Por Nicolás Delgado

El Poder Ejecutivo decretó que la prioridad para operar buques con contenedores en el puerto de Montevideo es de Terminal Cuenca del Plata (TCP), propiedad en 80% de Katoen Natie (multinacional con sede en Bélgica) y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Otro de los operadores del puerto, Montecon, una empresa perteneciente a Neltume Ports, cuyos accionistas son Ultramar (compañía chilena) y ATCO (grupo canadiense), considera que si en febrero de 2022 comienza a regir el decreto, como está previsto, se generará un monopolio de TCP que afectará el empleo y el comercio exterior de Uruguay.

Desde Santiago de Chile, Fernando Reveco, director de Montecon, respondió en diálogo con Montevideo Portal algunas de las críticas que Katoen Natie y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, formularon sobre la compañía que dirige. Además, anunció qué pasos diplomáticos, administrativos y judiciales están dando.

¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de Montecon?

La preocupación principal y específica que ha generado todo este lío son dos decretos que ha publicado el gobierno recientemente, que son el 114 y el 115. Básicamente, otorgan un privilegio, un monopolio, sobre la actividad portuaria de contenedores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), y cuando entren en función en febrero del próximo año, no le permitirán a Montecon seguir operando contenedores. Esos decretos cambian la situación en que hoy se operan los contenedores en el puerto de Montevideo.

Mediante decretos no se permitirá operar contenedores en áreas públicas, por lo que todos los operadores -importadores, exportadores, barcos que traen contenedores- van a tener que pasar obligatoriamente por TCP a partir de febrero del año próximo. Ese es el conflicto que tenemos.

Hoy Montecon opera el 55% de los contenedores que se operan en Montevideo, a pesar de tener estas desventajas. El 90% del negocio de Montecon, que son los contenedores, se nos expropia o se nos quita.

¿Eso llevaría a que la empresa se retire de Uruguay?

Nosotros no queremos retirarnos de Uruguay. Esa no es hoy la conclusión. Hoy queremos defender lo que tenemos. Creo que tenemos argumentos sólidos en distintos planos, de conversación uno a uno, con las autoridades, y obviamente tenemos planos legales, porque hay una base de decretos, leyes, historia de más de 27 años sobre este tema, que a nosotros nos da la razón. Y eso es lo que hoy en día estamos defendiendo, con distintas herramientas.

Tenemos estrategias para defender esto y no irnos, porque no queremos irnos de Uruguay.

Es más, en diciembre del año pasado le enviamos al gobierno una iniciativa privada para hacer una segunda terminal multipropósito, dentro de las áreas que hoy tiene el puerto con el fin de invertir aún más y tener una posición más competitiva, con mayor capacidad y mejor servicio para seguir creciendo. Eso explica cuál era nuestra estrategia, de seguir creciendo.

Esta manera artificial, que mediante decretos busca de alguna forma emparejar o desbalancear la cancha en favor de un actor, creemos que es injusta. Nosotros simplemente pedimos competir en igualdad de condiciones. Como falta tiempo, queremos establecer todos los canales posibles para poder lograr una solución y no tener que irnos.

Creemos que va a ser un daño terrible para el mercado de los contenedores de Uruguay que al operador que mueve el 55% de los contenedores se le diga que no pueda moverlos. Eso generará un impacto: colas, congestión, problemas, ya que a alguien que tiene la libertad de ir a TPC o a Montecon, ahora le dirán que tiene que ir a negociar solo con TCP y no tendrá la libertad de elegir.

Todos los días se ven en la prensa que salen los exportadores, los sindicatos, los usuarios, las navieras diciendo: ‘oye, ¿se acabó la libre competencia y ahora rige monopolio por decreto? ¿tengo que hablar solo con este señor de ahora en adelante? ¿qué pasa si suben las tarifas? ¿me voy a tener que ir a Argentina?’
El puerto de Montevideo, el área pública, son 155.000 metros cuadrados, en el que participan muchos operadores, y Montecon es uno más. Arrendamos áreas con tarifas conocidas, y si tenemos la carga, ocupamos el área, la rentamos, organizamos la faena, y transferimos.

