El proyecto de Ley de Presupuesto incluye un artículo que autoriza a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario sin intervención judicial. Hasta ahora, para acceder a datos financieros de un contribuyente se requería la autorización de un juez y la existencia de indicios de evasión.
El cambio figura en el artículo 635, que regula pedidos de información de fiscos extranjeros y agrega que la DGI podrá solicitar lo mismo “en iguales términos y condiciones” para sus propias investigaciones. Según informó El Observador, la diferencia con el régimen vigente es que desaparece el control judicial.
En diálogo con Montevideo Portal, la contadora Pía Biestro, exdirectora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y actual asesora de la bancada del Partido Nacional, consideró que la medida avanza sobre un derecho constitucional: “El secreto bancario es una manifestación del derecho a la intimidad, protegido por el artículo 72 de la Constitución, y su levantamiento solo puede ser decidido por un juez”.
Biestro recordó que el cambio responde a observaciones hechas por el Foro Global de Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en 2020 cuestionó dos prácticas de Uruguay: la vista previa al contribuyente cuando un fisco extranjero pide información y la autorización judicial para acceder a datos bancarios.
“Es cierto que estas exigencias retrasan el intercambio y la OCDE presiona para eliminarlas, pero ambas responden a principios constitucionales y de soberanía”, señaló.
En ese sentido, la contadora planteó un camino intermedio: “No se trata de desconocer los estándares internacionales. Podemos cumplirlos con un procedimiento judicial más abreviado, que respete las garantías y a la vez acorte los plazos”.
De aprobarse la nueva redacción, la DGI podrá emitir una resolución fundada para requerir información al Banco Central del Uruguay, que deberá transmitirla en cinco días a la institución financiera correspondiente. Esta tendrá 15 días para entregarla o enfrentará multas que superan los US$ 300.000.
“La intervención judicial asegura que los datos entregados cumplan con requisitos formales y sustanciales, y que exista proporcionalidad”, advirtió Biestro. Para ella, el desafío es combinar la presión internacional con el respeto a los derechos de los contribuyentes.
“Yo no estoy planteando el incumplimiento de los estándares; podemos cumplirlos. Quizás el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial no sea el camino, sino un procedimiento súper abreviado”, resumió Biestro.
