Propietarios de Punta del Este y vecinos de Colonia denuncian negocios turbios

El recurso fue presentado el pasado lunes y propietarios en otros edificios vecinos, así como varios comerciantes, han anunciado su intención de sumarse a la impugnación. Si el TCA da razón a los vecinos y aún así el Gobierno departamental mantiene el permiso de construcción, los reclamantes están dispuestos a accionar en la Justicia Civil por los daños y perjuicios emergentes. En tal caso la Intendencia de Maldonado enfrentaría la mayor demanda de su historia y eventualmente podría ser condenada a pagar una cifra millonaria en dólares.

La historia de la Ancap de Punta del Este

La estación Ancap de la avenida Gorlero es un proyecto de los arquitectos Rafael Lorente y Robert Beraldo que se terminó de construir en 1946. Entonces era la primera estación de servicios que el ente abría en el interior del país. A solicitud de los vecinos, en el año 2000 y por el decreto 341/2000 se la declaró Patrimonio Histórico Nacional. De acuerdo a la ley 14.040, Ancap estaba obligada a conservarla y mantenerla.

En el año 2006 esa estación se trasladó a la avenida Roosevelt y el edificio de Gorlero, que incluye a varios apartamentos y locales comerciales sobre la avenida, quedó abandonado.

En el año 2011 y a solicitud del entonces intendente Óscar de los Santos (FA), Ancap cedió en comodato el edificio, que fue refaccionado en gran parte para que allí funcionara el Municipio de Punta del Este, junto a una biblioteca pública.

Un año después la Intendencia propone fraccionar en dos el padrón: en la parte A del padrón 29, de ahora en más 11.492, se ubica el edificio de la estación y en el B, ahora 11.493, lo que antes era el estacionamiento. Los vecinos participaron en todas las etapas de la negociación y la propuesta fue aprobada por la Junta Departamental. La idea del Gobierno era que en ese padrón se construyera un estacionamiento de hasta 8 pisos.

Pero se cometió el error de no consultar a la Comisión de Patrimonio como lo establece la ley respectiva. En julio del 2016 Ancap solicita a Patrimonio la desafectación del padrón 11.493, pero el trámite fue archivado tras un informe negativo del Departamento de Arquitectura de la referida comisión.

En agosto del 2017 el ente energético inscribe el plano de fraccionamiento en el Catastro Nacional. Estaba entonces muy claro que ambos padrones formaban parte del Monumento Histórico Nacional.

En el año 2022 la Intendencia invirtió casi un millón de dólares para reformar todos los interiores y accesos al viejo edificio, construyendo además un salón de actos y oficinas para el Municipio de Punta del Este.

Al que el MEC no puede explicar

En el año 2023 Ancap decidió vender el padrón 14.293 pero advirtiendo a los eventuales compradores las condiciones en que se encontraba ese predio. Incluso antes del remate se informó a los presentes y hay testimonios de la Asociación Nacional de Rematadores y videos que lo prueban.

¿Por qué es necesario probar algo tan obvio? Porque el Ministerio de Educación y Cultura estableció en su resolución 1318/023 que “el comprador del padrón 11.493 decidió realizar su oferta en la subasta con la información disponible sobre la condición del inmueble, en la que no se hizo constar debidamente su condición de Monumento Histórico Nacional, ni tampoco resultaba dicha calidad de la cédula catastral emitida en esa oportunidad”.

Aunque el 2 de marzo del 2023, antes del remate, el arquitecto William Rey envía una nota al presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic en la que establece: “El predio a rematar forma parte de un padrón con mayor tamaño que fue deslindado con posterioridad a la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de la antigua estación. Sin embargo, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación no llegó a aprobar el mencionado deslinde, razón por la cual (el) fraccionamiento una vez realizado debe incorporarse con su nuevo número de padrón a la lista de Monumentos Históricos Nacionales. Por lo tanto, es importante que Ancap tenga en cuenta que el bien que sale a remate tiene esta afectación y debe comunicarse públicamente la misma a los interesados”.

Aún así el ministro Pablo Da Silveira firma la resolución que establece:

1ro.- Desaféctase de su condición de Monumento Histórico Nacional el inmueble empadronado actualmente con el nro. 11.493, sito en Avenida Gorlero y calle Las Focas de la localidad de Punta del Este, departamento de Maldonado, antes en mayor área padrón nro. 29, manzana 7.

2do.- Notifíquese al propietario Kamul S.A.

