En conferencia de prensa, junto al secretario y prosecretario
de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, el presidente de la República,
Yamandú Orsi, anunció el pasado miércoles 22 de octubre a las 19:30 que su gobierno
rescindiría el contrato con el astillero español Cardama por incumplimiento de
un contrato acordado el 15 de diciembre de 2023, cuando Luis Lacalle Pou aún
era mandatario, por US$ 92 millones.
En aquel entonces, la empresa había anunciado su acuerdo con
el Estado uruguayo como “un importante contrato para la construcción de
patrulleras de altura tipo OPV (Offshore Patrol Vessel)”.
El astillero también había precisado que las dimensiones
principales de los buques serían de 86.75 metros de eslora y 12.2 metros de
manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría
para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país.”
Ese día del 2023, el contrato fue firmado por el ministro de
Defensa, Javier García, y el presidente de Astilleros Cardama, Mario
Cardama, en el marco de una reunión en la que también estuvieron eel
embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín, el
subsecretario Rivera Elgue, el comandante de la Armada Nacional,
almirante Jorge Wilson, el director general del ministerio, Fabián
Martínez, el director de Recursos Financieros del ministerio Damián Galó,
José Delpiazzo, director del estudio jurídico que trabajó en la
elaboración del contrato y contralmirantes de la Armada Nacional.
Pero, ¿cuál es la historia del astillero español que generó
controversia entre la nueva administración de Orsi y la de Lacalle Pou? Cardama
Shipyard se presenta como una heredera de una “larga experiencia en la
construcción y reparación de buques proveniente del bagaje histórico de la
zona donde se encuentra ubicada [Pontevedra]”.
El astillero fue fundado en el año 1916 por Francisco
Cardama Godoy. Cuando comenzó, la empresa se dedicó a la construcción y
reparación de buques de madera y fabricación de pinturas. En la
década de los años 60 se transformó “para poder varar y reparar buques de
acero, fundamentalmente de pesca”.
En el presente, el astillero dice haberse consolidado “como
uno de los constructores de buques más prolíficos de España” y destaca su
experiencia en proyectos de “ámbito internacional”.
Cardama sostiene que entregó buques en países como Angola,
Irak, Marruecos, Islandia, Reino Unido, Argelia,
Benín, Ecuador y Venezuela, entre otros. Esta proyección
internacional, dice la empresa, los “sitúa en una posición preferencial para
poder competir con los más grandes astilleros a nivel mundial, ayudando a
colocar a la empresa y al sector naval español en una envidiable posición de
gran reconocimiento internacional dentro del mercado de la construcción naval”.
Cardama, dueño del astillero, reaccionó a la decisión del
gobierno de Orsi, aseguró que la empresa no ha incumplido el contrato firmado
con el Estado uruguayo para la construcción de las dos patrullas oceánicas y que nunca fue
notificado oficialmente de ninguna irregularidad.
En entrevista con Informativo Carve, el
empresario sostuvo que las garantías fueron “analizadas y aceptadas por
los estamentos del gobierno uruguayo: sus asesores jurídicos y bancarios”.
“Nosotros no somos responsables si alguna de estas cosas
después es distinta”, afirmó.
El empresario relató que se reunió con la ministra de
Defensa, Sandra Lazo, el 10 de octubre, y que en ese encuentro “no se
hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”. “Mi
sorpresa fue cuando ayer por la noche me entero de que hay una rueda
de prensa en la que se comunica que se va a ejecutar nuestro contrato
por incumplimientos”, señaló.
Cardama también respondió a las declaraciones del
prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien afirmó que la
institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, no existía en la dirección
declarada y que el director era un ciudadano ruso.
“Yo esta mañana me he puesto en comunicación con
el Eurocommerce Bank y me comunicaron que se había cambiado la
dirección, que me la iban a comunicar por escrito. Creo que no le hubiera
costado nada escribir un correo a Cardama y decir: ‘Señores, hemos estado en
esta dirección, y el banco no está allí’”, aseguró.
El empresario confirmó que la construcción del
primer barco “está avanzada en un 60%” y que “el 90% de los materiales
del primero y del segundo ya están pedidos o confirmados”. “Tengo 500
trabajadores; eso no lo voy a parar de forma inmediata. Voy a
esperar unos días porque voy a solicitar una reunión con el presidente
Orsi para intentar aclarar el tema”, comentó.
Consultado sobre el estado actual de la garantía,
Cardama insistió: “Para mí, sí está vigente. He presentado la
renovación; está vigente y he pagado la renovación. Hasta la fecha de hoy, no
he incumplido el contrato que yo sepa. Nadie me ha comunicado que he
incumplido el contrato”, reiteró.
Cardama señaló que su intención es continuar con el proyecto
y buscar una solución: “Lo lógico es que me reúna con el presidente para tratar
de aclarar los problemas que hay, y seguir con el contrato. Si no
quieren seguir, se tomarán las decisiones que tengan que tomarse”.
Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”. Uruguay pagó unos US$ 30 millones al astillero español.
