PGE pide reabrir investigación contra Martín Vizcarra

Martín Vizcarra podría afrontar una nueva denuncia. La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, a reabrir el caso por las presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19.

A través de un comunicado en redes sociales, la PGE comunicó que pidió el “reexamen de los actuados, en virtud de 9 elementos de convicción, y que, en consecuencia, se disponga la reapertura de la investigación contra el señor Martín Vizcarra, en su calidad de expresidente, por la presunta comisión del delito de colusión y, de manera alternativa, de negociación incompatible”.

La solicitud se da luego de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, anunció que la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra fue archivada y que no se formulará una denuncia constitucional. En entrevista con RPP, Villena indicó que no se encontraron suficientes indicios que prueben la comisión del delito de colusión en perjuicio del Estado.

“No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, señaló.

El titular del Ministerio Público remarcó que el Instituto Nacional de Salud (INS) fue el que recomendó la compra de los productos y que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar la imputación. “Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto [corrupción]”, mencionó.

“El INS es el que recomienda, eso descarta que hayan sido los investigados quienes se hayan coludido con los representantes de las empresas. Hay otras carpetas [contra Vizcarra] del Covid-19 y su gestión como ministro”, agregó.

En febrero de 2023, el Congreso había aprobado un informe que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra y a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete. La acusación señalaba que Vizcarra y las exministras concertaron la compra de pruebas rápidas, interfiriendo con políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares.

La exprocuradora Katherine Ampuero expresó su indignación ante la decisión del fiscal. Según Ampuero, la decisión ignora “las miles de pérdidas de vidas humanas y las cuantiosas pérdidas económicas que beneficiaron a empresas chinas”, que ella había denunciado en 2021.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el expresidente Martín Vizcarra saludó la decisión e indicó que “la disposición fiscal confirma lo que siempre he sostenido: que actué con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley durante mi mandato”.

“Desde el inicio de esta investigación he colaborado con las investigaciones fiscales, las que han determinado que en la famosa reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas se discutió la escasez de insumos en el mercado mundial y el hecho de contar con un solo laboratorio de diagnóstico. La justicia ha prevalecido y se ha reconocido que no existió delito alguno en mi actuación”, sostuvo y agregó que la decisión “es una reivindicación de mi honor”.