3ro.- Comuníquese a Intendencia de Maldonado, a la Junta Departamental de Maldonado, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Registro de la Propiedad Inmueble de Maldonado, a la Dirección Nacional de Catastro y a la Oficina Delegada de la Dirección Nacional de Catastro en Maldonado.

4to.- Publíquese en el Diario Oficial.

5to.- Pase a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para su conocimiento y demás efectos que pudieren corresponder.

En los pequeños detalles está la joda

En marzo de 2023 el padrón 11.493 fue adquirido en 2.300.000 dólares por el empresario inmobiliario Daniel Zulamián, un hombre estrechamente vinculado al Partido Nacional y fuerte aportante de las campañas de esa colectividad en el año 2019 y 2020.

La compra se hizo en remate público y el empresario fue el único interesado. Una semana después presentó la solicitud de desafectación la que, en el trámite más rápido que recuerde la administración pública, fue respondida afirmativamente exactamente a los siete días.

Es muy obvio que nadie invierte esa cifra sin tener la certeza del negocio y todo lleva a pensar que el empresario contaba con información privilegiada.

Lo curioso del caso es que la resolución ministerial establece que “se notifique al propietario de Kamul S.A.”, que es Zulamián pero nunca presentó el poder, requerido para cualquier trámite estatal, que lo identificara como dueño de la empresa, ni el Ministerio le reclamó nada, porque si no se hace en 10 días el trámite debe ser archivado.

Mucho más curioso es que en otro tramo del expediente se identifique a la empresa como “Karmul (con ere) S.A.”, que en realidad es la empresa que solicita la desafectación otorgada a “Kamul (sin ere) S.A.”. O sea, el Ministerio no sabe a quién le otorgó la desafectación. O lo sabe y sería más grave, porque parecido no es lo mismo.

La resolución ministerial jamás se publicó en el Diario Oficial y cuando el abogado Pablo Durán y algunos vecinos afectados pretendieron acceder al expediente se les dijo “que estaba perdido”.

La nota se presentó en agosto del año pasado, el expediente nunca aparecía y los peticionantes fueron destratados a los gritos por un jerarca del MEC.

Uno de los reclamantes dijo a Caras y Caretas que “parecería que el Ministerio pretendía que se vencieran los plazos para presentar nuestro recurso ante el TCA”.

Mucho más grave es que en el expediente parece que la resolución que favorece a Zulamián se tomó antes de que él presentara el recurso.

Al principio de este entuerto, y cuando se supo que los vecinos comenzaban a movilizarse, el empresario amenazó a Ancap con un juicio millonario. Pero Stipanicic declaró a varios medios que “eso no tendría andamiento porque el comprador estaba suficientemente avisado”.

La Junta de Maldonado hizo lo que siempre hace: votó excepciones a las normas

Para los vecinos la situación adquirió otro cariz cuando a propuesta del intendente Enrique Antía (PN) la Junta Departamental aprobó, a fines de enero de este año, una consulta por la que se autoriza la construcción de una torre de 20 pisos en la que seguramente serán 21, ya que las normas departamentales establecen que todo edificio de 36 metros de altura o más pueden construir otro, o sea, un penthouse, desconociendo y destruyendo la unidad del viejo e histórico edificio.

El edificio aprobado, por su volumen y ubicación, retirado solo 6 metros del edificio patrimonial de la ex estación de servicio Ancap, lo afecta groseramente al modificar el espacio urbano.

Los propietarios de los edificios circundantes, que pagan impuestos y tasas muy altas por su ubicación, sostienen que la nueva construcción afectará la vista del entorno, una de las principales razones por la que invirtieron en ese lugar cifras muy importantes en dólares.

Pero además la resolución de la Junta modifica en la práctica al histórico edificio, porque se aprobó la cesión de una servidumbre de paso que parte en dos a la vieja estación para que la nueva construcción tenga salida a Gorlero.

Es decir, Zulamián se quedó con la chancha y los 4 reales.

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En Colonia se preguntan sobre los negocios entre empresarios y políticos

Desde hace varios días está circulando en Colonia del Sacramento un documento elaborado por vecinos de la ciudad preocupados por un megaemprendimiento inmobiliario llamado “ MásColonia”.

“Constatamos hechos y nos hacemos preguntas. Invitamos a la ciudadanía coloniense a informarse y reflexionar”, dice el documento.

¿Qué es MásColonia?

