La
presidenta de la organización de derechos humanos Oficina de Washington para
Latinoamérica (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, aseguró que el “modelo Bukele”
contra las pandillas en El Salvador “no es la solución” a los problemas de
criminalidad de América Latina.
En un video
difundido este viernes por WOLA en su cuenta de X, Jiménez Sandoval expresó la
preocupación de la organización porque, según dijo, “muchos gobiernos están,
hoy en día, bastante interesados en replicar algunos modelos de seguridad, en
específico como es el caso del llamado ‘modelo Bukele’”.
La presidenta de la WOLA se refiere a la estrategia de
seguridad basada en un régimen de excepción, que recientemente cumplió dos años
de implementación, con el que el presidente Nayib Bukele ha declarado una “guerra
contra las pandillas”.
La medida de
excepción, que se ha convertido en la principal y única acción de seguridad
contra estas bandas, ha contribuido a disminuir los homicidios en el país
centroamericano y elevó la popularidad de Bukele, pero es señalada por ONG
nacionales e internacionales de violar derechos humanos.
“El modelo
Bukele se basa en una práctica muy preocupante que son las detenciones masivas,
lo que ha elevado la tasa de encarcelamiento en El Salvador, la más alta del
planeta”, apuntó la experta en derechos humanos.
Jiménez
Sandoval aseguró que “no es igual la situación de El Salvador a la situación de
criminalidad de muchos otros países de América Latina”, por lo que “el modelo
Bukele al final del día tiene un costo y es el costo de las prácticas
democráticas que deben estar existentes en cualquier país de la región”.
Indicó que
el “modelo Bukele lesiona derechos humanos y logra grandes retrocesos”, y
precisó que América Latina “necesita modelos de justicia eficientes,
fortalecidos y que sirvan a la ciudadanía para que pueda reducirse la
criminalidad”.
“No hay
solución fácil para las grandes crisis de inseguridad que vive América Latina,
pero el modelo Bukele no es una solución”, sentenció.
El Congreso
de El Salvador, de mayoría oficialista, amplió el martes por vigésimo quinta
ocasión el régimen de excepción que suspende garantías constitucionales.
La medida,
de acuerdo con datos oficiales, ha dejado al menos 79.211 detenciones de
personas acusadas por las autoridades de ser pandilleros o colaboradores de las
llamadas “maras”.
En el marco
de este régimen, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000
denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones
arbitrarias y torturas.
Las muertes
de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras que entes como
Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto
sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas.
???? #ElSalvador | La presidenta de WOLA @cjimenezDC advierte sobre los riesgos de aplicar #ModeloBukele en otros países de América Latina y ofrece alternativas para una mayor seguridad en la región que respeta los derechos humanos
Vean el video en español??https://t.co/pN9qnIHyKc— WOLA (@WOLA_org) April 12, 2024
EFE