Hoy es mucha la carga que se transfiere en Montevideo desde Brasil, Bolivia, Paraguay, incluso Argentina. Esa gente que exporta por barcazas decide, obviamente por las condiciones geopolíticas de Argentina, irse a Montevideo a transferir. No es una carga que se genera internamente en el país, sino que llega desde otros puertos. Por lo tanto, esa carga no es cautiva y si obligas a esa gente a ir por una opción, probablemente sea Buenos Aires nuevamente la alternativa.

Augusto Durán Martínez, abogado de Katoen Natie y exprosecretario de Presidencia, dijo a El País que en el negocio portuario «está la construcción y manejo de las infraestructuras y, por otro lado, las actividades en sí», y agregó: «Esas actividades son las que pueden actuar normalmente en competencia, pero el manejo de las infraestructuras no. Miremos lo que pasa en la navegación aérea, las aerolíneas compiten entre sí, pero no es posible que cada una tenga un aeropuerto propio. Lo mismo pasa en el puerto, es una actividad que no se adecúa bien a la competencia». ¿Qué responde a este planteo?

Lo que pasa es que el puerto es parte de la actividad en sí. Es como si tú dijeras: ‘te quedas sin las mangas, y puedes operar los aviones’. Nosotros para operar necesitamos tener un área. Cuando llega un barco al puerto tiene la libertad hoy de ir a dos terminales: a Montecon, en el área pública, o a TCP. Yo necesito el área para poder bajar la carga, porque si no, ¿dónde la bajo?

La analogía (de Durán Martínez) no está bien aplicada. El aeropuerto de San Pablo tiene tres o cuatro terminales: en una opera Gol, en otra opera Lan, en otra otras líneas, nacionales e internacionales.

Entonces, esa es la analogía correcta. Yo tengo un puerto, o un aeropuerto, con varias terminales. Lo que se propone (por parte del gobierno uruguayo) es que solo una línea aérea opere todas las terminales. ¿Y qué pasa con el resto que está operando? Ya no pueden operar.

¿Cómo valora las palabras del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, quien planteó que Montecon opera en «una situación ilegal», porque «no tiene concesión y actúa en los muelles públicos con permisos precarios, compitiendo deslealmente» contra TCP?

A nosotros no nos gusta esto. Llevamos 65 años en la industria como Ultramar y más de 150 años si tomamos ATCO, que son nuestros socios canadienses en Montecon. No nos gusta este nivel de discusión por la prensa, las descalificaciones, las imprecisiones que tenemos que salir a precisar, porque que digan que estamos operando ilegalmente nos duele mucho, ya que el cumplimiento de las normas para nosotros es fundamental en todos lados donde estamos.

No podríamos tener esta historia de 150 años en distintas industrias si estuviéramos operando ilegalmente. Eso no nos cabe en la cabeza. Todos los días van 700 personas a trabajar (a Montecon) con la convicción de que lo están haciendo muy bien y es así: eso nos duele.

Eso solamente nos puede sugerir que este decreto y todo este arreglo que hubo entre el gobierno y Katoen Natie, que están en todo derecho de hacerlo y no lo cuestionamos, puede no haber considerado todas las variables necesarias y se apresuraron en implementar algo que no es la solución para lo que requiere el puerto.

Si la cosa no está bien armada, es obvio que va a hacer ruido en los actores. Y ese es el ruido que aparece: en las navieras, exportadores, sindicatos, de nosotros, y van a aparecer más afectados. La gente va a leer y se va a dar cuenta, y mañana cuando esto esté más internalizado y se vean todos los problemas que van a ir surgiendo, se va a generar una problemática mayor y se generará un desorden en la agenda de todos los actores políticos. Eso es a lo que han llevado declaraciones como la de la ilegalidad u otras descalificaciones que no corresponden.

Nosotros estamos muy dispuestos a conversar, a establecer canales y queremos seguir en esa ruta, pero también tenemos que tomar consciencia del deadline (límite de tiempo), porque el decreto dice que en febrero se acaba la cosa; incluso hay interpretaciones de que puede ser antes. Entonces, nosotros tenemos que defendernos, y para eso la ruta legal ya la estamos tomando.

¿Qué pasos están dando en ese sentido?

Enviamos una queja administrativa la semana pasada. Estamos viendo todas las herramientas que nos da la legislación uruguaya, la chilena y la canadiense para defender los derechos.

¿Qué implica que hayan enviado una queja administrativa?

