El Senado desaparece. Podrá haber reelección presidencial inmediata. Se reconoce el estado plurinacional y plurilingüe del país, o sea, a los pueblos indígenas. La naturaleza y los animales tienen derechos. La Corte Suprema seguirá contando con 21 miembros pero la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

También se abre la puerta a la legalización del aborto. Se consagra el derecho a la muerte digna. Y la perspectiva y equidad de género se impone en todos los capítulos.

Estos son algunos de los aspectos más innovadores que contiene el borrador de la nueva Constitución de Chile que ya han redactado los 154 convencionales que fueron electos a través del voto popular en mayo del año pasado y que dos meses después comenzaron sus trabajos de manera formal.

Hasta este martes, la propuesta de Carta Magna ya cuenta con 290 artículos, pero todavía faltan decenas (¿cientos?) de apartados vinculados a los recursos naturales, derechos sociales y temas políticos, entre otros.

Es un récord, tomando en cuenta que la Constitución actual, que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, tiene solo 129 artículos.

El proceso en el que está sumergido Chile tiene una importancia histórica que impacta al resto del mundo. Ningún otro país, por ejemplo, había redactado una Constitución a través de un órgano con plena equidad de género, ya que la mitad de los convencionales son mujeres. Además, representantes de las diversidades sexuales y de los pueblos indígenas tienen un protagonismo inédito en el país.

Por otra parte, la Convención ha debatido e incorporado temas que todavía no están en ninguna otra Constitución debido a que son contemporáneos, en particular con respecto a los derechos ambientales y de género, y que forman parte de la agenda de reclamos surgidos a partir del estallido social que comenzó en 2019 y que obligó al entonces presidente Sebastián Piñera a realizar un plebiscito para saber si la sociedad chilena quería una nueva Carta Magna.

La inmensa mayoría dijo que sí. Y ya falta poco para que el borrador quede listo.

Definiciones

El trabajo de la Convención Constituyente ha estado envuelto en la polémica desde el principio, debido a que los sectores tradicionales de centroderecha y centroizquierda denuncian que sus propuestas no son tomadas en cuenta y que la Constitución está siendo copada por convencionales afines al progresismo y que, por lo tanto, no representará a toda la sociedad chilena.

A pesar de reclamos permanentes y escándalos esporádicos, el trabajo no se ha detenido y ahora sigue a marchas forzadas, ya que el valioso documento debe estar terminado a más tardar a principios de julio. Después se convocará al plebiscito que se realizará el 4 de septiembre para que la ciudadanía diga si está de acuerdo con el borrador.

Si la mayoría lo apoya, entonces el presidente Gabriel Boric promulgará la Constitución. Pero si lo rechazan, seguirá vigente la Carta Magna pinochetista, lo que representaría un golpe político a una administración emanada de las protestas de 2019. Por eso el propio mandatario ha insistido en la importancia de ser lo más incluyentes posibles, tal y como lo ratificó este martes la ministra Secretaria General del Gobierno, Camila Vallejos.

Una de las primeras controversias, por ejemplo, versó alrededor de la decisión de la Convención de eliminar al Senado. El borrador establece que el Poder Legislativo estará integrado por el Congreso de Diputadas y Diputados (así, con el uso del lenguaje inclusivo para referirse a ambos géneros) y una Cámara de las Regiones que sustituirá a la de Senadores y que quedó definida como «un órgano deliberativo, paritario y plurinacional».

En el caso del Poder Ejecutivo, permite la reelección presidencial consecutiva, algo que hasta ahora está prohibido ya que las y los mandatarios solo pueden volver a postularse al cargo de manera alternada, si dejan pasar un periodo de Gobierno después de haber terminado su primera presidencia.

Otro tema que ha generado un álgido debate tiene que ver con el reconocimiento e inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, que han sido tradicionalmente marginados.

El borrador establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional (es decir, que en él conviven varias naciones indígenas), intercultural y ecológico. En otro artículo, también reconoce que es plurilingüe, lo que implica que por primera vez se asume formalmente que el castellano no es el único idioma del país.

Además, reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, «los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia», aunque aclara que la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre ambos.

Más derechos

«Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción», señala el Artículo 16, que también ha sido impugnado porque sienta las bases para la legalización del aborto, que por ahora solo se permite por tres causales: si la vida de la madre está en peligro, si el feto es inviable o si el embarazo es producto de una violación.

El carácter innovador del lenguaje aplicado al proyecto constitucional queda claro también cuando, en este mismo artículo, señala que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando «a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar» las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. De esta forma incluye a las personas trans, no binarias y otras diversidades sexuales.

En el Capítulo 5, referido al medio ambiente y la crisis climática, se reconoce que la Naturaleza (escrita en mayúscula) tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Todo ello deberá garantizarlo el Estado.

La nueva Constitución de Chile incluye el derecho a una muerte digna (y otros cambios que introducirá el texto)

«Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire«, señala al retomar los reclamos para evitar o terminar con la privatización del agua en particular.

Con respecto a los animales, los considera sujetos de especial protección, por lo que el Estado los cuidará reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato, además de que promoverá «una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales».

El último Artículo incorporado hasta ahora es el 290, que señala que todas las personas tienen derecho a una muerte digna. «El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social», acota.

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