La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en América del Sur urgió este jueves una investigación «exhaustiva»
por la muerte de cuatro policías y un civil en Bolivia, ocurridas durante los
bloqueos que mantienen seguidores del expresidente Evo Morales, para forzar su
candidatura presidencial para las elecciones de agosto.
«Urge una investigación imparcial y exhaustiva para establecer las
responsabilidades tras estas muertes y hechos de violencia, a fin de garantizar
justicia y prevenir la impunidad”, indicó el representante de ONU Derechos
Humanos para América del Sur, Jan Jarab, citado en un comunicado.
Jarab instó a todos los sectores en Bolivia a realizar «todos los
esfuerzos para reducir las tensiones», privilegiar el diálogo democrático
y respetar los derechos humanos.
Asimismo, afirmó que las normas internacionales «no amparan a quienes
incitan o cometen actos de violencia durante una manifestación, en particular
aquellos que pueden provocar lesiones o muerte».
Recordó también que una elección «en condiciones de libertad» es
«esencial para el Estado de derecho y para la vigencia de los derechos
humanos».
El representante ofreció asistencia técnica para que el Estado boliviano cumpla
con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y subrayó
la necesidad de abordar las «causas estructurales» de los conflictos
en el país.
Las muertes ocurrieron durante operativos de las fuerzas de seguridad que
buscaban levantar los bloqueos impulsados por sectores afines a Morales
(2006–2019).
Tres policías fallecieron mientras intentaban llegar al municipio de Llallagua,
en el norte de Potosí, donde manifestantes atacaron a pobladores que trataban
de despejar las vías. Otro agente murió tras ser retenido por los movilizados,
quienes presuntamente activaron un explosivo en su cuerpo.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo
que el policía “fue muerto con el empleo de una dinamita en su cavidad
estomacal”. El funcionario dijo que el uniformado, identificado como Christian
Calle, había sido secuestrado por “una horda” de simpatizantes del
expresidente.
Las protestas consisten en el bloqueo de varias rutas que conectan el occidente
con el oriente del país, acompañadas de demandas vinculadas a la situación
económica, como la escasez de combustibles y divisas, y la inflación.
Sin embargo, el presidente Luis Arce sostiene que el objetivo real de las
movilizaciones es forzar su renuncia e imponer la candidatura
«inconstitucional» de Morales.
El miércoles, Arce ordenó a la Policía y al Ejército proceder con el desbloqueo
de caminos, operación que continuó este jueves con la habilitación de varias
rutas para permitir la circulación de pasajeros, alimentos y combustibles.
Por su parte, Morales afirmó que la batalla «no está perdida» y pidió
la aprobación de una ley que otorgue «el derecho de todos los actores
políticos a participar» en los comicios.
Distanciado de Arce desde finales de 2021, Morales insiste en ser candidato
pese a no contar con partido y a que el Tribunal Constitucional Plurinacional
ratificó recientemente que la reelección solo está permitida «por una
única vez de forma continua», sin posibilidad de un tercer mandato.
Morales ya gobernó Bolivia durante tres periodos.
Con información de EFE
