El Poder Judicial presentó este jueves al Poder Ejecutivo su proyecto de Presupuesto Quinquenal 2025-2029 con un énfasis en el mensaje de que “no hay justicia sin independencia, no hay independencia sin presupuesto y no hay bienestar colectivo sin justicia”.
La propuesta subraya que el sistema funciona con un nivel de financiamiento que consideran insuficiente, ya que apenas representa el 0,32% del PIB, lo que equivale al 1,09% del crédito asignado al Gobierno Central.
El documento insiste en que invertir en justicia es invertir en desarrollo, y cita estudios del Banco Mundial que demuestran cómo los sistemas judiciales sólidos generan crecimiento, reducen la violencia y fortalecen la confianza en las instituciones. También recuerda que Uruguay lidera la región en el Rule of Law Index del World Justice Project 2024, donde figura entre los primeros lugares en justicia civil y penal.
Entre las medidas que contempla el proyecto figura la creación de 24 juzgados especializados en violencia de género, seis en Montevideo y 18 en el interior, además de la instalación de juzgados letrados en Ciudad del Plata, que con casi 40.000 habitantes solo cuenta con un Juzgado de Paz. También se prevé reforzar la defensa pública con 116 nuevos cargos entre titulares y suplentes, así como medidas de salud laboral, suplencias y carrera funcionarial para jueces, defensores y funcionarios.
Más allá de los recursos, la propuesta incluye reformas procesales de costo cero que buscan simplificar trámites, reducir tiempos y acercar la justicia a la ciudadanía. Según el texto, se trata de “pequeñas modificaciones procesales con un efecto acumulado significativo”, capaces de aliviar la carga de los juzgados y mejorar la calidad del servicio sin aumentar el gasto.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, sostuvo que el planteo debe ser entendido como una apuesta estratégica para el país. “Pedimos más presupuesto para servir mejor”, señaló, al remarcar que una justicia fortalecida no solo garantiza derechos, sino que también genera certeza jurídica, atrae inversiones, impulsa el empleo y fortalece la cohesión social.
