Para juristas de 12 países proyecto de prisión domiciliaria incumple normas internacionales de DDHH

Los juristas internacionales cuestionan que la decisión de otorgar prisión domiciliaria sea tomada por el juez sin consultar en ningún momento a las víctimas o sus abogados. «Esta exclusión, tratándose de autores de crímenes gravísimos de lesa humanidad durante la dictadura, deja la puerta abierta a una banalización de esos crímenes y una sub-estimación de su gravedad«.

Además, critican que el proyecto autorice del beneficio de la prisión domiciliaria, «por el solo hecho de su edad», a los autores de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes gravísimos que «nunca colaboraron con la búsqueda de la verdad ni manifestaron compasión por sus víctimas» puedan beneficiar de la prisión domiciliaria.

Sostienen que el argumento de la situación “bio-psico-social” del detenido, además de ser «impreciso» toma un valor particular en el caso de los represores recluídos que «ya se benefician de condiciones de detención especiales muy favorables con respecto a los demás detenidos», facilidades que «deben ser tomadas en cuenta en la evaluación de la situación del detenido».

En lo que se refiere en particular a los mayores de 65 años, los juristas consideraron que «la modificación de la norma es innecesaria porque la excarcelación por motivos de salud o edad u otros motivos de incompatibilidad con la encarcelación en establecimiento penitenciario ya es posible en Uruguay y ampliamente utilizada».

Advierten riesgo de «denegación de justicia»

Los veinticuatro firmantes consideraron también otros «riesgos» con el proyecto actual, respecto de que todos los represores actualmente presos puedan acogerse al beneficio de esta nueva ley y de que la «tendencia jurisprudencial» evolucione en ese sentido, puesto que «eso traería como consecuencia grave una pérdida del valor simbólico de la pena y por lo tanto una denegación de justicia».

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Marcha del Silencio 2021.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Sobre el caso particular de los represores imputados y condenados por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a los juristas les parece que la versión actual del proyecto de ley «es incompatible con el cumplimiento por parte del Uruguay de las normas de Derecho internacional relativas a los derechos humanos».

Por las mencionadas consideraciones, los juristas Paulo Abrão (Brasil), Patrick Baudouin (Francia), Zakaria Benlahrech (Argelia), Magalie Besse (Francia), Marta Bo (Países Bajos), Naoufal Bouamri (Marruecos), Adnane Bouchaib (Argelia), William Bourdon (Francia), Jo-Marie Burt (EEUU), Pablo De Greiff (Colombia), Mireille Fanon-Mendes France (Francia), Gabriela Fried Amilivia (EEUU), Jean-Jacques Gandini (Francia), Carlos G. Guerrero Orozco (México), Jean-Pierre Massias (Francia), Juan Méndez (Argentina), Patricia Naftali (Bélgica), Naomi Roht-Arriaza (EEUU), Kim Reuflet (Francia), Niki Siampakou (Países Bajos), Adriana Schnyder (Suiza), Jeanne Solal (Canadá), Philippe Texier (Francia) y Sophie Thonon (Francia) le pidieron al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou y a los legisladores uruguayos que no apoyen el actual proyecto de ley de prisión domiciliaria que facilita la prisión domiciliaria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en particular tortura, homicidio político, desaparición forzada de personas, privación grave de libertad y agresión sexual contra persona privada de libertad.

Relatores de la ONU alertaron que proyecto podría promover «impunidad»

Dicha exhortación se suma a la emitida en una misiva de tres relatores de las Naciones Unidas que le enviaron al gobierno el pasado 11 de abril, en la que advirtieron que, en varios aspectos, el proyecto no respeta determinados «estándares de derechos humanos» que «prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, del crimen de genocidio y de crímenes de lesa humanidad».

En la referida carta, los relatores de la ONU advirtieron que «el otorgamiento indebido de beneficios (en la ejecución de la pena) puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos».