¿Qué implica la amenaza de Trump de atacar «por tierra» a Latinoamérica?

La idea que ha empezado a rondar el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, de optar por un «ataque terrestre» contra supuestos cárteles en América Latina revive el oscuro historial intervencionista de Washington y los temores de invasión.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que pronto realizará operaciones por tierra contra los cárteles de droga que operan en la región. 

«Ahora están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que será lo siguiente, la tierra será lo siguiente, y quizá vayamos al Senado, quizá vayamos al Congreso, y se lo contemos», manifestó.

Asimismo, Trump aseguró que su país «está en guerra» contra los cárteles del narcotráfico porque esas organizaciones delictivas también le declararon la guerra a EE.UU.. Sin embargo, dijo que no necesariamente habrá una declaración de guerra, sino que simplemente las fuerzas de seguridad norteamericanas van «a matar» a aquellos que llevan drogas al país. 

La víspera, el presidente deslizó la posibilidad de pasar de los ataques letales a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, a una incursión directa en el territorio soberano de los países latinoamericanos que EE.UU. considere blanco de sus políticas extraterritoriales. El problema principal es que ese tipo de acciones representan una violación flagrante del derecho internacional.

Quizá para anticipar los posibles cuestionamientos, Trump hizo un malabarismo para justificar la violación territorial y aseguró que tenía «autoridad legal» para ejecutarlo porque las drogas ilícitas habían cobrado 300.000 vidas estadounidenses el año pasado. «Tenemos una cuestión de seguridad nacional, de verdad», alegó. A la luz del derecho internacional, ¿qué tanta razón tiene?

«Algo muy grave va a ocurrir»

Desde agosto, cuando se conoció el inédito despliegue militar estadounidense en las aguas caribeñas frente a las costas de Venezuela, Trump ha dado la orden a ejecuciones extrajudiciales de al menos 37 personas acusadas de transportar drogas. Hasta ahora, lo que ha caracterizado esos operativos es la opacidad.

Las acusaciones infundadas contra el país suramericano y su Gobierno han sido la ficha usada por la Casa Blanca para proceder con los opacos operativos. A la fecha, no se sabe nada de la identidad de las víctimas, el protocolo usado para determinar que eran «narcoterroristas», la ubicación de los blancos o las supuestas incautaciones de drogas. Las únicas ‘evidencias’ que se han facilitado son algunos videos.

Ante la falta de transparencia, el ruido aumenta. Además de las organizaciones internacionales que alertan sobre la ilegalidad de las ejecuciones extrajudiciales, hay un creciente cuestionamiento por parte de Gobiernos de América Latina y el Caribe, que ven en las hostilidades una amenaza a la paz de toda una región que no había vivido una tensión similar desde 1989, cuando EE.UU. invadió Panamá para derrocar a Manuel Noriega, antiguo aliado de la DEA y la CIA.

Las recientes declaraciones de Trump no contribuyen a la calma: «Algo muy grave va a ocurrir, el equivalente de lo que está sucediendo por mar».

Dos supuestos 

A la luz del derecho internacional, un «ataque por tierra» equivaldría a la violación de la Carta de Naciones Unidas (ONU), que en su artículo 2.4 prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Solo hay dos excepciones: por autodefensa o por autorización expresa del Consejo de Seguridad.

En ese contexto, parece lógico que Trump insista en desplazar el debate de las drogas del ámbito de la seguridad y la salud pública, a la supuesta «amenaza» transnacional. Solo así podría intentar justificar una incursión a otro país en su particular «guerra contra el narcotráfico».

Los mayores riesgos, de momento, están en dos países: Colombia y Venezuela. La arremetida contra Caracas fue el primer objetivo declarado de Trump, pero en las últimas semanas sus dardos han empezado a caer en el terreno del presidente Gustavo Petro.

Ahora, las acusaciones infundadas de Trump contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se replican casi exactamente contra Petro. Ambos, según la inflamada retórica del inquilino de la Casa Blanca, son supuestos «líderes del narcotráfico». 

Venezuela y Colombia

Esta semana, Maduro cerró filas con Petro. «Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses. Y lo que sea con Colombia, es con Venezuela. Y lo que sea con Venezuela, es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las fuerzas militares colombianas hace dos semanas: ‘Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia’. Somos una sola patria del corazón. Y no decimos por decir lo que estoy diciendo«, sostuvo el mandatario en una jornada de trabajo televisada.

Cuando iniciaron los ataques letales en el Caribe, Petro fue una de las primeras voces en denunciar que se trataba de «asesinatos». El tono crítico molestó a Trump, quien subió la apuesta contra su par suramericano después de que este participara en una protesta pro-palestina en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En ese caldo, hay al menos dos puntos de inflexión: el primer operativo en el Caribe que dejó dos sobrevivientes; y la ‘inauguración’ de los bombardeos estadounidense en el frente Pacífico.

La pelea solo ha escalado desde entonces. La diplomacia de los micrófonos (y de las redes sociales) se ha caracterizado por acusaciones mutuas, amenazas arancelarias de EE.UU. y la suspensión temporal de la «ayuda» que Washington le facilita a Colombia y que, para Petro, son ‘dádivas‘ envenenadas.

En ese caldo, hay al menos dos puntos de inflexión: el primer operativo en el Caribe que dejó dos sobrevivientes; y la ‘inauguración’ de los bombardeos estadounidense en el frente Pacífico.

«Mejores amigos»

En medio de sus amenazas de «atacar por tierra» a los supuestos narcos en Latinoamérica, Trump deslizó que ya «no hay barcos en el agua«. De este modo, Washington parece enviar el mensaje de efectividad en el frente marítimo para justificar una escalada en tierra firme.

El aparente cambio de objetivo ocurre días después de que el bombardeo de EE.UU. a una pequeña embarcación, presuntamente en aguas territoriales de Colombia, dejara por primera vez dos sobrevivientes: un ciudadano ecuatoriano y otro colombiano.

El ciudadano ecuatoriano fue absuelto sin cargos por la Fiscalía de su país, mientras que el colombiano sigue en cuidados médicos. El historial de las víctimas, de momento, pone en duda la cacareada acusación de que todos los ataques estadounidenses eran contra «peligrosos narcotraficantes».

En medio de la campaña militar en el Caribe —que ni siquiera figura entre las principales rutas de droga hacia EE.UU.—, por primera vez se reportaron bombardeos a lanchas en el Pacífico, la zona desde donde se trasiega cerca de 87 % de las sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

El anuncio coincidió con un hecho curioso: el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, dijo que las relaciones de su país estaban en el «mejor momento en décadas» con Ecuador. Así, mientras aumenta la retórica contra Colombia y Venezuela, Washington le da una ‘carta de buena conducta’ a Quito.

La jugada no es sorpresiva. En los últimos meses, el Gobierno de Ecuador puso sobre la mesa la posibilidad de que las bases estadounidenses vuelvan a instalarse en su territorio, pese a la reforma constitucional que las prohibió en 2008.

El cambio constitucional que hoy impide la presencia militar extranjera en el país andino se aprobó por referéndum en septiembre de 2008, meses después del bombardeo que perpetró Colombia en territorio ecuatoriano, con asesoría de EE.UU.

Por ese entonces, el ministro de Defensa de Colombia era Juan Manuel Santos, quien años después recibió el Nobel de la paz, pese a su responsabilidad en la operación que propició la ruptura diplomática con Ecuador y que recibió la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) por violación a la soberanía.

Agresión estadounidense en el Caribe

• El pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en la zona. Actualmente, Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano con el argumento, sin sustento ni pruebas, de combatir a los cárteles del narcotráfico

• Los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro han sido señalados infundamentadamente por Trump de liderar organizaciones narcotraficantes. La acusación contra Petro trajo un deterioro de las relaciones con Washington. 

• Mientras, Caracas ha calificado de «agresión» las acciones militares y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. Maduro sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales»

• El miércoles 22 de abril, el secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, confirmó «un ataque cinético» contra una presunta ‘narcolancha’ en aguas del océano Pacífico que dejó dos personas muertas, aunque no precisó exactamente dónde tuvo lugar. 

• Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido criticados por gobiernos como los de Colombia, Brasil y Venezuela, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional