Relatores de la ONU cuestionan proyecto de prisión domiciliaria en Uruguay
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Tres expertos de Naciones Unidas han remitido una misiva al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que debaten la norma que se tramita en la Asamblea uruguaya.
Tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay manifestando su preocupación sobre la redacción del proyecto de ley de prisión domiciliaria, aprobado en diciembre en el Senado y que actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes.
En la misiva advierten de que algunos elementos contenidos en el proyecto «podrían beneficiar a aquellos individuos condenados por graves violaciones de los derechos humanos«, según el contenido al que ha tenido acceso La Diaria.
Así, señalan que según su actual redacción se podría permitir la sustitución de la privación de libertad por el régimen de prisión domiciliaria «de manera indefinida hasta la culminación de la pena» y que los procedimientos que recoge excluyen a las víctimas «de tomar la palabra en situaciones que podrían afectarles».
Así mismo, la misiva advierte de «la inclusión de términos vagos y ambiguos«, entre los que señala: «graves problemas de salud», «condiciones biopsicosociales» o «circunstancias familiares o especiales». Se advierte que podrían «promover la impunidad» en casos de «condenados por graves violaciones de los derechos humanos», entre los que se incluye la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la violencia sexual, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales o la desaparición forzada.
Los firmantes de la carta son Aua Baldé, presidenta del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
La cancillería le resta importancia
El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, respondió por medio de otra carta, a la que tuvo acceso el mismo diario. Paganini afirmó que el proyecto legislativo sufrió «importantes modificaciones» durante su tramitación parlamentaria con respecto al proyecto inicial presentado por la formación Cabildo Abierto (CA).
El canciller sostuvo «el fuerte compromiso de Uruguay con la defensa del sistema universal de protección de derechos humanos» y que se habían tenido en cuenta «las consideraciones planteadas por los distintos grupos y especialistas».
Las claves del proyecto
El proyecto de ley aprobado por el Senado el pasado diciembre contempla la prisión domiciliaria para los reclusos mayores de 65 años, rebajando los 70 de la actual norma. Se rechazó la propuesta inicial de que esta medida se otorgara de oficio y sin trámites y se sustituyó ciertas condiciones.
Así, entre los requisitos se encuentra que el reo tenga 65 o más años, que no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito imputado o que padezca graves problemas de salud o una enfermedad incurable en período terminal.
Además, el texto añadió otros supuestos, así como el de mujeres embarazadas con riesgo de salud o madres a cargo de un niño mayor de cinco años con problemas de salud o que no tenga a nadie que se haga cargo de él.
En el caso de los mayores de 65 años, se establece que además de la edad deberá evaluarse su «condición biopsicosocial».
En la actualidad el proyecto se estudia en la Comisión de Constitución de Diputados, después de que ingresara el 20 de diciembre de 2023. Desde entonces no ha sido tratado.
¿Proyecto a medida de los represores de la dictadura?
Desde la presentación en el Parlamento de la versión original en agosto de 2021 el proyecto ha estado envuelto en polémica. Principalmente se denunciaba que se trataba de un traje a medida para el medio centenar de represores de la dictadura condenados.
Muchos de ellos se encuentran cumpliendo su pena en la Unidad de Internación nº 8, como se llama técnicamente la cárcel conocida como Domingo Arena, que toma su nombre de la calle en la que se ubica, y que se construyó en 2006 para albergar a los militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad.
Los detractores del proyecto de ley piden que se incluya expresamente que no podrán acceder al beneficio quienes esté imputados en un proceso vinculado al terrorismo de Estado o quienes estén encausados por violaciones de derechos humanos.
A mediados del año pasado, en el sistema penitenciario uruguayo había 90 personas de entre 65 y 69 años y 95 personas de 70 años o más.
La excepción de Domingo Arena
En la Domingo Arena ningún preso tiene menos de 70 años. Allí se encuentran 24 de los 50 militares o policías procesados o condenados por crímenes cometidos durante la dictadura, según recogía en abril del año pasado El Observador. Otros 24 estaban ya en prisión domiciliaria, otro a la espera de sentencia en su domicilio y el último quedó en libertad tras cumplir su pena.
En 2016, cuando se cumplieron 10 años de la inauguración de este penal, El País lo definía como «un residencial de ancianos cercado con alambre de púas» con todas las comodidades. Sus celdas no tienen llaves ni horarios para apagar la luz y gozan de todas las comodidades.
La mayoría de los represores de la dictadura no fueron imputados por delitos de violación, homicidio agravado o crímenes de lesa humanidad, sino por homicidio, tortura y secuestro, delitos que podrían quedar incluidos en la ley para beneficiarse de la prisión domiciliaria.
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