Un niño ucraniano refugiado espera en la fila para cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia, después de huir de la invasión rusa de Ucrania, fuera del puesto de control del paso fronterizo en Shehyni, Ucrania. 31 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay
Un niño ucraniano refugiado espera en la fila para cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia, después de huir de la invasión rusa de Ucrania, fuera del puesto de control del paso fronterizo en Shehyni, Ucrania. 31 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

Vladímir Putin, desde que se embarcó en la aventura militar de invadir Ucrania de forma masiva en febrero 2022, como segunda etapa tras quitarle la península de Crimea en 2014 y fomentar el separatismo de dos regiones (Donetsk y Lugansk) en el este, ha ingresado en su propio laberinto del horror. No sabe cómo salir de su propia trampa, de la “operación militar especial” que se suponía que duraría pocos días y permitiría remover a las autoridades de Kiev. En lugar de eso, se encontró inesperadamente –para él- con la resistencia de la población ucraniana y de su gobierno. También fortaleció a la alianza atlántica.

En su necesidad de obtener logros militares que le permitieran exhibirse como el estadista genial que no es, habilitó una serie de crímenes de guerra, como las matanzas de civiles, la rapiña de los soldados, violaciones y el enrolamiento de convictos como mercenarios del Grupo Wagner. Lo más estremecedor es su política genocida para borrar la identidad cultural de los ucranianos y rusificarlos forzosamente, siendo la práctica más aberrante la del traslado compulsivo de niños hacia Rusia para reeducarlos y otorgarles nuevas familias. Esto está tipificado como una de las formas de genocidio de acuerdo a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948, en su Art. II e, y por el Estatuto de Roma en sus artículos 6 (e), 8 (2) (a) (vii) y 8 (2) (b) (viii) respecto a la deportación forzosa y confinamiento ilegal de una parte de la población por parte del país ocupante en el contexto de guerra. Basado en los testimonios y evidencias reunidas in situ por el fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional. En febrero de este año, se conoció el exhaustivo informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, en el que basándose en testimonios, informes, geolocalización de campos de confinamiento y “reeducación” y hasta de declaraciones de funcionarios involucrados, pudo concluir en que por lo menos seis mil niños ucranianos fueron deportados forzosamente hacia territorio ruso para borrar su lengua y cultura anteriores, un fortísimo adoctrinamiento en la ideología neoimperial de la Rusia putinista y la demonización de su nación de origen. El informe señala que no se trata de medidas aisladas de alcaldes o gobernadores, sino una decisión del más alto nivel emanada desde el régimen autócrata en el Kremlin, ya que la sistematización de las deportaciones y la distribución de estos campos de confinamiento en el Cáucaso, en Siberia y hasta en las orillas del mar de Ojotsk, revelan un plan deliberado y diseñado. Es por ello que el fiscal Karim Khan solicitó el pedido de captura de Vladímir Putin y el de la comisionada de los Derechos de los Niños de la Federación Rusa, María Lvova-Belova, a lo que la Corte Penal Internacional accedió hace pocos días atrás.

Rusia no es signataria del Estatuto de Roma y desconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero sí ha firmado (como URSS) la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948. De hecho, la delegación diplomática de la Unión Soviética intervino en la discusión de la Convención para restringir la definición de genocidio, que originalmente era mucho más amplia en la acepción que había acuñado el jurista Raphaël Lemkin, presente en esas deliberaciones. El antecedente que tomó en cuenta para tipificar como delito a esta práctica aberrante había sido durante el genocidio contra el pueblo armenio en 1915, en el Imperio Otomano, cuando los niños de hasta diez años de edad eran secuestrados y entregados a familias turcas para darles una nueva identidad, cultura y religión.

Esto es consistente con lo que Vladímir Putin y sus círculos ultranacionalistas sostienen respecto a la inexistencia de la nacionalidad ucraniana, en consonancia con lo que sostenía la Rusia zarista. El pedido de arresto de Putin es, en principio, un señalamiento y sanción moral para un líder que aspira a tener relevancia mundial, y lo confina a moverse entre algunos países. En ese laberinto del horror se lleva consigo a su país, arrastrándolo al fango del oprobio, del crimen y de una guerra sin sentido que le está costando miles de vidas humanas, recursos y desprestigio de la nación a la que tanto manifiesta amar.

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