no cambiar información por impunidad de militares, pero sí por beneficios

Tayler indicó que “hubo un gran repliegue de organizaciones sociales durante estos años. Siempre estuve cercano a Familiares y Crysol, pero otras organizaciones reclamaron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el proceso de elección del Consejo Directivo”. Relató, además, que unas cuantas organizaciones sociales se alejaron y dejaron de participar. Recordó que “eran instituciones que pedían reuniones y traían demandas y ahora hubo un repliegue tras plantear que hubo reparto partidario para la conformación del último Consejo Directivo”. Tayler indicó que existen unas 400 organizaciones sociales que conforman la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, “pero gran parte dejaron de estar en contacto con la Institución y se abrieron”.

En cuanto a la búsqueda de restos —dijo Tayler—, siempre se puede hacer más. Subrayó que la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos “no es una cuestión de recursos sino un tema de información, cómo se llega a los datos necesarios y su calidad. Hay que desarrollar más el sistema de investigación y tratar de alcanzar sectores donde puede haber más testimonios y adquirir la tecnología necesaria en aquellos terrenos donde creemos pueden haber restos”. Tayler señaló la necesidad de que existan “políticas de Estado que involucren una posición más activa y profundizar el paradigma de búsqueda para que, además, sean desarrolladas investigaciones fuera del país”. Pidió “desbloquear la burocracia estatal porque a veces es muy difícil acceder a la documentación necesaria, obtener datos y documentos, esto cuesta bastante y la expectativa es que se pueda agilizar”. La información para el trabajo de búsqueda no está focalizada solo en archivos militares —siguió— sino en la Dirección de Migración, donde también es necesario buscar… “Si tenemos que verificar si alguien entró o salió del Uruguay, se necesita buscar, así como se necesitan datos exactos para acceder a documentación en Necrópolis con el fin de exhumar restos”.

Tayler sostuvo que “la falta de testimonios está vinculada al pacto de silencio, por un lado, y por otro, al temor de aquellos que tienen alguna información y no se animan a compartirla porque tienen miedo: tienen temores, miedo que tiene el personal militar a perder la jubilación, quedarse sin prestaciones del Hospital Militar, ser relegados de su grupo y padecer una especie de sanción social”. El acceso a la información en distintos archivos existentes “es un tema de voluntad política” y ejemplificó con lo que ha pasado en ocasiones cuando se solicita información de Registro Civil en el interior del país: “Devuelven la respuesta ocho meses después preguntando la legitimidad de la Institución y para agilizar esas situaciones se requieren políticas de Estado y voluntad política”.

Ante la propuesta formulada en mayo de 2024 por parte del fiscal Ricardo Perciballe, especializado en delitos de lesa humanidad, de exonerar de responsabilidad penal por tareas tangenciales a personal subalterno que participó en enterramientos clandestinos, Wilder Tayler respondió que “es una propuesta del fiscal muy importante porque habilita a generar tranquilidad a aquellos que tienen información parcial pero que, aunque sea incompleta, puede ser muy importante”. Sin embargo, luego de haberse formulado esa propuesta en el marco de la conferencia que confirmó la identidad de los restos pertenecientes a Amelia Sanjurjo, Tayler dijo que “no se registró una aumento de información por parte de personas que participaron en esas tareas”. El exdirector de la INDDHH indicó que “esa política debe ser más difundida y conocerse más. A los testigos siempre les explicamos la política del fiscal Perciballe en esta materia porque es muy habilitante, facilita el tema de proporcionar datos, pero esa política del fiscal es muy desconocida”.

Vinculado a lo anterior, Caras y Caretas consultó a Tayler sobre qué piensa en relación a obtener información a cambio de exonerar responsabilidad: “No soy de los que creen que se pueda cambiar impunidad por verdad, pero hay que puntualizar. Una cosa es que se cancele la posibilidad de castigo y otra que se estudien mecanismos de mitigar, precisamente, ciertos castigos a cambio de información. Creo que son cosas distintas. Si alguien aporta información verificable y luego de ser verificada se concede algún beneficio, creo que es algo que debe ser considerado”. Tayler dijo que en Uruguay no está planteado en la legislación y por eso podría requerir regular en ese sentido. “No que se otorgue impunidad a la persona porque no creo realmente que sea conducente. Requiere reflexión política más profunda y vale la pena discutirlo. No impunidad completa a cambio de información, pero sí que se tenga en cuenta la posibilidad de factores mitigantes del impacto de la pena”.

Incendio en ex Comcar y la LUC

Acerca de las cárceles, Wilder Tayler indicó que la Ley de Urgente Consideración aumentó la pena de gran parte de los delitos y eso se tradujo en un incremento del número de personas privadas de libertad, al tiempo que no hubo un aumento proporcional del número de plazas. Es la tercera vez en 10 meses —dijo Tayler—, ni siquiera es un hecho aislado porque esos módulos tienen condiciones para que este tipo de cosas ocurran.

Cuando se discutió la LUC, la INDDHH advirtió en el Parlamento que se incrementaría la violencia intracarcelaria. Tayler admitió que el hacinamiento venía desde antes de la LUC, pero señaló que se agravó de forma contundente luego de aprobada esa normativa. Tayler dijo que el trabajo de denuncia que tiene por naturaleza la INDDHH ha disminuido de forma contundente: “Creo que ha habido una preocupación importante para no irritar a las autoridades del Gobierno anterior. Este Consejo Directivo asumió con irritación por parte del Gobierno de Lacalle Pou. El Consejo fue muy receptivo a ese enojo y decayó bastante el volumen de denuncias. Durante el gobierno anterior se descalificó mucho a la Institución, presentándola como partidizada, y de ninguna manera fue así”.