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El Partido Independiente (PI) no acompañará al menos dos artículos del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, presentaron este miércoles a Diputados.

El socio de la coalición no votará el artículo 72, que habilita al Ministerio del Interior a acceder a «la información de la dirección y ubicación de los auto cultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis».

Además, tampoco acompañará el artículo 281, que establece que «todos los depósitos de fondos realizados por instituciones públicas se realizarán sin excepción en los bancos autorizados por el Estado a funcionar en la República Oriental del Uruguay». La ley vigente, aprobada en 1987, dispone que los organismos públicos deben depositar los fondos públicos en bancos estatales, aunque «en casos de excepción debidamente fundados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su depósito en instituciones financieras no estatales».

El diputado Iván Posada informó a Montevideo Portal que estos dos artículos no fueron discutidos dentro del Poder Ejecutivo y su naturaleza no corresponde con lo que la Constitución establece para la Rendición de Cuentas.

Marihuana

En cuanto al artículo 72, Posada comparte la visión del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien planteó este viernes en En Perspectiva que el artículo «es un error que hay que extirpar» de la Rendición de Cuentas.

Por su parte, el líder del PI, Pablo Mieres, dijo a Montevideo Portal que no ha hablado del tema con el presidente Luis Lacalle Pou. «Apoyo 100% todo lo que ha dicho Daniel Radío», se limitó a expresar el ministro de Trabajo y Seguridad y Social.

Radío aseguró además que el cambio propuesto es «una deslealtad institucional porque interfiere con los roles de otra institución, porque el rol de la fiscalización de los clubes lo tiene el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)».

El único diputado del PI comparte la visión de Radío. «Siempre se consideró una información de carácter sensible. Consecuentemente, si se dan a conocer los domicilios, inmediatamente lo que se hace es eliminar la garantía que establecía la ley, por lo que desde nuestro punto de vista este articulo no debe prosperar», dijo Posada, quien agregó que la semana próxima se reunirá con diputados de la coalición de gobierno para tratar este tema.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se defendió de los cuestionamientos. «No se puede desconfiar del ministerio», aseguró. «No estamos buscando un registro para ver quién consume; estamos buscando un conocimiento que a nuestro juicio debe tener la Policía», dijo el ministro del Interior.

Carácter presupuestal

Posada enumeró debilidades del artículo 71. «Para empezar, es un artículo que no tiene carácter presupuestal y que debió haber sido discutido en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque Daniel Radío, y tengo conocimiento de que también el prosecretario de la Presidencia (y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Rodrigo Ferres), se enteró después de que el proyecto fue presentado. Entonces, claramente este artículo no se discutió en el ámbito del Poder Ejecutivo. Si se hubiera discutido, el camino era presentar modificaciones a la ley fuera de una instancia de Rendición de Cuentas», sentenció.

«Lamentablemente en nuestro país hay una costumbre inveterada, violatoria del inciso segundo del artículo 216 de la Constitución de la República, que dice que en las leyes de presupuesto y en las de Rendición de Cuentas, no se pueden incluir artículos que superen el período de gobierno. Y normalmente lo que se hace es aprovechar, como es un proyecto de ley que tiene un tratamiento rápido, para aprobar un montón de artículos. De hecho, casi todos los artículos que están referidos en este proyecto de ley que ingresó al Parlamento no tienen naturaleza presupuestal», aseguró Posada.

Consultado sobre si eso hace que los artículos sean inconstitucionales, el diputado respondió: «Notoriamente; es una forma de operar que desde antes de la reinstauración democrática y después: las leyes de presupuesto han sido leyes ómnibus. Es de las cosas que en Uruguay, a pesar de lo que dice la Constitución, se han naturalizado, lo que realmente es violatorio de la constitución».

BROU

El artículo 281, que quita a los organismos públicos la obligación de trabajar con bancos estatales, fue enviado al Parlamento sin el conocimiento de todos los directores del BROU.

«El tema del BROU está claro que es un artículo que va a generar mucho ruido y es claro que nosotros no vamos a acompañar. Fue enviado al Parlamento con desconocimiento de algunos de los miembros del BROU. Max Sapolinsky (diputado del BROU en representación del Partido Colorado) salió a señalar que desconocía ese artículo», dijo Posada, quien agregó que «todo el esfuerzo será para que este proyecto sea eliminado del proyecto de ley».

«Normalmente, la forma que se utiliza a los efectos de qué artículos se incorporan y cuáles no (a la Rendición de Cuentas), es que se mandan al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que formula el proyecto de ley, y el MEF lo que controla es específicamente que no signifique gasto. Entonces, no es en ese ámbito que se deben tratar temas que tienen otra naturaleza», concluyó.

Por su parte, el presidente del BROU, Salvador Ferrer, dijo que no le preocupa la inicitiva del Ejecutivo, porque «es parte de la eventual competencia que podamos tener en el mercado» al igual que se compite en otros rubros.

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