliza al terminar el período o hasta que el ministro permanezca en funciones”.

Con respecto a Almada Silvera, “fue contratada el 1/04/2021 a través del fideicomiso Renadro, dicho contrato fue renovado el 28/09/2021 por 6 meses. El cargo es de administrativa y cumple funciones en atención al usuario con un régimen horario de 30 horas semanales. Su remuneración es de 54.660 pesos nominales y está financiada por el Fondo Covid”. Según la fuente, Almada Silvera es la esposa del chofer del ministro.

La respuesta del MSP a estos casos, con base en el pedido de información pública 12/001/3/9158/2021, es que se contrató personal a través de Renadro “como apoyo necesario para llevar adelante la campaña nacional de vacunación contra la covid-19, vacunación absolutamente excepcional en virtud de la emergencia nacional sanitaria declarada por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 93/020 de 13 de marzo de 2020”.

“Para la contratación del personal abocado a la campaña nacional de vacunación contra la covid-19, se tomó como parámetro las remuneraciones abonadas por la Administración de Servicios de Salud del Estado para tareas similares. No hay una unidad ejecutora a cargo de los contratos”, agregó.

 

Los criterios del MSP

Fuentes del MSP indicaron a Caras y Caretas que la “contratación de personal está enmarcada en la necesidad de la administración de atender la excepcionalidad presentada por la pandemia de covid-19, dado fundamentalmente a que la estructura ministerial necesitaba ser reforzada y así poder hacer frente en forma más efectiva a la misma. Es de señalar que se contrataron, entre otros, equipos de rastreadores en los 19 departamentos, especialistas para laboratorio, registradores, vacunadores, médicos, personal para atender diferentes actividades logísticas, entre otros”.

Cuando fueron consultadas por los criterios que se fijaron para los sueldos de Valentín De Negris Correa, Denis Lacassy, Fernanda Gulla, Cecilio Suarez de los Santos y Lourdes Almada, sostuvieron que “el valor que se paga es similar a lo pagado para tareas similares por la Administración de Servicios de Salud del Estado”.

Además, cuando se les preguntó si el personal del MSP no podría desempeñar las tareas que realizan estas personas, sostuvieron que la situación de los funcionarios es “compleja debido fundamentalmente a causales de jubilación, pase en comisión de personal presupuestados hacia otros organismos, reducción de vacantes acorde a la legislación vigente, entre otros motivos”.

“Para dar un ejemplo se prevé que hasta 2025 aproximadamente 25% de la plantilla de funcionarios públicos tendrán causal jubilatoria. También desde la separación de ASSE con el MSP. Aún coexisten algunas áreas del MSP cuya labor es realizada por funcionarios de pases en comisión de ASSE. Es de señalar que la cantidad de vacantes que en este momento tiene el MSP es importante, y se están estudiando las formas de solucionar las mismas”, agregaron.

Asimismo, mencionaron que muchas de las tareas y/o cargos para la cual fue contratado personal no existían como tal, particularmente los relacionados a la campaña de vacunación y atención a la pandemia en todos sus aspectos.

“Para el caso de Cecilio de los Santos, la carga horaria del ministro es extensa, y se buscó alguien que pudiera cumplir con la agenda sin inconvenientes, máxime considerando que las cantidad de choferes con que cuenta el MSP es insuficiente para las funciones y tareas que diariamente desarrolla este ministerio”, expresaron.

 

Los jóvenes militantes que fueron contratados

Según la fuente que consultó Caras y Caretas, otros directamente contratados fueron Sebastián Muñiz, Carolina Radaelli y Ana Lucía Sanguinetti, todos ellos se encuentran militando en la Juventud Artiguista de Cabildo Abierto (JACA). “Los JACA son los que están trabajando en los barrios, entregando juguetes, artículos escolares y van a las ollas. CA está apuntando al voto de la clase vulnerable, se está enfocando en los barrios periféricos de Montevideo”, agregó.

Muñiz se encuentra en ASSE por comisión de apoyo y es uno de los principales cuadros de JACA, señaló.

Por su parte, Radaelli está en ASSE y es secretaria del vocal Julio Micak; Sanguinetti, se encuentra en comisión de apoyo en el MSP y es hija del militar Luis Sanguinetti, afirmó.

 

Senadora del FA pidió información por cierre de programas

El 13 de febrero de este año, la senadora por el Frente Amplio Amanda Della Ventura realizó un pedido de información pública a la Junta Nacional de Drogas (JND), relacionado a una resolución de las nuevas autoridades que deja sin efecto el área de prevención, equidad social, atención y tratamiento para iniciar un proceso de “integralidad” en una única área llamada Salud Integral, según señala el pedido de la legisladora al que accedió Montevideo Portal.

“En su momento se aprobó el fideicomiso Renadro, fideicomiso creado para administrar y financiar la Red Nacional de atención y tratamiento. Ha habido trascendidos públicos que informan que a través de dicho fideicomiso se han contratado cargos de confianza. Se solicita adjunte el detalle de los dineros de dicho fideicomiso gastados hasta la fecha en los diferentes rubros”, cuestiona el pedido de información.

 



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