El proyecto ha sido definido de muchas maneras: un barrio, el mayor centro de innovación de América Latina, una ciudad inteligente, una ciudad del futuro, un HUB de innovación, una ciudad de 15 minutos, un megaproyecto residencial. “Arte, cultura y entretenimiento serán el corazón del proyecto”, dicen los desarrolladores.

La gobernanza de MásColonia será “una organización autónoma descentralizada con participación directa y activa sobre decisiones de los distritos, asesorados por los miembros del consejo de la ciudad”. Es decir algo así como un poder paralelo al institucional.

Quienes se oponen al proyecto se preguntan: “¿Una ciudad nueva al lado de Colonia del Sacramento que se regirá por sus propias leyes e instituciones? ¿Un atractivo turístico para sectores de altos ingresos donde se divertirán, comerán y consumirán?”. ¿O sólo un gran negocio para los empresarios impulsores, sus socios comerciales e inmobiliarios y algunos sectores de la política?

MásColonia está pensado para argentinos que quieran residir en Uruguay a pocos minutos de Buenos Aires. Se presenta para jóvenes vinculados a las nuevas tecnologías o al sector financiero.

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Para los dueños de la tierra, pura ganancia

Una familia argentina dueña de 519 hectáreas en la zona de El Calabrés de Colonia desde hace más de 30 años intenta por cuarta vez que se le permita hacer lo que la ley prohíbe: la construcción de un complejo de edificios en terrenos rurales y linderos a la costa (ley 18.308 de 18 de junio de 2008). “Ahora lo consiguieron”, afirman los vecinos.

La Junta Departamental aprobó un cambio en la recategorización de las tierras de rurales a suburbanas con fines turísticos, que fue ratificado por la Intendencia. Eso les permite avanzar con el proyecto en la búsqueda de financiación, obtención de crédito y exoneraciones impositivas. Pero, además, esa sola resolución acrecienta exponencialmente la fortuna de los dueños a través de la importantísima revalorización de sus tierras, que pasaron de 6 a 60 dólares el metro cuadrado.

Vale señalar que es el mismo fenómeno que se advierte en Canelones y Maldonado para la construcción de barrios cerrados.

El pasado 18 de abril el proyecto “MásColonia” fue exonerado durante 10 años por el Ministerio de Economía y Finanzas del impuesto aduanero único a la importación, la tasa de movilización de bultos, la tasa consular y, en general, de todo tributo de importación, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a la renta, a la importación de equipos, máquinas, materiales destinados a obra civil y de los bienes muebles destinados a las áreas de uso común.

Para Colonia pura pérdida

En el documento que circula ampliamente por estas horas se expresa que “MásColonia tendrá un tremendo impacto ambiental. Y, sin embargo, han obtenido una categorización B por parte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), lo que no corresponde. Deberían haber sido categorizados con C y realizar una audiencia pública ya que todas las estimaciones de impacto son negativas, van del grado moderado a significativo”.

Agregan que “MásColonia configura un antecedente para otros desarrolladores en las costas de este departamento. La sustitución de las dunas y la vegetación típica por estructuras rígidas, como celdas urbanizadas y calles perjudicará el régimen de alimentación de las playas de Ferrando y El Calabrés. ¿Nos quedaremos sin playas?”, se preguntan.

Si bien los desarrolladores señalan que MásColonia será “una ciudad abierta, ¿quién garantiza que el acceso a las playas a través de la nueva ciudad estará permitido?”.

La preocupación vecinal abarca todas las áreas. Por ejemplo “se duplicará o más la actual población de Colonia, con todas sus consecuencias: se duplicarán la emisión de aguas residuales en las costas, se duplicará la generación de residuos, UTE y OSE deberán duplicar sus servicios. Al tratarse de un complejo de grandes dimensiones y cuyo desarrollo de edificación de viviendas se realizará durante al menos 5 años, tendrá un impacto considerable en el tráfico y en las condiciones de la ruta 1”, aseguran.

Agregan que “la ciudadanía coloniense no participará en la decisión de cuáles serán los espacios verdes públicos. Tampoco tiene ni tendrá ningún conocimiento ni control sobre cómo serán tratados los sitios arqueológicos del lugar”.

La generación de empleo en MásColonia es un mito. “Su dueño estimó públicamente 100 empleados directos (obreros de la construcción) durante las obras, y sin garantías de que sean colonienses”. “Y, sin embargo, ya se han establecido personas en El General esperando trabajar en el proyecto con sistemas de salud saturados. Lo mismo que sucedió cuando se construyó Montes del Plata y al final la gente se quedó”, establece el documento.