Por esta razón señalan a la Fiscalía de Colombia de cometer «uso abusivo»
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Una experta internacional de Naciones Unidas presentó un informe donde desvela el papel del ente acusador en el caso del fallecido exguerrillero ‘Jesús Santrich’.
Una experta internacional en derechos humanos de Naciones Unidas concluyó que la Fiscalía colombiana obstaculizó las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso del fallecido exguerrillero Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, con la finalidad de debilitar la confianza ciudadana en el proceso de paz y en la justicia transicional.
En su informe final sobre los obstáculos para el cumplimiento del Acuerdo de paz de 2016, Antonia Urrejola destacó la denuncia penal hecha en marzo de 2023 por la JEP contra exmiembros de la Fiscalía por supuesta «obstrucción a la Justicia, estafa contra una orden judicial y ocultación de pruebas» en el proceso de «garantía de no extradición» a ‘Santrich’, entre 2018 y 2019.
El informe se realizó con base en 80 entrevistas individuales y grupales con actores e instituciones estatales y de la sociedad civil. La experta estuvo dos veces en Colombia, en agosto y noviembre de 2023, y una en Ginebra, donde se reunió con organizaciones de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático.
Las conclusiones
El documento presentado por Urrejola fue elaborado tras la petición del Gobierno colombiano, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, de que se crearan grupos de expertos independientes para investigar el «entrampamiento» a la JEP en el caso ‘Santrich’.
Según Urrejola, «habría existido una obstaculización del procedimiento» de la justicia transicional, por parte de la Fiscalía, para retrasar o evitar que emitiera la «garantía de no extradición», que le otorgaba seguridad jurídica al firmante de la paz.
Para la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «el asunto relativo a ‘Santrich’ ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional».
En su opinión, «se reforzó el estigma» sobre quienes suscribieron el acuerdo de paz de 2016, «se aceleró su división interna» y se afectaron sus reincorporaciones a la vida civil.
El cronología del caso ‘Santrich’
En abril 2018, la Fiscalía detuvo a Hernández Solarte con base en una circular roja de la Interpol, tras la acusación por el presunto delito de narcotráfico hecha por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el 4 de abril de 2018.
Entre abril 2018 y mayo 2019, le JEP pidió tres veces, sin éxito, a la Fiscalía que enviara las pruebas para determinar si el supuesto delito había sido cometido por ‘Santrich’, previo a la firma del acuerdo de paz. Ante la falta de respuesta, el organismo de justicia transicional le otorgó en mayo de 2019 la «garantía de no extradición».
Néstor Humberto Márquez, titular de la Fiscalía hasta el 15 mayo de 2019, renunció a su cargo luego de que la JEP emitiera la orden de «libertad inmediata» para el exguerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por considerar que la decisión era «un desafío al orden jurídico«. Sin embargo, dos días después, el ente acusador lo recapturó aduciendo que tenía pruebas de su actividad como narcotraficante.
El 29 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó su liberación debido a su investidura como congresista de ‘Santrich’, por lo que contaba con inmunidad parlamentaria.
Al quedar en libertad, el 11 de junio de 2019 se juramentó como legislador de la Cámara de Representantes del Congreso. Dos semanas después, su esquema de protección reportó su desaparición y en agosto de ese año retomó las armas junto a ‘Iván Márquez’.
En septiembre de 2019, la JEP lo expulsó de ese mecanismo por considerarlo «desertor armado manifiesto del proceso de paz».
Casi dos años después, en mayo de 2021, ‘Santrich’ fue emboscado y asesinado por el Ejército dentro del territorio venezolano, según informaron las disidencias de las FARC.
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