Básicamente enviamos nuestros argumentos legales de por qué esto no corresponde. Esa es una ruta. Hay otras rutas administrativas y legales. Nosotros las analizamos todas y esta es la primera que teníamos que considerar, por los tiempos legales. Hay otras rutas necesarias, vinculadas a los tratados de protección de inversiones que se han firmado Uruguay y Chile, y Uruguay y Canadá. Cuando invitamos hace un tiempo a ATCO a unirse a Neltume Ports, que es una empresa canadiense con base en Alberta, nos dimos cuenta que Montecon puede ser hoy la inversión canadiense más grande que hay en Uruguay. Así de importante es para el país. Estamos haciendo todas esas gestiones, en bajo perfil, con mucho respeto, pero tenemos que ser firmes en defender nuestras convicciones.

¿Están analizando denunciar el incumplimiento de esos tratados internacionales?

Esos tratados son un marco legal para que canadienses y chilenos puedan invertir, y Uruguay les tiene que asegurar igualdad. En base a esa normativa, nosotros tenemos que formular un caso para presentar nuestra objeción a lo que se está realizando.

¿Ya han contactado a las embajadas de Chile y Canadá por este tema?

Sí. Las embajadoras nos están ayudando activamente, estableciendo los canales, buscando información. Los canales diplomáticos los tenemos activados hace bastante tiempo.

Katoen Natie emitió un comunicado de prensa el martes en el que sostiene que Montecon «tergiversa la información», ha cometido varias irregularidades que deberían ser investigadas a fondo, entre ellas la licitación del año 2008 cuando la empresa «fue descalificada por la grave irregularidad de presentar dos ofertas». ¿Qué responde a esas acusaciones?

Esto va de nuevo a lo de la ilegalidad. Es como decir que llevamos 20 años presentándonos todos los días en el puerto, operando contenedores y haciendo crecer el comercio internacional de manera ilegal, en base a contratos que tenemos con la autoridad, por los que ya hemos pagado más de US$ 100 millones a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por arriendo y distintos cobros. Hemos invertido U$S 90 millones en infraestructuras. Nadie nos va a prestar plata para invertir si tenemos una sociedad ilegal. Así no funcionan los mercados.

Todo esto es super transparente. El argumento de la ilegalidad es difícil de entender. Por favor, investiguen y hagan todo lo que tengan que hacer. Hay una ley de puertos, otra de concesión de la TCP y distintas resoluciones que ratifican la existencia del régimen de almacenamiento de contenedores en el área pública. Ningún gobierno en 20 años nos ha venido con cuestionamientos de que estamos de manera ilegal, hasta este decreto.

¿Es cierto que Montecon se presentó a una licitación en 2008 y la empresa «fue descalificada por la grave irregularidad de presentar dos ofertas»?

No, esa licitación a la que ellos aluden quedó desierta. El proyecto se cayó porque el proyecto no era viable, pero eso que ellos indican no es así.

Que la licitación fue desierta es sabido, pero la acusación concreta es que Montecon presentó dos ofertas. ¿Eso fue así?

Lo que pasa que como han salido con tantas acusaciones tenemos que ponernos al día por todas las acusaciones que se hacen. La verdad que yo no tengo registro de eso.

¿Cómo valora la respuesta del sistema político uruguayo en este tema?

Vemos que hay preocupación. Nos llama la atención que el Partido Colorado pida que se blinde el decreto con una ley. En algún minuto se habló brevemente que el decreto era super sólido. También vemos que los partidos de oposición están pidiendo antecedentes (el senador Charles Carrera presentó tres pedidos de informes). Hay inquietud y eso habla muy bien, porque un sistema democrático como el uruguayo, con toda la tradición que tiene, se destaca porque estas cosas se discuten.

El abogado de Montecon, Gonzalo Lorenzo, aseguró que los decretos violan la Constitución de la República porque para instalar un monopolio se necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea General. ¿Piensan presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto?

Esa acción todavía no la tenemos determinada. Creemos que la vía que viene ahora es un reclamo a los organismos competentes de libre competencia. Esa es una acción que nos permite hacer una argumentación más técnica sobre la necesidad de tener mayor competencia y no generar un monopolio. No descartaría ninguna alternativa, pero creemos que esa esa la vía, y los caminos internacionales.

Por Nicolás Delgado





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