La oficina del fiscal
de un condado de Texas fronterizo con México anunció este domingo que decidió
retirar los cargos contra Lizelle Herrera, una mujer hispana acusada de
asesinato por un presunto aborto «autoinducido».

En un comunicado, el
fiscal del distrito que tiene jurisprudencia sobre el condado texano de Starr,
en el valle del Río Grande, dijo que este lunes presentará una moción que
«desestimará la acusación» contra Herrera, cuyo caso había
conmocionado a numerosas organizaciones.

«Tras revisar la
ley aplicable en Texas, está claro que la señorita Herrera no puede y no debe
ser procesada por la acusación presentada en su contra», escribió el
citado fiscal, Gocha Allen Ramírez.

Herrera, de 26 años,
fue detenida el pasado jueves bajo una fianza de medio millón de dólares y
acusada de «asesinato» por haber supuestamente «causado la
muerte de una persona mediante el aborto autoinducido», según aseguró el
viernes la oficina del alguacil de ese condado.

Este sábado, tras una
fuerte presión de los grupos que defienden los derechos reproductivos en el
valle del Río Grande, Herrera fue liberada bajo fianza y consiguió
representación legal.

Su caso generó alarma
entre las activistas que apoyan el acceso legal al aborto debido a la gravedad
del cargo presentado en su contra y porque no estaba claro qué ley podía
justificar esa acusación, incluso en un contexto tan restrictivo como el
texano.

En Texas rige desde
septiembre un veto casi total al aborto que prohíbe esa práctica en cuanto se
detecte actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación,
cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

Sin embargo, no es la
persona embarazada quien puede ser procesada en función de esa ley, sino los
médicos u otras personas que la ayuden a abortar —y nunca por la vía penal,
sino por la civil—, por lo que esa legislación no justificaba la acusación contra
Herrera.

El fiscal Allen
Ramírez subrayó este domingo que Herrera «no cometió un acto criminal bajo
las leyes del estado de Texas», en un intento de evitar que su caso
atemorice a otras personas que puedan atravesar circunstancias similares.

Según Frontera Fund,
una organización que apoya el acceso al aborto en el valle del Río Grande,
Herrera fue arrestada después de acudir al hospital por un «aborto
espontáneo» y dar «algo de información al personal del hospital, que
la denunció a la Policía».

El fiscal dijo que la
oficina del alguacil hizo lo correcto al «investigar» el caso, pero
que en ningún momento debió emitir una acusación por la vía penal y que lo
ocurrido «ha pasado factura» a Herrera y a su familia.

La medicación para
abortar puede provocar síntomas similares a los de un aborto espontáneo, y
aunque según datos oficiales el riesgo de complicaciones es menor al 1 % de los
casos, se aconseja consumirla siguiendo las indicaciones de expertos.

No obstante, el veto
en Texas ha provocado que muchas mujeres busquen medicación para abortar sin
ayuda médica; o bien que, si tienen los recursos y papeles para hacerlo,
recorran grandes distancias para llegar a estados en donde la interrupción del
embarazo sí es legal.

En los próximos meses,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá sobre un caso relacionado con el
aborto y todo apunta a que la mayoría conservadora de la corte cambiará su
jurisprudencia al respecto, que actualmente garantiza el derecho al aborto
hasta alrededor de las 24 semanas de gestación.

Si eso ocurre, se
espera que 26 estados conservadores prohíban o restrinjan aún más la
interrupción voluntaria del embarazo.

Con base en EFE





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