¿Quién financia la operación enchastre contra Orsi?

Naturalmente, esta bien planificada estrategia –conocida internacionalmente como la táctica esmerilada– comenzó con una revelación de la militante blanca Romina Papasso en redes sociales, quien fue protagonista de desórdenes durante la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y en el acto de lanzamiento de campaña de Carolina Cosse.

Pocos días después, una mujer trans, al igual que Papasso, radicó una denuncia policial contra Orsi en una seccional de Canelones, sugestivamente en horas de la madrugada, la cual fue naturalmente derivada a Fiscalía. Realmente, el relato de la presunta víctima no se sostiene, ya que afirma haber sido agredida hace casi diez años por Yamandú Orsi, luego de un presunto acto sexual fallido.

Según su testimonio, que deja muchas dudas y ninguna certeza, Orsi la habría invitado a ascender a un automóvil con vidrios polarizados. En ese contexto, la denunciante alegó que el hombre no le habría querido pagar y le propinó un cabezazo que le provocó lesiones y le rompió una prótesis de nariz. Empero, lo más insólito es que recién reconoció al político como su agresor cuando éste adquirió mayor visibilidad, casi una década después.

Esta versión es indigerible, ya que Yamandú Orsi hace 20 años que es una figura pública de primer nivel en Canelones, porque durante las dos administraciones del médico Marcos Carámbula fue secretario general de la comuna, que es el segundo cargo en importancia en el Gobierno departamental. Además, al ser el primer suplente del intendente, cuando éste estaba de licencia era la máxima autoridad municipal. Por ende, ese pretexto se cae por su propio peso, teniendo en cuenta que en el interior del país existe una gran proximidad entre los gobernantes y los gobernados.

La segunda incongruencia, para nada menor, es que el supuesto damnificado no denunció el hecho cuando éste presuntamente se produjo, pese a que la eventual agresión le habría provocado lesiones de entidad. En efecto, aunque desconociera la identidad del agresor, la denuncia igualmente era insoslayable. ¿Cómo explicará su omisión ante la Justicia, teniendo en cuenta que corría el plazo de prescripción –que en este caso es de apenas seis meses– de un delito cuya certeza está en tela de juicio?

Incluso, la tercera inconsistencia es que esta persona –que claramente está mintiendo– haya formulado su denuncia en plena campaña electoral, contra el candidato teóricamente favorito para ganar la interna de su partido y el político que recoge las mayores simpatías del electorado en todas las encuestas.

Estas tres cruciales preguntas deberán ser respondidas por la denunciante ante la fiscal actuante y ante el abogado de la defensa, que, en su calidad de patrocinante, tiene derecho a interrogarla e incluso a realizar su propia investigación.

Además, qué pruebas aportará para sustentar sus dichos, ya que un proceso penal se nutre de testimonios y también de evidencias. Empero, como se trata de una maniobra bien orquestada, el acusado debería estar preparado para cualquier contingencia.

Los autores de este enchastre judicial y mediático utilizan lo que en la ciencia política comunicacional se conoce como lawfare (guerra legal en inglés), que consiste en atacar a un político en el terreno penal y también en el simbólico, horadando su imagen y su prestigio.

Un detalle nada menor es que la que comenzó esta campaña es una activa militante del Partido Nacional que, antes de consumar su denuncia a través de las redes sociales, anunció su regreso al ruedo y advirtió que el Frente Amplio se preparara para lo peor.

Esta persona es militante orgánica de la colectividad desde su adolescencia, pese a que esta fuerza política siempre rechazó a las personas trans. Incluso, el exprecandidato presidencial y diputado suplente Carlos Iafigliola, que es un fanático religioso, impulsó una consulta popular tendiente a derogar la norma, que felizmente fracasó.

Sin embargo, Papasso siempre se definió como blanca, milita activamente en el partido –concretamente en la lista 404– y hasta tiene su propia agrupación. Su tirria y odio por la izquierda es de siempre y se ha materializado en profusas pintadas en los muros de Montevideo y en su participación en desórdenes.

En enero de 2023, cuando el flamante presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó de un acto en la Intendencia de Montevideo, realizó pintadas en las cuales calificó al visitante como “delincuente” y salivó a un funcionario municipal. En ese contexto, fue condenada a siete meses en libertad a prueba, por el delito de “atentado especialmente agravado”. Por ende, aunque el Partido Nacional intente deslindar responsabilidad respecto a este operativo, deberá demostrarlo repudiando el involucramiento de su militante y afiliada e incluso expulsarla. El que calla otorga.

La otra coincidencia, que es causal, es que el caso judicial recayó en la sede de la fiscal Sandra Fleitas, una magistrada muy cuestionada por su proceder, enfrentada al exfiscal de Corte Jorge Díaz, que coincidente fungirá como defensor de Orsi y, según el testimonio del presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, votante del partido de gobierno.

La defensa del acusado tiene todo el derecho a recusar a la magistrada, según lo que establece el artículo 56 del Código Penal, ya que ésta configura por lo menos una causal que prevé este recurso: está notoriamente enemistada con el abogado del denunciado.

Como las casualidades no existen, las coincidencias son demasiado alevosas para que no despierten fundadas sospechas de que se trata de un operativo muy bien planeado para destruir la figura pública de Yamandú Orsi.

El equipo de expertos del Frente Amplio afirma que hay mucho dinero detrás de esta maniobra, que financia más de mil cuentas de Twitter internacionales sin seguidores, que están radicadas en México, lo cual es perfectamente verificable. En caso de probarse esa hipótesis, habría que determinar a nombre de quién o quiénes fue depositado el dinero y quién o quiénes lo depositaron.

Empero, la expectativa, como sucede en estas operaciones de judicialización de la política para incidir en las decisiones del electorado, es que puedan aflorar otras denuncias, que deben ser abortadas.

Como es muy improbable que prospere la acusación en el terreno judicial, seguramente el propósito de sus autores es desgastar la popularidad del precandidato Yamandú Orsi.

Evidentemente, el Partido Nacional está desesperado, porque tiene la convicción de que es muy factible que pierda las elecciones. En ese contexto, tira la piedra y esconde la mano, acorde con su reconocida falta de ética y lealtad institucional, que sí tuvo el Frente Amplio, asumiendo una postura de ponderación en el caso que involucra al pedófilo exsenador blanco Gustavo Penadés, del cual no fue ni arte ni parte.

Esta es una canallada por donde se le mire. Corroborando que no hay que pecar de ingenuo, más allá de silencios hipócritas, sin dudas, en Uruguay hay grieta.