El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, consideró que el
proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará
en el Parlamento para que las empresas avisen con
antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores
de forma masiva es “negativo y contraproducente”.
“Va a contramano de lo que Uruguay necesita. Creo que es una
mala señal que parte de un concepto de voluntarismo de querer ayudar a
la situación muy negativa de las personas que quedan sin trabajo. Es verdad,
hay una buena intención, y eso creo que hay que saludarlo”, dijo el economista
a Otra mañana.
Munyo insistió en que la medida “va a ser contraproducente”,
ya que “en vez de ayudar, va a perjudicar a las personas”. Según el director
de Ceres, la ley que busca aprobar la cartera Juan Castillo es generar “espantapájaros
de inversiones”.
En esa línea, el economista sostuvo que Uruguay atraviesa un
momento en el que “está carísimo y poco competitivo”, en el que “se están
poniendo impuestos extra que generan ruido y discusiones” y en el que “los espantapájaros
de inversiones de la región se fueron, tanto en Argentina como en Chile”.
“Creo que es totalmente negativo y contraproducente, más
allá de las intenciones. El problema es que va a generar los efectos
contrarios a los que se quieren imponer”, sostuvo Munyo.
Al anunciar el proyecto de ley, el ministro Castillo que “la
moda que se ha instalado en los últimos tiempos” genera “que hasta se comunique
por estado en redes sociales o videos”. “Este año 2025 empezó con la retirada
del país de Yazaki, que dejó 1.200 trabajadores sin empleo de la
noche a la mañana. Esto a nosotros nos dificulta, nos preocupa”, señaló el
jerarca.
Asimismo, aseguró que el planteo ya fue transmitido a la
bancada de senadores del Frente Amplio, si bien aún no ha sido
ingresado el proyecto formal, de acuerdo con lo que indicaron fuentes de la
Cámara alta a Montevideo Portal.
El ministro también aludió a “la necesidad de recurrir a un
convenio internacional que hable sobre el anticipo”, en referencia a la
normativa de la Organización Internacional del Trabajo.
Según Castillo, la decisión de un despido colectivo “se
tiene que anunciar previamente, a los efectos de tomar medidas”
por parte del gobierno. “Si el gobierno tiene una información de esas
características, lo primero que hace es comunicar a las partes, tratar de
reunirnos. Si los problemas por los que una empresa se retira o cierra tienen
un alternativa, nosotros estamos dispuestos a encontrarla”,
sostuvo.
“Despedir o cerrar una empresa es de un minuto para el otro.
Buscar nuevos inversores o tratar de abrir una nueva industria a veces cuesta
muchísimo tiempo más y esa es una parte que también preocupa”,
agregó el titular del MTSS.
En diálogo con Montevideo Portal, el
subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, dijo que “hay un
déficit en el derecho uruguayo acerca de la regulación de los despidos”.
“En Uruguay, a diferencia de otros países, se aplica lo que
se llama el despido libre. El empleador puede despedir sin dar
causa, sin dar explicación, sin justificar el despido. Basta con que pague la
indemnización consiguiente, la indemnización por despido”, señaló.
En ese sentido, afirmó que “lo que ha ocurrido en los
últimos tiempos es una serie de situaciones, de despidos colectivos, que
son absolutamente intempestivos”.
Asimismo, detalló que se requiere tener en cuenta “dos
elementos fundamentales”: “Por un lado, que el despido sea con un cierto
preaviso para que la persona pueda ordenarse y buscar alternativas. El otro
elemento es que debería integrar una eventual regulación de los despidos el dar
causalidad al despido”.
Consultado al respecto, Barretto puntualizó que la normativa
aplicaría para todo tipo de despido, no solo para los masivos o colectivos:
“Parece una arbitrariedad la comunicación de un despido de
manera intempestiva. La situación actual es de absoluta
desregulación”.
Ante la propuesta del MTSS, el senador blanco Sebastián
Da Silva salió al cruce y dijo que “las empresas tienen la libertad de
tomar y despedir empleados de acuerdo a su etapa empresarial”.
“Lo que tienen que hacer las empresas es cumplir con sus
obligaciones. Una norma de estas características solo hará que se vayan a otro
país donde la ley de gravedad se entienda. PD: habría que empezar por casa y no
hacer lo de M24”, afirmó en la red social X.
Por su parte, el líder del PI y exministro de Trabajo, Pablo
Mieres, opinó que es “sorprendente y extremadamente preocupante”.
“Evidentemente no se dan cuenta de que con estas medidas van a afectar el
empleo y las inversiones”, aseveró.
Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente,
también criticó la iniciativa: “Es evidente que el gobierno tiene dos rumbos
económicos: Juan Castillo y el MTSS, y Gabriel Oddone y el MEF
[Ministerio de Economía y Finanzas]. El problema es que el primero rivaliza con
el segundo. Y con la realidad”.
En cambio, el diputado comunista Bruno Giometti valoró
la propuesta del ministro Castillo y dijo que es una “muy buena iniciativa”
para “proteger el derecho al trabajo”.
“Arremangarse, dialogar, buscar soluciones, siempre
priorizando al más vulnerable en la relación laboral, es
decir, al trabajador”, expresó.
