El pasado viernes se produjo un punto de inflexión en la causa
por la denominada Operación Océano, cuyas acciones judiciales llevan ya dos años.

Tal como informáramos, en esa ocasión el fiscal subrogante
de Corte Juan Gómez presentó los principales resultados alcanzados en el marco
de dicha causa, luego de que la fiscal de Delitos Sexuales Mariana Alfaro
presentara la acusación de este proceso judicial.

En ese momento, el letrado detalló que veinte personas
fueron «responsabilizadas» por esta operación. De esa cantidad, a su
vez, nueve ya cuentan con una sentencia condenatoria por un proceso abreviado
(que requirió que el imputado debiera reconocer los hechos) y las 11 restantes
pasarán a juicios orales y públicos.

Allí “tendrán la posibilidad de esgrimir sus defensas ante
un juez y estaremos todos atentos a la decisión del Poder Judicial”, dijo el
fiscal de Corte en conferencia de prensa.

En tanto, para “aclarar” que lo afirmado es “la estricta
verdad” —dijo Gómez—, en cinco de los nueve procesos abreviados las personas
cumplen prisión efectiva “en algún caso”.

En las últimas horas, el noticiero Subrayado publicó en su
página web algunos pormenores de cada uno de los once hombres que pasaran a
juicio oral, así como de los delitos que se les achacan.

Posteriormente, el periodista Antonio Ladra, uno de los
principales investigadores en la causa, publicó la misma información, pero con
el agregado de los nombres y apellidos de los once imputados.

El primero de los imputados mencionados es un exjuez de
menores de 70 años, de iniciales W.B. que en 2015 se contactó vía Tinder con
una adolescente de 15 años, a quien sometió a prácticas sadomasoquistas, según sostiene
la acusación.

“Le apretaba el cuerpo al punto de asfixiarla y le daba
fustazos en los genitales así como en todo el cuerpo”, se lee en la documentación
del caso. Este hombre usaba látigos, vibradores, fustas y juguetes sexuales.
Con la víctima se vio durante 3 años y por cada encuentro le pagó 2.500 pesos.
Una vez la pasó a buscar por la puerta del liceo. Asimismo, guardaba fotos de
la menor participando de sexo grupal.

El segundo mencionado es el empresario argentino R.O. C., “ex
director y fundador del colegio St. Clare de Punta del Este”, según detalla
Ladra. Este hombre  se contactó por páginas
de citas con tres adolescentes. Una de ellas, de 17 años, le dijo que era mayor
de edad. Otra de sus víctimas tenía 14 años y la otra 17.

Luego se refiere a L.G., “ex gerente general de Saman” que le pagaba a una
adolescente de 16 años a cambio de sexo. En ningún momento le pidió la cédula.

A continuación señala a A.I., patrón de pesca, quien se veía
con una adolescente de 17 años en hoteles de alta rotatividad. Según Subrayado,
este hombre tiene 60 años y pagaba 4.000 pesos a la menor, y también contactó a
otras a través de webs de citas.

Posteriormente se hace referencia M.L., abogado de 59 años,
quien creó en WhatsApp un grupo llamado “El tío y las sobrinitas”. Se hacía
llamar “el tío” y con las menores practicaba sexo grupal. Usó Tinder y Badoo
para contactarse con otras menores.

Acto seguido se hace mención a N.O.  docente y exdiputado suplente del sector
Ciudadanos del Partido Colorado, que fuer luego expulsado de su sector: estuvo
con dos menores a quienes les dijo que no tenía plata y les pagó con cristales
de droga.

Otro de los imputados es J.P.S un empresario agropecuario
que en aplicaciones de citas se presentaba como “señor buena onda”. Este hombre
de 52 años, al que Ladra denomina “play boy argentino”,  tuvo a una adolescente de 16 en su casa de
Ciudad Vieja durante tres días manteniendo relaciones sexuales a cambio de
techo, baño y comida. En otro de los encuentros, le pagó a la víctima con un puñado
de monedas que tenía en su casa.

Luego se menciona a J.M.P de la C., arquitecto de 64 años, quien
trataba de “putita” a una de las víctimas y le pagaba 200 dólares por
encuentro.

La lista prosigue con A.P.,empresario de 58 años, quien en
una ocasión quiso estar con dos de las víctimas a la vez y  se encontró con ellas en un shopping, las
invitó a un hotel pero ellas no quisieron y él les respondió que “para compañía
ya tenía a sus amigos” y les dio 2.000 pesos a cada una. Con otras víctimas sí
mantuvo relaciones sexuales, pagando 5.000 pesos.

También se nombra a R.S., empresario de 63 años, quien se contactó con una
adolescente de 16 años por WhatsApp en 2019. Le dijo que “buscaba una bebita
para cuidar” se vieron, él tomó mucho alcohol y “la humilló”. En ningún momento
le pidió cédula.

La lista se cierra con M.S., fotógrafo, fotógrafo que se
contactó con la víctima de 13 años por Instagram y Whatsapp. Mantuvieron
relaciones frente a un tercero. El imputado subió foto de la adolescente en
posiciones sexuales y sin ropa a redes sociales. Le preguntó varias veces si
tenía 18 años y ella dijo que sí cuando de su aspecto se desprendía que era
notoriamente menor, agrega la fiscal.

En su cuenta de Twitter, Ladra recordó que en el comienzo de
la causa, todos los arriba mencionados “se presentaron como víctimas”, y que
desde que comenzó la investigación hasta ahora “se dijeron muchas cosas: que la
fiscal Darviña Viera, quien inició la causa y su colega Alfaro, que la culminó,
usaron pruebas fraguadas, que se mintió y manipuló”.

“Todos ellos, los 11, dijeron en algún momento que fueron víctimas de una
patraña, una mentira. Ahora van a juicio y allí, en el estrado, ¿volverán a
repetir que fueron engañados?”, se preguntó.





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