Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, Europa relanzó su perfil industrial con la creación de un organismo supranacional destinado a organizar la explotación de los minerales en el continente: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, predecesora de la actual Unión Europea.
Ramiro Barreiro

Durante décadas, el continente latinoamericano se sumergió en intentonas que buscaron emular esa integración, aunque con organismos que tuvieron a la política y/o la cultura, y no a la economía, como germen.

Así, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) se creó en 2004 para oponerse al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), surgida diez años antes; la Comunidad Andina nació en 1969 sobre los antiguos territorios del Imperio Inca y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) buscó a partir de 2008 «construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado», en un contexto político dominado por el progresismo, que durante esos años llegó al gobierno en varios de los países de la región.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es, quizás, el único bloque que ha buscado la integración a partir del comercio, pero su alcance continental es limitado y desde su creación en 1991 ha visto naufragar su funcionamiento en disputas políticas y conflictos internos de los países que lo integran.

Esta semana, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, logró que el congreso apruebe una ley que nacionaliza la explotación del litio y convocó a las autoridades de Argentina, Chile y Bolivia para «hacer un trabajo conjunto» al respecto.

«Con Argentina y Chile se puede constituir una organización común para el aprovechamiento del litio que tenemos en los tres países», arriesga en diálogo con la Agencia Sputnik el ingeniero boliviano Héctor Córdova. «Ese acercamiento puede distribuir, inicialmente, la investigación y aprovechar la experiencia de los tres países para seguir adelante», agrega.

El interés de AMLO no es casual: esos tres países sudamericanos conforman lo que se denomina «el triángulo del litio», dado que reúnen casi 70 por ciento de las reservas mundiales del mineral de moda pero, además, son administrados por Gobiernos progresistas, con intereses nacionalistas en su explotación, pero también con una mirada de mayor apertura a planes de inversión público-privado.

«El interés de México es para mí algo extraordinario», se entusiasma el analista del sector minero. «Nunca hemos estado así en Latinoamérica y siempre hemos ido por nuestra cuenta. Los procesos de integración como el Mercosur, la Comunidad Andina y varias organizaciones que hemos intentado, no han tenido el éxito que se esperaba, muy lejos de lo que sucede con la Unión Europea, ya que los cambios políticos internos en los países han perjudicado a las alianzas anteriores», explica Córdova.

Para el también docente, la unión de estos cuatro países está sustentada en otro objetivo, que puede conducir a las naciones a mejor puerto, porque la base es económica, no política. «Cuando uno se asocia en temas económicos las obligaciones se cumplen y uno no puede hacerse a un lado; creo que tendría más éxito», resume.

I+D = PRIVADO + PÚBLICO

El auge por el litio, bautizado como «oro blanco», se explica por algunos puntos a favor, entre ellos el bajo coste de extracción y el hecho de representar un puente hacia la transición energética global exigida en el Acuerdo de París de 2015, vigente desde el año siguiente.

Es por ello que este mineral, esencial para la fabricación de baterías de teléfonos celulares, vehículos eléctricos y hasta sistemas de alumbrado público, atrae el interés de los países desarrollados, cuya matriz eléctrica está más desarrollada que en Latinoamérica.

Ese interés requiere una mayor eficiencia en la explotación del recurso, para lo cual será imprescindible el aporte del capital privado, en su mayoría, extranjero. Algo que ya ocurre en Bolivia, donde la reserva de litio alcanza las 21 millones de toneladas, la más importante a nivel mundial.

«En el caso de Bolivia, para la parte de producción industrial de baterías se necesitan varios insumos, el litio no es más que el cinco por ciento. El proyecto boliviano contempla la producción de todos esos insumos, con 42 fábricas paralelas que hay que montar y esas fábricas van a estar en manos del sector privado. El Estado va a ayudar con el pie, para que empiece el proyecto y luego le garantiza la compra de la producción total», analiza Córdova.

El docente advierte que Bolivia ya mostró que está habilitada la opción de asociación con empresas privadas extranjeras. «Yo creo que el interés que hay en el mundo por el litio hace que muchos países no piensen si es un Gobierno populista, de izquierda o derecha; acá hay intereses», expresó.

Tal es así que toda la extracción del litio boliviano va a estar a cargo de una de las ocho empresas que se han presentado y que, con solo repasar los nombres, queda evidenciada tal apertura: Catl Brunp & Cmoc, Fusion Enertech, Tecpetrol, Lilac Solutions, Citic Guoan/Crig, TBEA Group, Uranium One Group y EnergyX, ésta última de capitales estadounidenses y la principal candidata para quedarse con el contrato.

Habrá que ver si, una vez extraído el mineral, el presidente Luis Arce y sus colegas cumplen con aquello de que «el litio de la Patria Grande debe ser del pueblo y para el pueblo», como afirmó el mandatario en Twitter días atrás.

(Sputnik)



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